AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El jueves continuó el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con la declaración, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, de dos testigos: Leonardo Corrías, empleado del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 entre 1995 y 2004, cuando estaba a cargo de Juan José Galeano, y Fernando Yuri, secretario de la Fiscalía Federal N° 9 entre 1993 y 2004, cuando Eamon Mullen era su titular y José Barbaccia, su adjunto.

La audiencia comenzó con un planteo del defensor de estos últimos, Santiago Marino Aguirre, quien aclaró que los mismos rechazaban “las declaraciones y opiniones del testigo anterior”, su ex prosecretario Juan Trujillo, en obvia referencia a sus duras manifestaciones contra el fallecido fiscal Alberto Nisman, y requirió a los jueces que no admitan más preguntas sobre consideraciones personales.

Yuri ingresó como oficial con la creación de esa dependencia, proveniente del juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que paradójicamente heredaría la investigación del ataque terrorista tras el apartamiento del luego destituido magistrado, hoy imputado por su desempeño en la misma.

“Estábamos de turno hasta fin de julio de 1994; cuando fue el atentado estaba de licencia y (el entonces prosecretario Martín) Nessi me llamó para que volviera”, relató quien desde entonces estuvo a cargo de la investigación, junto con su superior y los fiscales.

“Los primeros días era una vorágine tremenda, sobre todo para rescatar o encontrar a las víctimas; no había horario ni dábamos abasto: con la dotación habitual de una fiscalía íbamos a todos lados, atendíamos llamados telefónicos, hablábamos con familiares…”, resumió.

“A los pocos días, Mullen y Barbaccia viajaron a Venezuela con Galeano, por la declaración del testigo A, que habló sobre Irán”, y tras ello “fueron a hablar con (el ex Presidente e imputado en este juicio Carlos) Menem”, lo cual “no me pareció anormal porque entonces los fiscales dependían del secretario de Justicia y el atentado era una cuestión de Estado”, justificó el testigo.

“Casi todas las personas iraníes investigadas ahora estaban en el procesamiento de (el último poseedor conocido de la camioneta usada como coche-bomba, Carlos) Telleldín por encubrimiento; era un tema muy sensible porque se acusaba a un país: hubo testimonios de todos lados y órdenes de captura, pero no sé si existió un gran avance después que la causa salió del juzgado de Galeano”, porfió.

“La vorágine se incrementó con la aparición del motor”, el mismo 25 de julio, que “fue el colofón” que confirmó “la hipótesis del coche-bomba que manejaban la Policía y la Inteligencia” argentinas, si bien “ninguna pista se descartó”, subrayó el declarante.

“Con Nessi íbamos al juzgado para extraer información, sacar fotocopias de la causa, hablar con (los secretarios Javier) de Gamas y (Carlos) Velasco para estar al tanto y preguntar por futuras declaraciones testimoniales e indagatorias” a las cuales asistir, al menos parcialmente, mientras que “Mullen y Barbaccia iban a algunas”, continuó.

A fines de 1994, Yuri obtuvo un contrato como prosecretario en el juzgado de Claudio Bonadío, quien paradójicamente luego sería apartado por su mal desempeño en la instrucción de la causa por encubrimiento que ahora se juzga en este debate, pero regresó a la fiscalía “a los tres meses y medio y como secretario, a pedido de Mullen; la causa principal ya tenía unos cincuenta cuerpos”.

“Nos pusimos a analizar la declaración de Telleldín y vimos que estaba mintiendo, sobre todo sobre la venta de la Trafic”, así que “los fiscales lo imputaron como partícipe necesario” del atentado, destacó.

Entonces “se sintió presionado y empezó a hablar en los medios y a escribir un libro que le dictaba a (el falso fiscal Jorge) Damonte, mi ex jefe que me recomendó a Mullen; era raro”, sugirió el testigo.

Mientras, “‘Marta’ y ‘Gabriela’ o ‘Graciela’ trabajaban con (el entonces director de Contrainteligencia de la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado, Antonio) Stiuso y apuntaban contra (el imputado empresario de origen sirio Alberto Jacinto) Kanoore Edul”, a quien “se lo investigó como a cualquiera” pese a la relación de su familia con la de Menem, aclaró.

