Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El destituido juez Juan José Galeano se defendió ayer, jueves, en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, de varias de las imputaciones y críticas que se le formulan, censuró a los jueces que realizaron el debate anterior, entre 2001 y 2004, y acusó al ex matrimonio presidencial Kirchner de perseguirlo y removerlo de su cargo, pero no habló del pago de 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín, para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, entre otros delitos que se le atribuyen.

El ex magistrado ya se había sentado en el banquillo de los acusados el 3 de septiembre del año pasado: en esa ocasión empezó a hablar, pero cuando el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, Jorge Gorini, le preguntó si sus dichos implicaban que se prestaba a declarar, lo negó; entonces se leyeron sus indagatorias, la primera por escrito y las otras tres verbales.

Transcurridos quince meses de debate, leyó -básicamente- y expuso a lo largo de la extensa jornada y solo respondió -a medias- algunas preguntas del juez, aunque prometió cotejar el expediente para ser más exhaustivo, así como volver a declarar más adelante.

Galeano aseguró que la acusación en su contra es una “persecución política” de Néstor y Cristina Kirchner, motorizada por abogados querellantes y fiscales vinculados con sus gobiernos y con el fin de “salvar a Irán a pedido de Venezuela”, en “una utilización espuria del atentado”.

“Investigué a (el ex presidente Carlos) Menem, sus ministros y los Kirchner, que hicieron todo para sacarme de la magistratura”, pero “no me arrodillé ante ellos, ni otros”, apuntó.

“Cristina tenía razón solo en una cosa: el ‘caso AMIA’ es político y sin lugar a dudas lo aprovechó para hacerla lejos de la verdad y lo jurídico: le dijeron a un ex juez de la Corte Suprema que no lo investigarían si impulsaba mi jury y presionó para apurar el juicio a (el presidente del máximo tribunal, Ricardo) Lorenzetti y (la camarista de Casación Ana María) Figueroa, la misma que no quiere investigar el encubrimiento” por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica, agregó el imputado en referencia a la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado, Alberto Nisman, contra ella, el entonces canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente en camino a ser juzgado por antisemitismo Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche.

“Fui el primer juez presionado por los Kirchner; pregúntenle a (el entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos) Zannini cómo me conoció y qué le dije”, desafió.

Galeano aseguró que, en una reunión en Tribunales con la desaparecida Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados, la entonces legisladora “quería demostrar que los explosivos se pusieron en el volquete (ubicado delante de la AMIA) para salir corriendo a Constitución y llegar a (el sospechoso empresario descendiente de sirios Alberto Jacinto) Kanoore Edul (que vivía y trabajaba sobre esa calle) y a Menem”.

Asimismo, sostuvo que Telleldín formaba parte de “una cadena de corrupción policial que es la matriz del atentado” y si “los imputados-querellantes del fondo” del recinto, por los ex efectivos bonaerenses, “hubiesen hecho su trabajo en lugar de buscar sacarle plata”, el primero “jamás habría podido entregar la Trafic” porque habría estado preso.

Por ello, el destituido juez reclamó al tribunal que haga lo posible para que “se reabran las causas” contra los ex policías, “que se cerraron aprovechando un fallo ridículo” del TOF3 porque “no pueden quedar impunes”.

“Pude equivocarme, pero no soy un delincuente como los imputados-querellantes del fondo”, insistió.

En tanto, Galeano justificó su visita a la Quinta Presidencial de Olivos al regresar de Venezuela el 25 de julio de 1994, donde interrogó al disidente iraní Manouche Moatamer, en que se trataba de “una cuestión de Estado” y que “era lógico porque la información sobre el testigo la había brindado la Cancillería”.

“Tuve la sensación de que Menem estaba a favor de romper relaciones con Irán”, pero miembros del gabinete liderados por el fallecido canciller Guido Di Tella lo disuadieron, fundamentalmente por temor o especulaciones económicas, recordó.

Además, “negué hasta el cansancio haber recibido un llamado de Carlos o Munir Menem para dejar a Kanoore Edul; no soy esquizofrénico: ¿mandé ‘en cana’ a ministros y no voy a investigar a un papanatas?”, se preguntó el ex juez antes de destacar que éste sigue con falta de mérito porque no se encontraron pruebas que lo vinculen al atentado.

Por el contrario, se hizo “hasta en exceso”, lo cual se prueba con los 133 cuerpos que totalizan los legajos 129 y 74, este último correspondiente al empresario Nassib Haddad, dueño de la empresa proveedora del volquete.

Galeano negó que se haya suspendido el allanamiento al negocio de la madre de Kanoore Edul, sino que Principio del formulario
“cuando se consiguió el objetivo de arrestarlo y secuestrar sus agendas, se dio por terminado” el operativo, tal como ocurrió con un procedimiento vinculado con un coreano.

Del análisis de esa documentación surgió el nombre del entonces agregado cultual iraní y prófugo Mohsen Rabbani, pero no se encontró conexión entre ambos más allá de un tal Youssef Sourami, a quien identificó como Francisco Corrado y aseveró que era un falso converso al islam infiltrado e la comunidad islámica, y once talleres mecánicos, que vinculó con que la familia tenía tres vehículos.

Sobre la demora para allanar y los llamados previos debería explicar la Policía, deslindó el ex magistrado en referencia al imputado Jorge Palacios.

Lo propio hizo respecto de la desaparición de las cintas con escuchas telefónicas a la familia Kanoore Edul, ya que “el juzgado no recibía casetes, solo transcripciones”, y los pedidos de intervención o desintervención de las líneas los hacía la SIDE, que mandaba informes que consignaban que “carecía de valor informativo”.

“Al principio de la investigación no se hablaba de Rabbani, sino de la ‘conexión local’, por el motor” y lo único que había sobre el primero era una fotografía tomada por un agente de la SIDE que era su chofer, mientras intentaba comprar una camioneta, relativizó el imputado, que también fustigó a Nisman, a quien le achacó haber conocido la investigación que después cuestionó y actuar en virtud de motivaciones políticas, y a su ex subsecretario Claudio Lifschitz, que denunció muchas de las irregularidades que derivaron en este proceso y a quien acusó de haber cobrado para volcarlas en un libro mendaz y lo vinculó con Memoria Activa porque compartían abogado, el extinto Pablo Jacoby, quien “tuvo mucho que ver con todo lo que pasó”.

Finalmente, el careo pedido por el imputado ex presidente de la DAIA Rubén Beraja con el testigo Raúl Kollmann volvió a ser postergado una semana porque el periodista no podía concurrir a la mañana y la indagatoria del ex magistrado tomó todo el día.

El juicio continuará el lunes, con la declaración de los ex agentes de la SIDE Villaseca, pendiente del jueves anterior, y Luis González.