AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- La ex consejera legal de la Cancillería argentina Susana Ruiz Cerutti sostuvo ayer, jueves, que no participó en la elaboración del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán y que siempre siguió órdenes del entonces titular de esa cartera, Héctor Timerman, al ser indagada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadio, imputada de encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los acusados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, impedimento o estorbo del acto funcional a través de ese pacto e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, tras la denuncia que efectuara el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque terrorista, Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento, el 18 de enero de 2015.

Durante más de tres horas, la diplomática jubilada aseguró que si bien asistió a dos reuniones con iraníes en Ginebra (Suiza), en septiembre y octubre de 2012, junto con la imputada y ex procuradora general del Tesoro Angelina Abbona, éstas “no fueron muy útiles” porque sus interlocutores insistían con que no podía extraditar a compatriotas y la Argentina no podía juzgarlos en ausencia.

Su indagatoria había sido reclamada por el fiscal anterior de la causa, Gerardo Pollicita, porque omitió comunicarlo a la Cancillería, pero había sido excluida de la primera tanda, que finalizó el jueves de la semana pasada, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Asimismo y aunque algunos la sindican como la autora del texto, Ruiz Cerutti aseguró que “no conocía” la existencia de un pacto en ciernes hasta que se hizo público el 27 de enero de 2013 y que acompañó a Timerman a defenderlo en el debate realizado en el Congreso en febrero porque éste se lo había ordenado.

Por otra parte, trascendió que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Nº 3, Daniel Rafecas, habría ratificado por escrito que el sábado 26 de marzo de 2011 se manifestó “convencido de que desde la Embajada de Irán se financia con mucho dinero a muchas agrupaciones, y (el imputado ex dirigente kirchnerista Luis) D’Elía no es ajeno a ello”.

No podía hacer otra cosa, ya que el miércoles la Agencia AJN había presentado el audio de sus dichos en el salón Dorado de la sede de Pilar de la Sociedad Hebraica Argentina, en una mesa-redonda sobre el antisemitismo en la última dictadura militar que también contó con la presencia de la sobreviviente de la Shoá y Madre de Plaza de Mayo Sara Rus.

“Hace un par de años me tocó atender una denuncia penal por unos desmanes y actos realizados por una organización social medio desconocida, creo que frente a la Embajada de Israel”, contó el magistrado en esa ocasión.

“Se había identificado a por lo menos una docena de personas y me puse a investigar a fondo quiénes eran”, para lo cual los “hice venir a todos a declarar al juzgado”, prosiguió.

En las indagatorias, el juez advirtió que “era gente que vivía en el segundo cordón de la Provincia de Buenos Aires, apenas podía leer y escribir, no tenía la menor idea de dónde está ‘Palestina’ ni qué pasaba con Israel, y en su vida había visto una estrella de David”.

Algunos de los imputados declararon haber sido llevados allí “por un abogado o un militante” y “todo indicaba que había sido por dinero”, precisó Rafecas, quien puntualizó que al menos en una oportunidad hubo “en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde trabajo, personas repartiendo” plata a otras para “insultar al Estado de Israel y solidarizarse con ‘Palestina’”.

“Seguramente, a cambio de dinero este señor (por D’Elía) empieza a hablar en contra sin tener mucha idea, ni tampoco calibrar la marginación política que sufrió, a partir de ese gesto, de buena parte de la clase política”, agregó, en referencia a su participación en manifestaciones antiisraelíes.

En respuesta a una solicitud de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado y querellantes, Bonadio le pidió a Rafecas que indique cómo tuvo conocimiento de esa circunstancia, cuáles son esas “agrupaciones” y si D’Elía o la suya fueron beneficiados por esa legación diplomática, todo lo cual responderá en estos días por escrito, una facultad que le otorga el Código Procesal Penal de la Nación a los altos funcionarios en ejercicio.

La citación como testigo es una verdadera paradoja, ya que precisamente este juez fue el que rechazó el escrito de Nisman y ordenó archivar la causa, que así permaneció casi dos años, hasta que a fines del año pasado la Cámara de Casación Penal, a instancias de la DAIA, ordenó abrirla y lo apartó de la misma.

Claro que Bonadio no lo llamó por su polémica actuación en este expediente, que le valió un pedido de juicio político por mal desempeño.

Finalmente, también ayer, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó tres recursos de queja presentados por la defensa de Timerman sobre la recusación del juez, la acumulación de ese expediente con el de traición a la patria y la convocatoria de testigos.

Martín Irurzun y Eduardo Farah les contestaron en una sola foja a Graciana Peñafort y Alejandro Rú que “lo sustancial de sus motivos ya fue materia de tratamiento y rechazo por ambas Salas de esta Cámara, en el marco de los dos expedientes a la fecha acumulados”, en el primer caso, y que la “acumulación de causas entre jueces de idéntica competencia y jurisdicción no causa agravio y, por ende, no resulta susceptible de apelación”, además del hecho que “no se demostró afectación a garantías constitucionales o bien a la eficacia de la investigación” y “tampoco se advierten argumentos conducentes” a que Bonadío decline su competencia para intervenir en beneficio del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el atentado.

Y respecto del “pedido de constancias de otras causas y producción de determinadas declaraciones testimoniales”, la ley estipula que “el juez posee discrecionalidad para decidir sobre la procedencia” y que ello es inapelable salvo casos de arbitrariedad que los camaristas descartaron.

En ese sentido, los jueces recordaron que el ex canciller Rafael Bielsa “ya declaró más de una vez en el proceso” y que Interpol pone trabas a la declaración de su ex secretario general, Ronald Noble, que la Justicia trata de zanjar, de modo de conseguir también el testimonio del ex director jurídico Joel Sollier.