“No escuché cuestionamientos desde la SIDE, ni que dijeran que la pista de los policías bonaerenses fuera falsa, ni que se quejaran de que Galeano no consideraba sus hipótesis”; por el contrario, “podían investigar con libertad porque se les pidió colaboración con la causa”, refutó el ex empleado de los fiscales.

En tanto, el entonces prosecretario y luego denunciante del presunto encubrimiento, Claudio “Lifschitz se quejaba de que los secretarios (del juzgado) no le ‘daban bolilla’ y venía a la fiscalía a hablar conmigo y con Nessi”, pero “no nos dijo que hubiera recibido instrucciones para no investigar a Kanoore Edul”, aseguró.

“Él analizó e impulsó la responsabilidad de los policías bonaerenses y nos avisó sobre Khalil Gatea, un iraní que había sido bajado de un avión a Canadá con un pasaporte falso”, así que “fuimos con Mullen y Barbaccia a La Plata para hablar con el fiscal” de esa causa, que instruía el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, prosiguió Yuri.

“Teníamos acceso a todos los legajos, incluso a los de testigos de identidad reservada”, cuya filiación “estaba testada” para preservarla, reveló.

En ese sentido, “estuve en la indagatoria de Miriam Salinas (amiga de Ana Boragni, entonces concubina de Telleldín y hoy coimputada), en el juzgado, cuando se negó a declarar, y un rato en su testimonial posterior, en el despacho de Mullen”, pero “no recuerdo que éste haya estado, ni Barbaccia”, señaló su ex secretario.

“Fue un día inhábil de octubre de 1995, como consecuencia de los sesenta allanamientos (vinculados con Alejandro) Monjo”, y el juzgado pidió “prestada” la fiscalía porque “Salinas era una testigo de identidad reservada que tenía mucho miedo, ya que Boragni y Telleldín sabían a quién le habían dado la Trafic porque el mismo 18 de julio éste gritó: ‘Estos hijos de p… me cag…’”, explicó.

Pese a ser una testimonial “estuvo presente su abogado, (Gustavo) Semorile”, pero “no sé por qué; no recuerdo que haya estado detenida”, admitió el testigo.

“Fue una declaración larga, de media tarde hasta altas horas de la noche, y nadie la condicionó o presionó; no durmió en la fiscalía: terminó de testificar y se fue”, aseveró.

“A Salinas la filmaron con una cámara puesta en un brazo de un perchero, cubierta con sacos para que no se viera; la instalaron una o dos personas del área técnica de la SIDE”, según “me dijeron De Gamas y Velasco, y el televisor lo pusieron en nuestro despacho”, relató Yuri.

“Creo que Mullen y Barbaccia no lo autorizaron, y yo tampoco”, pero “los fiscales debían saber lo que pasaba”, conjeturó.

De todos modos, “no me llamó la atención porque ya había visto que lo hacían con la gente de Monjo; entiendo que el juzgado filmaba las declaraciones importantes como ayuda-memoria y para ver los gestos” que hacían los interrogados y “nada tenía de malo”, aunque “no sé si Salinas lo consintió”, reconoció el ex secretario.

“La fiscalía no usó los videos para analizarlos”, aclaró.

El casete quedó en el juzgado y la SIDE se llevó la cámara siete o diez días después; entretanto, también se filmó a otra testigo, que dio origen a la “causa Armas” o “pista carapintada”, que más allá de que perduren las dudas sobre su eventual involucramiento, el testigo lo atribuyó a un “desvío” pergeñado por el comisario Ángel Salguero para desvincular a sus colegas en la Policía bonaerense.

Éste “trajo a todas las personas de la Provincia de Buenos Aires que no podíamos encontrar y actuaba bien, pero después quiso allanar el domicilio de un diputado del partido de Aldo Rico sin informarnos que lo era y entonces bajó su consideración”, contó.

También aportó testigos de identidad reservada contra los “carapintadas”, la hija de uno de los cuales “estaba casada con (el comisario Oscar) Mantel, allegado a Ribelli”, quien estuvo, sin motivo aparente, en un procedimiento en Campo de Mayo, y en esa ocasión le fue presentado al juez por Salguero, resaltó Yuri.

