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Atentado a la AMIA, impunidad eterna y amenaza de segunda parte

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Agencia AJN.- ¿Ignoraremos otra vez las alertas? Los indicios que escriben preguntas a las que nadie responde, ¿no deben ser escuchados?

28 años atrás nos estremeció un estruendo que se escuchó por muchos barrios de Buenos Aires y nos heló el alma. Dos años antes una bomba asesina había destruido la Embajada de Israel y nosotros y nuestra justicia respondimos con un silencio que, ante este nuevo ataque, nos señalaba como culpables. De aquella impunidad son estas cenizas.

Los escombros escondieron las lágrimas de quienes morían sin saber por qué y todavía hoy las familias destrozadas por aquellas esquirlas nos miran pidiendo respuestas.

En la reconstrucción conceptual del proceso para saber qué había ocurrido, debimos retroceder y buscar en muchos adoquines las huellas de quienes lo idearon, lo financiaron y lo ejecutaron.

Vimos señales previas que por ignorancia o complicidad no fueron interpretadas y luego, quienes deberían haberlas convertido en alarmas, intentaron borrarlas para que no se les reproche su desidia.

Nadie había preguntado por qué, poco antes de ese negro 18 de julio, habían ingresado a nuestro país diferentes diplomáticos iraníes, exhibiendo pasaportes con números correlativos y con diferentes cargos que los que tenían en los países limítrofes.

Tampoco nos inquietó por qué todas las principales autoridades –incluyendo el Embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpur- poco antes de ese fatídico día, se habían retirado de sus destinos.
Porque ese Embajador había sido «despedido» de España tiempo antes de venir a Buenos Aires, no había sido un tema para indagar.

Tampoco por qué el Sheik de la Mezquita de Flores, Mohsen Rabbani -filmados muchas veces por la Inteligencia argentina cuando afirmaba que la revolución islámica debe expandirse por el mundo- regresó de Irán unos meses antes del ataque convertido en el agregado cultural de la Embajada, adquiriendo así inmunidad diplomática.

Nadie se preocupó por saber qué hacía El Reda (los dos hermanos que se ocupaban del financiamiento del atentado) en Santa Fe, cuando uno de ellos fue detenido intentando pasar dólares falsos. Los denominados «superdólares» que pertenecían a la misma remesa de los que se utilizaron en distintos atentados en Europa.

Tampoco inquietó que luego de que su hermano (casado con la secretaria de Rabbani) pagara la fianza fijada, ambos desaparecieran del radar de la justicia.

La Triple Frontera

Nadie -ni entonces ni ahora- se preocupó por los extraños movimientos en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) pese a estar absolutamente acreditado que desde allí se financia al terrorismo islamita.

Quién y qué ingresa o sale por ese límite del norte argentino que parece inexistente, no es un tema que parezca preocupar a nuestra Inteligencia.

Nadie investigó las empresas que aparentaban realizar actividad comercial sin rentabilidad, pero que permitían el ingreso y egreso de personas y de dólares. Ni nos explicó por qué fotografiaron a Rabbani tiempo antes del atentado en la búsqueda de un tráfico de las características de la que explotó en la AMIA.

Tampoco supimos –ni antes ni después– por qué se grababan las conversaciones telefónicas de la Embajada de Irán –agravio diplomático que generó su queja– si al igual que ahora, carecíamos de traductor del farsi por lo que nunca supimos qué se decía en ellas.

Alarmas hubo, pero las desoímos. Las casas seguras, la red de espionaje montada, las llamadas telefónicas a la Triple Frontera y a centros del Hezbolla fueron gritos que clausuró la sangre.

Se pudo reconstruir quienes ordenaron y financiaron el atentado, quien fue el suicida que manejó la camioneta, el rol de la triple frontera, el entrecruzamiento de llamados que indican desde cuándo ingresaron al país, a cuando se fueron los que planificaron el ataque (poco antes de la hora elegida para sembrar el terror).

Aquí y ahora: el avión

El 6 de junio pasado llegó a Argentina un avión Boeing 747 que aparenta ser de la empresa venezolana EMTRASUR. No a una pista clandestina ni a un aeropuerto pequeño.

