AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Hoy, jueves, se reanudó el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, tras un receso de tres semanas por una licencia del juez Néstor Costabel y la feria judicial de invierno.

En esta oportunidad declararon tres ex empleados administrativos del destituido juez Juan José Galeano cuando éste estaba al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9: Laura Capra, Graciela Burzomi, quien estaba citada para la audiencia anterior, pero se excusó por razones de salud, e Ignacio Durand.

Los tres confirmaron que el magistrado ordenó instalar cámaras para filmar algunas declaraciones, las cuales estaban escondidas en los despachos de los entonces secretarios María Susana Spina y Javier de Gamas y Carlos Velasco, que compartían el suyo, con el objetivo de analizar posteriormente los videos en forma grupal y proponer medidas al respecto.

Burzomi y Durand -aún se desempeñan como prosecretarios de ese mismo juzgado- participaron en solo una de esas sesiones, que creen que fue sobre una indagatoria de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido del coche-bomba Trafic, y no la entrevista informal que luego se difundiera públicamente y revelara las negociaciones entre el juez y el imputado para que éste acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses a cambio del pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE), aunque la primera solo estuvo “dos minutos” porque Velasco le “pidió algo”.

Los equipos de grabación estaban en un pequeño despacho contiguo, que ocupaban Burzomi y otra prosecretaria, Ana Sverdlik, a quienes desalojaban cuando Roberto Dios debía utilizarlos.

“No hubo muchas filmaciones; fueron esporádicas porque de otro modo no habría podido trabajar”, razonó la primera.

Ninguno de los testigos dijo saber si los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia o alguna de las querellas estaban al tanto de ese procedimiento.

Burzomi y Durand relataron que un día no laborable Dios los llamó por teléfono a sus casas para citarlos con urgencia en el juzgado, donde les contaron sobre el robo de un video y les tomaron declaración para un sumario administrativo.

Contaron que las cintas, al igual que los legajos reservados -“en ese momento eran algo nuevo, hoy existen en muchos lados”, recalcó Burzomi-, se guardaban en la caja fuerte del despacho de De Gamas y Velasco, quienes tenían llave de la misma y solían prestársela a quien la necesitara, lo cual dio lugar a que varias defensas trataran -sin demasiado éxito- de sustentar su hipótesis de que fue el entonces prosecretario y agente de inteligencia de la Policía Federal Claudio Lifschitz quien se llevó el video y se lo hizo llegar al ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, sindicado y luego sobreseído como el cabecilla de la “conexión local”, para que éste extorsionara al juez a fin de obtener su libertad.

“Usaba su propia computadora, pero no sé si la llevaba cuando tomaba declaraciones”, comentó la primera sobre su polémico ex colega.

“Hacía análisis de la información”, añadió Durand.

Y Capra recordó haber presenciado con Lifschitz una declaración indagatoria de Ribelli.

Ninguno supo que objetara alguna línea de investigación -puntualmente, la de los policías bonaerenses-, como aseguró después de su desvinculación del juzgado.

Durand y Burzomi contaron que sus compañeros les informaron que el resto de los videos había sido quemado, pero no quiénes ni dónde lo hicieron; “Galeano lo ordenó para evitar más problemas”, precisó el primero.

Después de la difusión pública de esa polémica cinta, los testigos asistieron a una reunión, en la sala de audiencias de un tribunal oral, de la desaparecida Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la AMIA y la Embajada de Israel con Galeano y su personal.

“Preguntaron por las líneas investigativas”, resumió Burzomi.

“Estaban (Cristina) Fernández de Kirchner -la recuerdo porque después fue Presidenta-, (Carlos) Soria y varios más”; la primera interpeló “no en buenos términos” al juez, destacó su colega.

Burzomi y Durand trabajaban con Spina hasta que después del atentado los asignaron a una flamante secretaría especial a cargo de Velasco y De Gamas; “al principio éramos cinco o seis y luego llegaron más” empleados, puntualizó la primera.

“Todos éramos muy jóvenes”, resaltó su colega.

“Leí lo que había en la causa y después ayudé a Velasco en el trabajo diario, con Durand: hicimos un índice a modo de inventario para facilitar la búsqueda” dentro del voluminoso expediente, fotocopias y carátulas para legajos, ejemplificó Burzomi antes de aclarar que, a diferencia del resto del personal, ellos dos no investigaban ni analizaban pistas.

Por su parte, Capra trabajó como escribiente en la secretaría de Spina entre 1995 y 1997 y fundamentalmente se dedicaba a ordenar casetes de escuchas, que todos coincidieron en señalar que provenían de la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, se guardaban en cajas correspondientes a cada línea telefónica y llegaban al juzgado con sus respectivas transcripciones.

Como era de esperar, los testigos negaron que Galeano les haya ordenado hacer algo ilegal o dar un trato preferencial a alguna de las partes, en alusión a la querella de la AMIA y la DAIA.

Finalmente se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves que viene, cuando declararán Juan Trujillo, Nicolás Williams y Virginia Casas, también ex empleados de Galeano.