AJN [Por Lic. Claudio Gustavo Goldman].- Tal como había advertido la Agencia AJN el 3 de enero [AMIA/Atentado. Riesgos que surgen del fallo que ordenó investigar denuncia de Nisman contra ex Presidenta], el flamante abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Rúa, solicitó al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Ariel Lijo, que anule la delegación en el responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Gerardo Pollicita, de la investigación de la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra ella y otros por tratar de encubrir a los iraníes imputados como autores ideológicos de ese ataque terrorista porque un superior suyo, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Javier De Luca, la desestimó en dos oportunidades por inexistencia de delito.

En esa oportunidad, el autor de estas líneas alertó que en el fallo que ordenó esta pesquisa, del 29 de diciembre de 2016, la presidenta de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa, vinculada al kirchnerismo, sostenía que “estaban obligados a aceptar el abandono de la acción pública” y que la discrepancia no es “menor” porque “si la Fiscalía considera que no hay delito, no impulsa la investigación, tarea que queda solo a cargo de las querellas, si las hubiera”.

Así, “Pollicita, [el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán] Moldes y cualquier otro procurador no podrían más que limitarse al control de la legalidad del proceso, pero no investigar, ni ofrecer pruebas ni acusar, siquiera en un eventual juicio oral”, prosiguió AJN.

“Toda la carga de la pesquisa en cualquier instancia recaería exclusivamente en la DAIA, con lo que ello conllevaría para una entidad de la sociedad civil que no está preparada ni cuenta con los medios para semejante responsabilidad en una causa de tamaña envergadura”, y de ese modo, “el peligro de que el esclarecimiento de la denuncia de Nisman quede frustrado en la práctica sería enorme”, se subrayó entonces.

Efectivamente, el letrado de la ex mandataria reseñó lo aseverado por De Luca y destacó que, de acuerdo al artículo 120º de la Constitución y la Ley del Ministerio Público Fiscal, se establece “el principio de unidad de acción de [este último] como una organización jerárquica, única e indivisible de acuerdo al principio de objetividad”, razón por la cual “no corresponde que en el trámite que se ha ordenado abrir con el solitario impulso de quienes se han presentado como querellantes el titular de la acción pública asuma otra función que la que le corresponde para el control de la legalidad” del proceso.

La semana pasada, Fernández de Kirchner recusó a Lijo y a su par del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Claudio Bonadio, por “falta de imparcialidad” y requirió que la causa se acumule con la del atentado mismo, que lleva el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, a diferencia de lo ocurrido ante casos similares desde 2000.

También el ex canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche, fueron acusados de encubrimiento por favorecimiento personal agravado e impedimento o estorbo del acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán, y los dos primeros y la ex mandataria, además, de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, Pollicita ya dispuso 32 medidas de prueba y agregó entre los imputados a los entonces ministro de Planificación Federal Julio de Vido, secretario general de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, secretario legal y técnico Carlos Zannini y procuradora general del Tesoro Angelina Abbona.