Llegó a la más controlada de nuestras estaciones aéreas. Al día siguiente, las empresas Shell, YPF y Axxion se negaron a cargarle combustible porque recibieron un alerta.

El 8 parte con destino a Uruguay y, como si hubieran recibido algún mensaje, lo hace antes de la hora programada en el plan de vuelo, pero igualmente no llegan a entrar en cielo uruguayo antes de que sus autoridades den la orden para impedirlo.

Recién ahí, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aparentó preocuparse por saber quiénes eran los tripulantes y qué hacía de verdad el avión que había sido rechazado por el país vecino.

Antes, había ignorado que en un flete de carga viniera una tripulación mixta venezolana iraní de 19 personas, número difícil de justificar para la actividad que supuestamente realizaba. Se hicieron los distraídos al permitir que la mercancía transportada saliera sin ninguna revisión de su área.

Tampoco les llamó la atención el gasto operativo que significaba esa operación, ni siquiera se plantearon si el honorario por el flete lo cubría, ni se ocuparon de averiguar por qué se habían negado a cargarle combustible las empresas cuyo negocio es venderlo.

Nunca avisaron a la justicia, pero se molestaron en aparentar preocupación administrativa. Es el abogado de la tripulación (casualmente un letrado que fue condenado junto al ex vicepresidente Kirchnerista Amado Boudou) quien presentó un pedido de Habeas Corpus para exigir que carguen el combustible y dejen ir a la tripulación y al avión, quien abre el legajo judicial.

DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) denunció el hecho y se constituyó como querellante. ¿Cómo no hacerlo si la impericia vuelve a ser el invitado permanente en nuestros pesares?

¿Cómo ignorar que al igual que El Reda, el avión había estado en «Ciudad del Este» poco antes, extendiendo la estadía programada en ocho horas a tres días, habiendo, según afirma hoy Paraguay, realizado su tripulación movimientos lo suficientemente cuestionables como para abrir en ese país una investigación judicial y parlamentaria?

¿Cómo desoír los dichos públicos del Jefe de la inteligencia paraguaya, Esteban Aquino; del Presidente de ese país, Mario Abdo Benitez, del informe del FBI que advierten que había una alerta sobre el avión y al menos, sobre algunos de sus tripulantes, porque pertenecían a las fuerzas QUDS- Ejército revolucionario islamita cuya principal función es exportar aquella «revolución»- y que el avión perteneció (o pertenece aunque esté amparado con documentos venezolanos) a la aerolínea que trasportaba armas y personas para favorecer al Hezbolla?

Las torres gemelas

Desde el 2011 -cuando dos aviones fueron las armas utilizadas para volar las torres gemelas- los convenios internacionales, los tratados de colaboración mutua entre los estados para investigar delitos trasnacionales – especialmente narcotráfico y terrorismo- se multiplicaron. Pese a tanta firma, el magistrado, que intenta saber qué vino a hacer el avión sospechado a nuestro país, no recibe respuestas a sus múltiples exhortos.
¿Es nuestra Cancillería la que los demora? ¿Es un tema político, en un momento de tanto movimiento en los posicionamientos geo políticos de muchos de los actores que deberían colaborar, lo que frena las respuestas? ¿Nosotros? ¿Ellos? ¿Todos? Lo ignoro.

Las alarmas no sonaron, o al menos, como los casetes en farsi que tal vez hubieran impedido las muertes, nuestras autoridades de prevención no las escucharon o no las entendieron. Los tripulantes nos enrostran sus derechos humanos, el principio de inocencia y su compromiso de presentarse ante la justicia si son requeridos.

Irán, en la investigación de AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), no recibió siquiera los exhortos enviados por la justicia argentina con preguntas tan sencillas como la titularidad de algunas líneas telefónicas a las que se habían comunicado los terroristas.

La única vez que lo hizo, fue para decirnos que nuestra investigación era falsa y que debían defender la privacidad de sus ciudadanos. Obviamente, tampoco cumplió, sino que, por el contrario, burló las alertas rojas de Interpol para detener a los acusados. Muchos de ellos hoy se encuentran en altos cargos dentro de aquel gobierno.

