Agencia AJN.- Al inaugurar el monumento en homenaje al fiscal Alberto Nisman en el bosque Ben Shemen, a 40 kilómetros de Jerusalén, el 18 de enero último, Agustín Zbar, presidente de AMIA , dijo con razón que, «en tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia». No le faltaba razón. Nisman murió a los cuatro días de denunciar a Cristina Kirchner por encubrir a quienes en ese entonces fueron miembros del gobierno y a dirigentes iraníes sobre los que pesaban órdenes de captura internacional decididas por la Justicia argentina, materializadas en las alertas rojas registradas por Interpol.

En aquel reciente discurso, Zbar reconocía que la Justicia argentina había determinado responsabilidades de altos funcionarios de Irán en el planeamiento, la financiación y la ejecución del ataque contra la AMIA , cuyo saldo fueron 85 muertos. A fines de 2006, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró que el delito investigado constituía un crimen de lesa humanidad y dispuso la captura nacional e internacional de funcionarios iraníes. La Asamblea General de Interpol ordenó la inscripción de sus pedidos de captura en carácter de notificación roja, en 2007. Cristina Kirchner , Carlos Zannini , Luis D’Elia , Fernando Esteche y Jorge Khalil fueron procesados por encubrimiento y esperan la realización del juicio oral.

Pocos días antes, la comisión directiva de la AMIA, que Zbar presidía, resolvió solicitar a la DAIA que desistiera de la querella contra Cristina Kirchner, argumentando que era la sociedad argentina la que debía realizar una revisión histórica de todo lo vinculado al tratado con Irán. Es injustificable que, frente a la investigación de un delito de encubrimiento en una causa de lesa humanidad, se hable de revisión histórica en lugar de bregar porque la Justicia deslinde las responsabilidades criminales.

Claramente, la referida decisión de la AMIA va en contra de lo proclamado por Zbar al pedir justicia en el homenaje a Nisman. Esa justicia no podrá ser una revisión histórica que el tiempo adjudicará. Se trata de la determinación de la inocencia o culpabilidad de las personas cuyo procesamiento ha pasado ya por el control de tres instancias judiciales. En particular, en la decisión de la Cámara Federal, de 2017, se determinó que Cristina Kirchner y las personas que participaron de los hechos que fueron calificados de delito de encubrimiento debían enfrentar un juicio oral, que todavía esperamos.

En aquella decisión, la Cámara explicó que el nudo de la cuestión no era el tratado con Irán, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Justicia. Sí lo era el hecho investigado, esto es, la maniobra mediante la cual los procesados habían desarrollado un plan criminal que permitiera que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de volar la AMIA pudieran sustraerse de la Justicia.

Suele sostenerse que el tratado con Irán no tuvo ningún efecto, lo cual es una vil mentira. Antes de que el Congreso aprobara el cuestionado tratado, en febrero de 2013, el canciller Timerman y su par iraní enviaron una comunicación a Interpol diciendo que habían llegado a un acuerdo. La decisión de la Cámara Federal lo explica muy bien. El tratado con Irán tenía una doble vigencia. Permitía que una vez firmado por los cancilleres fuera remitido al secretario general de Interpol, con sus consiguientes efectos. En febrero de 2013 la oficina de Interpol en Teherán recibió la nota firmada dando cuenta del tratado.

La etapa de instrucción de la causa iniciada por Nisman recolectó la suficiente prueba como para que se definiera la apertura del juicio oral. Que la DAIA participe o no en la causa como querellante no impide que este se lleve adelante. Puede considerarse entonces que el pedido de la AMIA fue una medida política posiblemente inspirada en alguna lealtad hacia Cristina Kirchner.

La DAIA anunció que no tenía previsto desistir de la querella. Zbar dio explicaciones que solamente aportaron confusión y ambigüedad. El domingo decidió pedir simultáneamente perdón y licencia. Y un día después la AMIA volvió sobre sus pasos. En un comunicado sostuvo que «en su carta enviada a la DAIA no pidió, ni insinuó bajo ningún punto de vista, abandonar la investigación en curso por la firma del memorándum, ni trató de desligar responsabilidades de la expresidenta (…). Solo se solicitó que se continuase con la investigación de la causa, que ya fue elevada a juicio oral, sin el rol de querellante de la DAIA, para que sean los poderes del Estado, y no las instituciones comunitarias, quienes asuman el compromiso por continuar el proceso”.

La intervención del Poder Judicial mediante un juicio oral y público o un juicio en ausencia en el que se tome una decisión sobre la base de las pruebas es el mejor homenaje a Nisman y a las 85 personas asesinadas en la AMIA.

Recuperar la institucionalidad exige el esclarecimiento de hechos aberrantes que claman por una decisión judicial que determine para qué y por qué se firmó el tratado con Irán, una de cuyas víctimas fue Nisman.
Fuente Editorial del diario La Nación