AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Ayer, jueves, continuó el juicio oral por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con el testimonio -dos veces postergado- del comisario Marcelo Martín, quien se desempeñó en el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal entre fines de 1997 y 2011 y hoy encabeza este organismo, que todavía colabora con la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque.

Llegó desde la comisaría 16ª cuando era inspector, invitado por un colega, el entonces suboficial Villarino, pese a que no conocía esa dependencia -creada mese antes- ni a su titular, Jorge Palacios, imputado en este debate, y a que no tenía conocimientos sobre terrorismo, que adquirió en diversos cursos.

“Había una decena de brigadas -hoy tenemos varias menos- y una oficina adonde iban los (entonces) fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia; allí conocí a (su fallecido colega Alberto) Nisman, pero éste no ocupaba una”, diferenció el testigo.

“Podíamos recibir de veinticinco a treinta oficios por día y si había algún inconveniente, se consultaba con el juzgado (entonces a cargo del destituido Juan José Galeano) y se lo documentaba”, aclaró.

“No recibía órdenes informales del juez, ni intercambiaba información con la SIDE u otras dependencias; no tuve condicionamientos ni me dijeron ni escuché que hubiera que acusar a alguien falsamente, sino que me pedían que hiciera más”, destacó Martín en beneficio de Galeano, Mullen y Barbaccia.

Al testigo le encomendaron secundar a José Luis Callojas, quien tenía su mismo rango e investigaba el volquete dejado a las puertas de la AMIA, desde su procedencia -la empresa Santa Rita, de Nassib Haddad- hasta la particularidad de que otro contenedor hubiera sido llevado hasta un baldío cercano al domicilio y el negocio de Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”.

Entonces dividieron el trabajo y el primero se quedó con la parte inicial y Martín, con esta última, para lo cual leyó fragmentos de ese legajo 129 e investigó al respecto unos cuatro o cinco años, en cumplimiento de las medidas que le ordenaba el juzgado.

El testigo destacó que “a poco del atentado se detectó un llamado” a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido del coche-bomba Trafic, desde el celular, instalado en un auto de Kanoore Edul, “para comprar esa camioneta” el mismo 10 de julio de 1994 que el segundo alega haberla vendido, pese a que este último niega haberlo efectuado.

Entre 1998 y 2000, Martín analizó las agendas telefónicas de Telleldín, su hermano -Eduardo- y Kanoore Edul, más facturas y documentación, y elaboró un informe al respecto, que no incluyó “tareas de campo”.

La entonces secretaria de Galeano, Susana “Spina mandó una pila de fotocopias atadas” y entre ellas había las de “al menos” un directorio de Kanoore Edul, donde figuraban “Mohsen Rabbani, quien era agregado cultural de Irán” y está prófugo como coautor ideológico del atentado, “talleres mecánicos y comerciantes de la zona”, entre otros datos, contó.

Resultó curioso que la carátula de esa actuación solo mencionara a los hermanos, lo cual los acusadores entienden como un intento de sesgar la pesquisa que habría salido mal porque el entonces inspector analizó todo el material remitido, aunque esta lectura también podría ser cuestionada: si ésa era la intención, ¿por qué le habrían enviado el resto?

“No sé si las agendas se habían analizado antes”, pero “no vi algo previo”, reconoció el testigo para satisfacción de los acusadores, que sostienen que la “pista siria” fue abandonada intencionalmente por decisión de Menem.

Además, “entre 1999 y 2001”, el juzgado “mandó un oficio amplio que requería investigar si ese 10 de julio Kanoore Edul -y quizás su chofer, (Norberto) Godoy, a quien mencionaban mucho- había averiguado por una camioneta en una concesionaria Renault”, relató.

“Era por San Martín o (Don) Torcuato, por la ruta 202, pero ya no existía y gente del lugar me guió hasta el titular, vicepresidente o director de esa firma; lo cité para verificar si tenía relación con la concesionaria y con Kanoore Edul, pero no recordaba y dijo que tenía que ver los registros”, donde luego descubrió que “no guardaban los avisos (clasificados publicados) y aseguró que habían perdido toda la información, incluso sobre los vendedores”, de modo que esa “investigación de varios meses” terminó en nada, lamentó Martín.

“Me molestaba pelearme con los empresarios, que se amparaban en el paso del tiempo para no dar información”, se quejó, sin incluir en su reparo a las dependencias y funcionarios públicos que hasta ahora arguyen lo mismo, él mismo entre ellos.

“Tuve que pedir a Clarín que nos mandaran los avisos; costó, pero lo conseguimos bastante rápido”, reivindicó el testigo.

En otro sentido, “no me consta” que existiese una relación entre las familias Menem y Kanoore Edul, pero eso “estaba en el legajo o me lo dijo Callojas”, se distanció.

En síntesis, nada útil se descubrió sobre el sospechoso en lo referido al atentado, más allá de “delitos bancarios” porque “pedía préstamos utilizando de dos a cuatro documentos con otro nombre -me suena Herrera- y quizá con su fotografía”, describió Martín.

Por otra parte, “al DUIA llegaba un montón de casetes de intervenciones telefónicas de Observaciones Judiciales y muchos venían con transcripciones hechas en la SIDE”, precisó en referencia a la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado.

Acto seguido, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 pasó a un breve cuarto intermedio para desalojar la sala, ya que la declaración de Rodrigo Toranzo, subsecretario de Exteriores de la SIDE hasta 1999, debía realizarse sin público, en un claro contraste con el juicio anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, cuando el TOF3 permitió que los periodistas y particulares interesados pudieran escuchar y ver los rostros de los espías convocados.

De todos modos, la medida no sorprendió, ya que los jueces adoptaron la misma decisión en ocasión de la indagatoria del subsecretario de Inteligencia menemista Juan Carlos Anchézar y el ex espía Patricio Finnen, ambos imputados en este juicio, y de otros testigos de ese extinto organismo.

Sin embargo, ni bien el presidente quincenal del tribunal, Néstor Costabel, lo consultó por las llamadas “generalidades de la ley”, Toranzo informó que es abogado de Hugo Anzorreguy en el fuero civil y que incluso lo patrocina en demandas por daños y perjuicios que le iniciaran los policías bonaerenses detenidos en el curso de esta investigación, lo cual dio lugar a un debate acerca de si podía o no declarar, que tras compulsar esas actuaciones, los jueces resolverán para el lunes.

En tal caso, el secretario de Inteligencia menemista deberá relevarlo de su obligación de guardar el secreto profesional.

Para la próxima audiencia volverá a ser citado Daniel Fernández, quien en 1994 trabajaba en la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE, a fines del año siguiente pasó a la de Contraterrorismo y no pudo declarar la semana pasada por falta de tiempo.