Por otra parte, “estuve en al menos dos momentos de la (ampliación de indagatoria) de Telleldín del 5 de julio de 1996, no en toda”, mientras que “Barbaccia estuvo un rato”, informó.

El acusado “hablaba mucho, como siempre; fue espontáneo, nadie le indicó qué decir”, pero “me fui con la duda de si había declarado algo diferente a lo anterior”, ya que “no hizo más que confirmar el involucramiento de los policías, que lo cubrían o detenían para sacarle plata y no para que dejara de ‘doblar’ autos”, relativizó.

“Eso ya lo teníamos desde el principio: en sus primeras declaraciones, Telleldín habló del ‘oficial Pino’, que luego la superioridad de ‘la Bonaerense’ identificó como (uno de los futuros imputados, Anastacio) Leal, y a (la entonces titular de la Cámara Federal de Apelaciones, Luisa) Riva Aramayo le había hablado (en 1995) sobre los dos ‘aprietes’ recibidos” por parte de las brigadas de Lanús y Vicente López, recordó el testigo.

“Lo de los policías era la conclusión lógica”, pero ya los “investigábamos desde hacía seis meses”, destacó.

A Telleldín “lo interrogaron (la secretaria María Susana) Spina o Velasco -no recuerdo a Galeano- y nadie ajeno entró cuando yo estaba”, puntualizó Yuri en referencia al supuesto ingreso de un efectivo de la SIDE con un teléfono celular, a través del cual Boragni le habría informado que acababa de cobrar la primera mitad de los 400.000 dólares de fondos reservados de ese organismo para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses.

“Cuando salí había dos o tres empleados viendo la indagatoria por televisión y tomando medidas al instante, como consultar a otro juzgado sobre una causa; creo que ésa era la finalidad de la filmación”, aunque “no sé si la grabaron”, continuó.

Más adelante, “Telleldín pidió el dinero de la recompensa y la fiscalía se opuso”, enfatizó su ex secretario, quien también estuvo el día de la presunta extorsión del ex comisario Juan José Ribelli, sindicado como cabecilla de la “conexión local” del atentado, al juez de la causa.

Julio “Gatto y (Marcelo) Valenga habían llevado el dato al DUIA (Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal) de que (otro efectivo bonaerense, Abel Brahim) Alí se había llevado la camioneta y no (el fallecido ex subcomisario Raúl) Ibarra porque éste llevaba” a su jefe, relató.

Entonces “los fiscales me mandaron por si hablaba de eso, como había surgido en los medios; la declaración fue buenísima, con un montón de nexos telefónicos señalados con marcadores de diferentes colores, pero no hizo referencia a ese tema”, memoró el testigo.

“Ribelli tenía carpetas o sobres, no vi un video”, pero “después le pidió a Spina hablar a solas con Galeano y le entregó” el casete de su negociación con Telleldín, que habría dado origen a su indagatoria paga y se difundiera en abril de 1997, especificó.

“Después de la desaparición del video se hizo una reunión con la (Comisión) Bicameral (de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA), en un anexo del Congreso”, afirmó Yuri.

“Trabajábamos con ella: nos pidió colaboración para saber las líneas que se seguían y fuimos cada quince o veinte días durante un año y medio o dos” para tenerla al tanto; “sus informes se basaban en eso, recomendaban continuar con la investigación e impulsaban una ley del arrepentido y otra antiterrorista porque nos manejábamos con un código para delitos comunes”, subrayó.

“Fui con Nessi y los fiscales; había más de treinta personas: el presidente, (Carlos) Soria, (Melchor) Cruchaga, (Raúl) Galván, (Federico) Storani -no recuerdo si Cristina Fernández de Kirchner-, asesores, Galeano -estaba ‘golpeado’ por la difusión del video-, De Gamas, quizás otro secretario y puede ser que algún querellante”, enumeró el testigo.

“Se pasó el video -era algo distinto a un acto de declaración- y había consternación por la extorsión al juez; no recuerdo qué se dijo, pero se discutió mucho, sobre todo Storani, quien después habló al respecto con los medios”, contó.

