AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Por la feria judicial hoy, jueves, no hay audiencia en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, del cual la semana pasada se cumplieron 22 años, y el debate se reanudará el 4 de agosto, a dos días de cumplir un año.

Efectivamente, este esperado y muy demorado proceso comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar al menos dos años, máxime si se tiene en cuenta que esta conformación especial del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que postergaron años el inicio del juicio, solo toma audiencias los jueves y algún que otro lunes -hubo un solo miércoles- y que hasta la fecha solamente se han llevado a cabo 44 sesiones, en las cuales declararon 57 testigos, poco más de un tercio de los al menos 140 citados hasta ahora.

Este debate reúne varias causas: el pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido del coche-bomba Trafic, para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, la deliberada interrupción de la investigación contra Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”, y otros delitos que habrían cometido el destituido juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, espía Patricio Finnen y presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín y sus entonces concubina, Ana María Boragni, y abogado, Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.

Por el otro caso son enjuiciados el ex mandatario, su subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los comisarios retirados de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Enfrente están los fiscales que reemplazaron al fallecido Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.

La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.

El año pasado hubo 18 audiencias, en las cuales se cumplió con los pasos formales y preliminares, las indagatorias a los trece imputados y la declaración testimonial de tres ex policías bonaerenses acusados y luego absueltos por el atentado y de cuatro familiares de víctimas agrupados en la Asociación 18J.

Ya en 2016 expusieron deudos nucleados en Memoria Activa, más policías bonaerenses y federales en actividad o retirados, la viuda y la hermana de un efectivo provincial, abogados vinculados con imputados en la causa, testigos que denunciaron presiones de Galeano o de supuestos enviados suyos, personas vinculadas a Kanoore Edul y los allanamientos a sus propiedades, ex funcionarios de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado -hablaron sin público ni prensa- y empleados del juzgado, mientras que cuatro fiscales lo harán por escrito.

Además, el letrado y ex comisario de la Federal Eduardo Aguilera se convirtió en el primer detenido por falso testimonio, al mostrarse reticente a responder las preguntas de las partes.

En el medio se produjo un detalle no menor: el cambio del gobierno nacional, con la asunción como presidente de Mauricio Macri en lugar de Cristina Fernández de Kirchner (acusada por Nisman de encubrimiento de los iraníes), del ex senador radical Mario Cimadevilla en la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la abogada Mariana Stilman en la querella.

Entre los testigos que falta comparecer se destacan la propia ex mandataria y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario de Galeano Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el polémico espía Antonio Stiuso.