Pero sus derechos humanos, pese a los indicios de cargo que intentamos convertir en prueba, porque la información de los servicios de inteligencia colaterales no alcanza esa categoría, nos son enrostrados para que se permita que vayan a un lugar, donde como ya lo experimentamos, nunca volverán a contestar nuestros requerimientos.

La verdad procesal no puede ser solo una máquina fotográfica que nos muestre la foto de un momento. Acostumbrarse a la frustración no puede adormecer nuestros reflejos. La frustración no puede ser nuevamente el corolario de la investigación. No aprendimos nada desde que mataron a nuestros hermanos.

El avión nos golpea el rostro demostrándonos que estamos igual o peor que en los noventa. No tenemos leyes, ni procedimientos, ni personal capacitado para prevenir e investigar delitos complejos.

La misma falta de cooperación entre las Fuerzas, los mismos intereses escondidos detrás la apariencia de colaboración, la misma indiferencia internacional. Nuevamente, resulta difícil saber si es corrupción o impericia.

Nuevamente, un juez y una fiscal sin medios ni apoyo, deben dirimir entre los derechos de los sospechados y el cuidado de la población inerme. Otra vez, quienes no respetan derechos humanos exigen que se respeten sus derechos.

Cuando intento ordenar los pensamientos garantistas que el Derecho Penal me enseñó, mientras repito sus bases constitucionales, escuchó las voces quebradas de una madre, una hermana y una hija que en este reciente aniversario del atentado a la AMIA nos preguntaban, entre lágrimas, por qué murieron.

Por Marta Nercellas, abogada de la DAIA, encabezó el juicio por el atentado al edificio de la AMIA.

Fuente: ElDebate

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AMIA: Irán calificó como ilegal el pedido argentino para arrestar al ministro del Interior buscado por la Justicia

Agencia AJN.- La Cancillería solicitó la detención internacional de Ahmad Vahidi en el marco de los viajes oficiales que el funcionario realizó a Pakistán y Sri Lanka.

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Vahidi Ahmad

Agencia AJN.- Irán consideró “ilegal” la orden de captura solicitada por Argentina contra el ministro del Interior Ahmad Vahidi por su participación en el atentado de 1994 a la AMIA, que dejó 85 muertos.

Según reprodujo la agencia internacional de noticias AFP, la República Islámica aseguró a través del portavoz de la Cancillería, Nasser Kanani, que la petición del gobierno argentino se basa en “mentiras” de los jueces que intervinieron en el caso.

Sin embargo, hay pruebas contundentes contra Vahidi y el resto de los acusados. El 12 de abril, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la mutual judía fueron ordenados por Irán e instrumentados por Hezbollah.

En ese contexto, la Cancillería recordó que existe alertas vigentes de Interpol para la detención internacional de Vahidi, quien se encuentra cumpliendo funciones para el gobierno y recientemente viajó a junto al presidente iraní a Pakistan. El viaje continuará en Sri Lanka aunque ya sin Vahidi en la delegación.

Una vez publicado el reclamo argentino, la agencia oficial de noticias iraní IRNA informó que Vahidi había regresado a Irán el martes para asistir a una ceremonia de investidura de un gobernador provincial.

Como Irán no acata las órdenes de detención emitidas por la justicia argentina e Interpol, la única oportunidad que tiene la Argentina de lograr las capturas es cuando los acusados salen del país.

En 2006, tribunales argentinos pidieron la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Luego de ocupar este cargo en Defensa, el teniente general Vahidi fue nombrado ministro del Interior en 2021. Pero para el momento del ataque de Buenos Aires, el funcionario era comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ayer, la Cancillería argentina, recordó que Vahidi continúa cumpliendo funciones para el gobierno con total impunidad.

“Este individuo es actualmente ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días. En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención. Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol”, indica el texto difundido por el Gobierno.

Además, se informó que “paralelamente al trabajo que están haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina”.

Vahidi, además de haber sido uno de los autores intelectuales del atentado, habría participado en una supuesta reunión en 1993 en la ciudad iraní de Mahshad, en la que, según la UFI AMIA, se habría decidido el atentado.