“El foco estaba puesto en la extorsión, y un poco también en la negociación entre Galeano y Telleldín”, admitió el ex secretario de Mullen y Barbaccia.

“Nessi y los fiscales me dijeron que no habían visto antes el video y evaluaron denunciar su contenido, pero no se efectuó porque ya lo habían hecho el propio juez y el (entonces) abogado de Ribelli, (Mariano) Cúneo Libarona”, explicó.

“Mullen y Barbaccia aseguraron que nada sabían de un pago, al igual que la gente del juzgado”, recordó Yuri.

En otro sentido, “tuvimos varias reuniones en sedes de la SIDE, no recuerdo en el juzgado; íbamos con los fiscales y Nessi, y con Nisman cuando se sumó, a fines de 1996 o principios de 1997”, precisó.

“Mullen le pidió al procurador general un fiscal de juicio independiente, que no conociera la causa, para que la revisara; Nisman estuvo de acuerdo y dijo que había pruebas para ganar” el debate, destacó el testigo, cuya experiencia con las fuerzas de seguridad e inteligencia lo llevó a concluir que “no había gente confiable fuera del juzgado para pedirle cosas; eran todos chanchullos”.

Por ejemplo, “con los fiscales fuimos a ver a (Ramón) Solari a (la cárcel de) Sierra Chica y nos dijo que Ribelli lo había preparado (para incriminarse en el atentado) a través de (otro policía bonaerense, Mario) Bareiro y que incluso una vez lo había ido a ver” a la Brigada de Vicente López, sostuvo.

“Lo mismo le dijo a los miembros de la Bicameral Soria, Cruchaga, Galván, Juan Pablo Cafiero y Fernández de Kirchner, y en el juicio oral”, recordó el ex secretario fiscal.

Asimismo, “no nos cuestionábamos la fidelidad de las transcripciones de las escuchas telefónicas”, pero “deberíamos haberlo hecho”, reconoció.

También “desaparecieron los casetes de escuchas a República 107 de los primeros días posteriores al atentado; habría sido interesante (conocerlas) porque el 26 de julio de 1994 Telleldín estaba en Posadas y en su casa había policías de la Federal y la bonaerense y gente de la SIDE de Stiuso”, admitió Yuri.

Además, “se había trabajado con la SIDE y no hubo buenos resultados”, sintetizó.

Por todo ello, “cuando surgió la pista de los policías bonaerenses, Mullen se preguntó con quién podíamos investigarla, si desconfiábamos de todos, y ahí surgieron los ‘poquitos’”, recalcó el ex secretario fiscal en alusión al apodo dado a ocho efectivos del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Federal, que fueron afectados exclusivamente a la pesquisa.

Como si los contratiempos fueran pocos, “no nos relevaron del turno (habitual como fiscalía) hasta 1998, y lo hicieron porque volvió a tocarnos el juzgado de Galeano, que estaba eximido, y ya no volvimos a tenerlo” hasta la creación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Atentado a la AMIA, a cargo de Nisman, en 2005, subrayó.

Por otra parte, el ex espía “‘Pinocho’ tenía relación con los fiscales”, así que cuando “dijo en el juicio oral (sustanciado entre 2001 y 2004) que sabía del pago (a Telleldín) nos sentimos medio tontos”, al igual que “cuando (el ex secretario de Galeano José) Pereyra lo reconoció”, recordó el testigo.

“No nos sorprendió tanto porque se hablaba de eso en los medios desde 1997, pero no lo creíamos…”, alegó.

“Cuando volvimos a la fiscalía, Mullen estaba ‘sacado’ y preguntaba: ‘¿dónde estábamos?’ porque no lo sabía; lo mismo hizo después de la declaración de De Gamas” en el mismo sentido, reveló Yuri.

“La relación con el juzgado era funcional, y cordial con Galeano; en algunas causas coincidíamos y en otras había tirantez”, pero “cambió después la difusión del video” y la confirmación de la existencia del pago porque “los fiscales -sobre todo, Mullen- estaban ‘calientes’, enojados”, prosiguió.

