AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, se reanudará el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con el comienzo de las declaraciones de testigos que no son querellantes; en este caso, los ex policías bonaerenses Eduardo Toledo y Marcelo Casas, sobreseídos en el debate anterior por falso testimonio.

Ambos participaron en el intento de detención de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, del 15 de marzo de 1994 por parte de una comisión policial de la Brigada de Investigaciones II de Lanús, a cargo del fallecido subcomisario Raúl Ibarra, luego acusado por el ataque terrorista.

El sargento Toledo y el cabo Casas, entre otros, concurrieron a una parrilla de Vicente López porque allí iría a encontrarse con su concubina y coimputada en este juicio Ana María Boragni, pero Telleldín atropelló al segundo y se fugó.

Según la acusación original, la idea era arrestarlo para canjear su libertad por bienes y dinero, pero como ambos lo negaron se los procesó por falso testimonio y así llegaron al juicio sustanciado entre 2001 y 2004.

En esa oportunidad, ninguno de los dos declaró, el abogado de Ibarra los acusó de haber mentido “por instigación del juzgado” que encabezaba el hoy acusado Juan José Galeano y a cambio de que no les imputaran una tentativa de extorsión a Telleldín y el fallecido fiscal Alberto Nisman pidió una pena de tres años de prisión para Casas y uno para Toledo, las cuales podían quedar en suspenso.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal Nº 3 los sobreseyó como al resto de los acusados.

Cabe recordar que la semana pasada no hubo audiencia porque el jueves fue feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia.

Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.

El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con ex presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.

Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.

La causa había recaído originalmente en el TOF 3, así que volvió a sortearse y le tocó al Tribunal Oral Federal Nº 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.