“No se limitó a participar pasivamente del cónclave, sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, dice el dictamen firmado en 2006 por el fiscal Alberto Nisman.

Fuente: Infobae.

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Con la presencia de la Vicepresidenta, la AMIA descubrirá una placa en homenaje al fiscal Nisman

Agencia AJN.- Además de Victoria Villarruel, asistirían la jueza Sandra Arroyo Salgado, su ex mujer, junto con sus hijas, Iara y Kala; Sara Garfunkel y Sandra Nisman, su madre y hermana; y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Waldo Wolff, entre otros.

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Agencia AJN.- A pocos días de haberse cumplido el 9° aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estuvo a cargo de la Unidad de Investigación del atentado a la AMIA y fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015, esta entidad descubrirá una placa en su homenaje en la plaza seca de la institución, mañana miércoles, a las 17 hs.

En diálogo con la Agencia AJN, desde la AMIA deslizaron que la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, habría confirmado su presencia.

Además, asistirían a la conmemoración la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, junto con sus hijas, Iara y Kala; Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal; y del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Waldo Wolff, entre otros.

«Cabe recordar que la muerte de Alberto Nisman, que conmocionó profundamente a toda la sociedad, está siendo investigada como un homicidio por la justicia argentina, y que se encuentra directamente vinculada con el rol y con la labor que llevó adelante desde la mencionada unidad fiscal, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación», afirmó la AMIA.

Nisman fue hallado sin vida en el baño de su departamento en Puerto Madero 4 días después de que el fiscal, quien era titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, presentara una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el presunto encubrimiento de 9 iraníes acusados en la causa por la voladura de la sede de la AMIA.

El expediente judicial que se originó a partir de la muerte de Nisman no sólo pasó por distintos juzgados, sino por distintos fueros. Se inició en el juzgado a cargo de Fabiana Palmaghini y la fiscalía de Viviana Fein, en el fuero ordinario de la Justicia criminal nacional, donde se investigan los delitos graves que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires. Se caratuló como “muerte dudosa” y al día siguiente del hecho, el entonces decano de la Morgue Judicial, Roberto Godoy, luego de realizarse la autopsia, le informó a Fein -que estaba a cargo de la investigación por delegación de la jueza- que no hubo intervención de terceros en la escena.

El único imputado en la causa era entonces el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado un arma a una persona que no tenía portación. Su defensa abonaba la hipótesis del suicidio, mientras que la querella, representada por la jueza federal de San Isidro y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, sostenía la hipótesis del homicidio y pedía que la causa pasara al fuero federal.

En mayo de 2015, la Junta Médica que analizó el caso, conformada por 10 peritos del Cuerpo Médico Forense, 2 de la Policía Federal, 1 de la defensa de Lagomarsino y 2 de la querella, concluyó que no había indicios para sostener que se trató de un homicidio. Los 2 representantes de Arroyo Salgado no firmaron el informe.

Sin embargo, hacia fines de 2015 Palmaghini desplazó a Fein de la instrucción de la causa y se hizo cargo de la investigación (algo que el Código Procesal Penal de la Nación le permite hacer en cualquier etapa). En marzo de 2016, la magistrada declaró la incompetencia del fuero ordinario y envió el expediente al fuero federal, como pedía la querella y el fiscal de Cámara, Ricardo Saénz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón: en septiembre de 2016 sostuvo que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones y que, por eso, el hecho debía investigarlo el fuero federal.

El expediente se trasladó a Comodoro Py y el sorteo dejó la investigación en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano. En este tramo de la investigación, a cargo de Taiano, se encomendó la realización en 2016 de un nuevo peritaje, pero en este caso se eligió a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina. El estudio realizado por esta dirección, como se dijo, concluyó que la muerte de Nisman se trató de un homicidio.

El expediente tiene 5 procesados: Lagomarsino, como partícipe necesario del presunto homicidio de Nisman por haberle entregado el arma; y 4 custodios del ex fiscal, por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La causa todavía no fue elevada a juicio oral y en la instrucción del expediente aún no se determinó quiénes fueron los autores materiales del presunto homicidio.

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