Luego “hubo una reunión con Mullen, Barbaccia y Nisman, quizá también (el fiscal general a cargo del mismo, Miguel Ángel) Romero, y se decidió pedir la nulidad de esa indagatoria y seguir adelante con la acusación a los policías bonaerenses porque (el fallecido funcionario) decía que había elementos independientes y suficientes” en su contra, contó el ex secretario fiscal.

“Había pruebas de los hechos de marzo, abril y julio de 1994 (por sus extorsiones al ‘reducidor’ de autos), escuchas en las cuales expresaban su preocupación por la cercanía del (segundo) aniversario del atentado, un llamado desde la Brigada de Lanús antes de la entrega de la Trafic, un modus operandi bastante particular de delitos comunes y los desvíos que venían” de efectivos de esa fuerza, enumeró.

Pero “lamentamos no haberle pedido su testimonio a Riva Aramayo”, que por entonces ya había fallecido, más allá de que en su momento “presentó una constancia de su visita a Telleldín en la cárcel con un planito que con Nessi no entendíamos”, concedió el testigo.

“Nisman era muy obsesivo y rehizo varias veces su alegato; el convencimiento de la imputación era fuerte”, resumió.

Asimismo, Yuri no recordó que sus jefes “hayan hecho una valoración especial” del hecho que la ex abogada de la DAIA Marta Nercellas haya filmado al imputado Bautista Huici y a su abogado, Marcelo García, con anuencia del juzgado, de lo cual se habrían enterado en el juicio oral.

“El (posterior) apartamiento de Mullen y Barbaccia fue un golpe duro y hubo mucho revuelo, pero continuamos con el juicio hasta el final; creo que Trujillo también”, señaló a diferencia de lo declarado por éste la semana pasada.

“Fue una sorpresa que Romero y Nisman no apelaran, pero ellos eran los fiscales”, relativizó su ex secretario.

“Fue importante para nosotros que la querella de Familiares abandonara el juicio después del apartamiento” de los fiscales porque “teníamos plena disponibilidad para atender a todos y se hacían reuniones cada quince o treinta días, en la fiscalía o el lugar que nos pidieran, muchas veces al atardecer, cuando volvían de sus trabajos”, aunque luego “algunos consideraron que nuestro trabajo estaba mal hecho y dejaron de venir, pero no les cerramos las puertas”, finalizó en referencia a Memoria Activa.

“El video se filmó en el despacho de Velasco y De Gamas”

Previamente declaró Corrías, quien ingresó al juzgado como meritorio, por conocer a Galeano a raíz de su actuación en una causa que habría tenido a su hermana como víctima, a fines de ese año o principios del siguiente fue ascendido a escribiente interino y confirmado en el cargo poco antes de desvincularse.

Manifestó que trabajaba a las órdenes de Spina en la Secretaría N° 17, la cual estaba dividida en dos y a él le tocó el sector que se ocupaba de las causas comunes, así que poco y nada tuvo que ver con la investigación del atentado a la AMIA, más allá de alguna documentación recibida en la Mesa de Entradas vinculada con la causa “Brigadas”, sobre la presunta responsabilidad en el mismo de policías bonaerenses.

El mayor aporte del testigo fue reconocer el lugar donde se llevó a cabo la negociación filmada entre el destituido magistrado y Telleldín como el despacho de Velasco y De Gamas.

También señaló que “había más videos” -muchos de ellos provenientes de canales de televisión, con filmaciones posteriores al ataque terrorista- en la caja fuerte de los mencionados, quienes poseían la llave de la misma, pero no así en la de Spina.

Corrías no sabía que hubiera otro equipo de filmación en la oficina de ésta, dado que estaba oculto.

“Hubo preocupación porque faltaba un video”, el de la negociación entre Galeano y Telleldín, pero no más que “la de cualquiera cuando desaparece algo en su lugar de trabajo”, relativizó.

Al término de la declaración de Yuri y dada su extensión por unas cuatro horas, el presidente del tribunal, Jorge Gorini, informó que será reprogramado el testimonio del ex prosecretario de Galeano Agustín Gamboa, citado para esta jornada, y las diversas medidas adoptadas por la UFI y el TOF para dar con su ex colega Roberto Dios.

Luego pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando declararán las ex empleadas del juzgado Karina Auleta, Jimena Castro y Esther Guarignielo.