La denuncia de Nisman fue unificada con otra por presunta traición a la patria y ambas quedaron en manos del fiscal Eduardo Taiano, pero previamente Pollicita se había referido a un “plan criminal” que tenía como objetivo “brindar ayuda para dotar de impunidad” a los iraníes, “de manera tal que pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina”.

A su juicio, “el accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Relaciones Exteriores Timerman”, con la “colaboración activa de distintos funcionarios públicos”.

En las 255 fojas del pedido de citación, que ratificaron que el atentado fue un crimen de lesa humanidad, Pollicita reiteró la iniciativa de Nisman de diferenciar la actuación argentina respecto de Irán en el gobierno de Kirchner y el de su esposa con la adoptada después de que ésta enviudó.

Una primera revelación fue que casi un mes antes de que Irán propusiese colaborar con el esclarecimiento del atentado, ya que alega ser totalmente inocente, se había llevado a cabo una reunión en Teherán (21-22/6/11) entre representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Plant Protection Organization local sobre exportación de maíz y soja argentinos y el compromiso iraní de avanzar hacia la apertura del mercado a cebada, arroz, trigo, ciruelas desecadas, peras, manzanas, etc.

El fiscal tuvo por probado que las tratativas comenzaron con una reunión en Aleppo, Siria, el 24 de enero de 2011, de Timerman con el presidente Bashar al-Assad y el entonces canciller iraní, Ali Akbar Salehi, porque los tres coincidieron en esa ciudad, por reportes de prensa como la denuncia de José Eliaschev y por las declaraciones testimoniales de los entonces embajador y cónsul en ese país, Roberto Ahuad y Carlos Pezzoni, y pública del propio Salehi.

Pollicita sostuvo que las negociaciones se mantuvieron en secreto hasta septiembre del año siguiente, cuando Fernández de Kirchner las “blanqueó” en la ONU, aunque ocultó que la iniciativa había sido argentina.

El fiscal le adjudicó mucha importancia a que todas las gestiones fueron realizadas de un modo contrario al habitual y de espaldas a la Justicia -varias de ellas, sin dejar constancia alguna siquiera en la propia Cancillería-, e incluso hay testigos que lo confirmaron.

Pero quienes sí estaban al tanto eran el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elia, responsables de la “diplomacia paralela” que continuaba las negociaciones cuando no había encuentros formales.

Los dos primeros se adjudican la autoría intelectual del memorándum con Irán, o al menos un boceto muy similar que habrían presentado seis años antes y que ni siquiera fue considerado por Kirchner, y se ocupaban de tratar de reemplazar a los iraníes por “fachos locales” con la ayuda del ex juez Héctor Yrimia, quien conoce la causa porque colaboró en sus inicios, cuando era fiscal.

Otra de las irregularidades subrayadas tiene que ver con el rol que les cupo a los ex procuradora general del Tesoro Angelina Abbona y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, quienes por su cargo no tendrían que haber participado en reuniones con iraníes y cuya presencia fue adjudicada a la confianza que en ellos tenía Fernández de Kirchner.

Este dictamen de Pollicita es bastante más sólido que el original de Nisman, ya que aporta pruebas de reuniones que no se conocían y confirma con documentación de visitas, cruces telefónicos y conversaciones que surgían de escuchas, como que D’Elia estaba en la Casa Rosada cuando decía que allí se encontraba y recibía instrucciones de funcionarios que podrían haber sido Zannini, el diputado Andrés Larroque (nexo entre políticos y “militantes”) y/o el ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli.

El fiscal hizo reiterado hincapié en que la maniobra se dio a espaldas de la Justicia, la comunidad judía y, sobre todo, las víctimas y sus familiares, y que incluso hubo directamente mentiras a los mismos.

Respecto del pacto en sí mismo, el acusador recalcó que se pretendió el levantamiento de las “notificaciones rojas” de captura de Interpol y la instalación de una nueva hipótesis en el marco de una “Comisión de la Verdad” que no tenía plazo alguno.

Sobre el primer punto, reveló que más allá de las mentiras de Timerman, éste remitió una carta conjunta con su par iraní para informar a la Policía Internacional que el diferendo lo resolverían entre los Estados, una forma velada de consentir la caducidad de esas alertas, que Interpol no dictó, pero sí consignó la existencia de ese acuerdo y así figura hasta el día de hoy porque Irán se niega a su remoción porque alega que para ella está vigente, pese a su inconstitucionalidad en la Argentina, cuyo Congreso todavía no lo había ratificado.

El fiscal señaló que la intención habría sido la renovación del comercio interestatal e intercambiar petróleo por carne y granos, pero para eso necesitaban “solucionar” el tema “AMIA”, y resaltó que el prófugo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní, daba instrucciones sin mostrarse preocupado.

Del supuesto espía Ramón Allan Bogado enfatizó su “estrecha vinculación con la agrupación oficialista La Cámpora y el entorno presidencial” kirchnerista.

En tanto, a fines de noviembre de 2013, los cancilleres se reunieron nuevamente en Zúrich, Suiza, y allí Timerman le habría entregado una propuesta para avanzar en la implementación del memorándum, pero no existe en la Cancillería registro de ese documento ni de respuesta alguna.

Todos los imputados mencionados fueron indagados entre el 17 y el 26 de octubre, además de los ex vicecancilleres Eduardo Zuain y Alberto D’Alotto, secretario privado del ministro José Mercado y consejero y ministro de Segunda de la Cancillería Luciano Tanto Clement.