AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Hoy, jueves, el ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y comisario general retirado Adolfo Vitelli ratificó en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA que el 2 de abril de 1997 sobreseyó administrativamente y levantó la disponibilidad preventiva del fallecido comisario Alejandro Burguete, imputado en la causa, “porque el jefe de gabinete y virtual subsecretario de Seguridad provincial, Federico Domínguez, lo pidió en tres oportunidades, ya que iba a colaborar con la investigación de la ‘conexión argentina’” del ataque terrorista, si bien no especificó cómo.

El actual presidente de la Cámara de Casación Penal bonaerense se encuentra procesado por coaccionar a varios acusados.

“No lo hice porque quería corroborar que contaba con el apoyo del secretario de Seguridad, Eduardo De Lazzari, ya que no era equitativo para con otro policía que tampoco estaba detenido, y finalmente accedí cuando me lo solicitó delante suyo y porque era algo transitorio y podía anularse ante la aparición de nuevas pruebas, así que se lo ordené verbalmente a (el entonces director general de Asuntos Jurídicos, comisario retirado José) Bretschneider”, completó.

Además, “en esa época se hablaba mucho en los medios sobre un ‘pacto de silencio’ en la Policía de la Policía de Buenos Aires y así yo ayudaba a la causa”, justificó su jefe hasta fines de 1997.

En cambio, “no recibí órdenes respecto a qué hacer con el resto de los policías”, que fueron exonerados casi en su totalidad, ni “me consta que Galeano estuviera al tanto” del tema, aclaró.

Respecto del destituido magistrado, “a poco de asumir gestioné una entreviste y me puse a disposición; él me dijo que había hablado con De Lazzari, quien crearía un Área Especial en la Policía, pero no me consultaron al respecto ni sobre el comisario Luis Vicat”, a cargo de la misma, aseguró Vitelli.

Esa flamante repartición “me pedía cosas materiales, personal y dinero, pero dependía directamente de la Secretaría de Seguridad”, subrayó.

El testigo reemplazó al polémico Pedro Klodczyk el 18 de septiembre de 1996, dos meses después de la detención de los efectivos acusados y luego sobreseídos, quienes ya habían sido sumariados administrativamente en esa fuerza.

La sección Asesoría Jurídica de la misma recibía esas actuaciones para dictaminar qué decisión debería adoptarse respecto de los acusados y se lo recomendaba al jefe de Policía, quien usualmente la refrendaba pese a no ser vinculante, aunque ése no fue el caso con Burguete, quien había aceptado declarar contra el entonces comisario Juan José Ribelli, sindicado como el líder de los cómplices locales.

A su turno, un muy impreciso Bretschneider contó que en 1995 era el director de Sumarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la cual al año siguiente fue subtitular y en 1997 encabezó.

En su primer rol “hacía la instrucción y el juzgamiento de los sumarios administrativos”, que incluía la toma de declaraciones testimoniales e indagatorias por decisión propia o a pedido de juzgados, aleccionó.

En este caso, el 28 de junio de 1995, el entonces comisario mayor Ramón Orestes Verón -“era adscripto al juzgado, con responsabilidades operativas e investigativas”, según el testigo- inició una investigación interna para identificar a los efectivos de las brigadas de Lanús y Vicente López que habrían extorsionado a Telleldín, según éste había denunciado en una entrevista con Página/12 publicada doce días antes y otros “sueltos periodísticos”, y luego, Bretschneider abrió la instrucción sumarial, una administrativa y otra judicial, tras pedirle al tribunal “información al respecto”.

El testigo aseveró no recordar lo actuado, así que a fin de refrescarle la memoria se le mostraron diversas constancias firmadas por él, incluida una en la cual Galeano le solicitaba interrogar a los ex policías Raúl Ibarra y Anastacio Leal a través de Verón: “si está en el expediente, así fue”, pero “no era habitual”.

Y afirmó haberse enterado de que Burguete había recibido un sobreseimiento proviso y un levantamiento de su disponibilidad preventiva recién cuando declaró en el juicio anterior, en 2003, y añadió que “no era normal” que ello ocurriera con un acusado de un delito grave.

Bretschneider también refirió haber escuchado que “Domínguez intervino” en su favor.

La audiencia resultó accidentada desde su mismo comienzo, ya que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 informó que la Fiscalía había entregado una copia digital de los 25 cuerpos de los sumarios administrativos porque en la causa solo figuraban 7 y el abogado de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, Santiago Marino Aguirre, pidió revisar ese material, así que los jueces le dieron 40 minutos.

Al término de las testimoniales, Marino Aguirre propuso un planteo que podría dejar abstracto su pedido de nulidad de la semana pasada, cuando el tribunal decidió por mayoría que los testigos podían ser desistidos por quien los ofreció.

En tal sentido y a fin de que “se impida evitar la declaración de testigos importantes”, solicitó “adherir a todos los ya aceptados” por los jueces, habida cuenta que éstos cambiaron “la modalidad del juicio y la doctrina”.

“Ninguna norma lo prohíbe y no vemos que haya un perjuicio para los acusadores más que a la intención de impedir que declare” esa persona, insistió el defensor, que desafió a las querellas al sostener que “llama la atención que quienes dicen buscar la verdad desistan de Hugo Pérez”, amigo y cómplice de Telleldín, quien “no solo fue víctima de una extorsión” por parte de efectivos de la Brigada de Vicente López, sino que “declaró que los policías se llevaron la Trafic”.

Valeria Corbacho, abogada del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, adhirió parcialmente y reclamó a los jueces “reglas claras”.

El fiscal Roberto Salum rechazó las iniciativas por ser una mera “ampliación de fundamentos de un planteo de nulidad que aún no tuvo resolución” y respondió que la “afectación” se da porque esa posibilidad ya precluyó.

En tanto, Rodrigo Borda, por la querella de Memoria Activa, aseguró que “así como ese planteo de nulidad no existe (en la normativa), esto tampoco”, además de ser extemporáneo, y recriminó a las defensas no haber adherido a los testigos oportunamente.

“No son de todos, sino de quienes los ofrecen en función de su interés y estrategia, que obviamente son diferentes a los de las defensas, y no pueden adherir sin dar sus motivos porque no pueden compartir los nuestros”, razonó.

En el planteo de los ex fiscales “subyace una disconformidad con los testigos ofrecidos” por esa parte, pero “también sería un cepo para los acusadores”, alertó el letrado.

Por otra parte, Borda recordó que hay jurisprudencia en el sentido que “el derecho a la defensa en juicio también vale para las querellas, máxime si son víctimas de carne y hueso”, y afirmó que fue “poco feliz cuestionar” si quieren “saber la verdad” porque Pérez será interrogado en el juicio que en algún momento se volverá a hacer contra Telleldín, pero en éste su declaración sería “sobreabundante” en base a las testimoniales y la documental existentes.

Gabriel Camiser, en nombre de la AMIA y la DAIA, adhirió a los dichos del fiscal y de Memoria Activa y resaltó que el tribunal no podría expedirse al respecto antes de resolver la nulidad planteada en la audiencia anterior, para no superponer sus respuestas, mientras que las querellas de APEMIA y 18J apoyaron a Borda.

El tribunal deberá expedirse al respecto y quizá lo haga el lunes, cuando desde las 11 hs. declaren dos ex abogados de Telleldín, Alberto Spagnuolo y Gustavo Semorile.