El juez Ariel Lijo, quien investiga las graves irregularidades cometidas en la investigación por el atentado a la AMIA, hizo lugar al  pedido del fiscal Alberto Nisman para que se cite a indagatoria al ex  presidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex magistrado Juan José Galeano y al ex Comisario Jorge “Fino” Palacios, entre otros siete acusados, de bloqueo de las pistas en relación a la conexión local, omitir la persecución de un delincuente y destrucción de pruebas.
En una entrevista exclusiva con la Agencia Judía Noticias (AJN), el fiscal
Alberto Nisman dijo que se trata de "un avance muy importante, indica que cada vez estamos más cerca de la verdad".
"El hecho de que el juez Ariel Lijo ordene las indagatorias demuestra que las pruebas que reunió luego de mi denuncia permitieron comprobar y corroborar las imputaciones que yo formulé y dejan en claro que la evidencia es muy sólida en contra de estas personas ", destacó Nisman.
El juez Lijo tuvo por probada la visita que Alberto Kanoore Edul (padre) efectuó al ex presidente Menem en la Casa Rosada, el 1 de agosto de 1994, en el preciso momento en que se encontraban allanando la vivienda de su hijo y el posterior llamado telefónico que efectuó a la oficina de Munir Menem, oportunidades en la que pidió protección para su hijo y que se detuviera la investigación a su respecto.
En este orden, el Juez les imputa a Carlos Menem y a Munir Menem, el haber determinado al ex Juez Galeano y a las fuerzas de seguridad e inteligencia actuantes en la causa, a abandonar el seguimiento de la línea de investigación que se desprendía a partir de la fundada sospecha de participación en el atentado, de Alberto Kanoore Edul. En esa misma línea, y en apoyo de la postura del Fiscal Nisman, el Dr. Lijo encuentra probadas las estrechas vinculaciones entre Kanoore Edul y Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, y hoy con pedido de captura avalado por INTERPOL, por su participación en el atentado.
Al ex juez Galeano el juez lo acusa de haber interrumpido la línea investigación de uno de los principales sospechosos de haber integrado la conexión local, el haber consentido y dado de baja las intervenciones telefónicas de los abonados de Kanoore Edul a escasos días de haber sido ordenadas,  prescindiendo del análisis del valor informativo de su contenido, haber omitido el análisis de elementos secuestrados en uno de los allanamientos a Edul y la desaparición de los legajos de transcripciones de las  escuchas telefónicas de referencia.
Al ex comisario Jorge Palacios lo acusa de haber prestado una colaboración indispensable y necesaria en el ocultamiento  de información que podía incriminar a Kanoore Edul, mediante las comunicaciones telefónicas que mantuvo desde su celular con dos teléfonos del investigado, horas antes de efectivizar los allanamientos, poniéndolo sobre aviso de lo que iba a ocurrir.
También acusa el juez Lijo a Palacios de haber ocultado la existencia de dichos abonados telefónicos y el haber sustraído y ocultado los cassetes de escuchas telefónicas correspondientes a 3 abonados pertenecientes a Alberto Kanoore Edul, los que hasta la fecha no han aparecido.
Hugo Alfredo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar deberán responder por el ocultamiento de información que podía incriminar a Kanoore Edul, a partir de la baja de las intervenciones telefónicas a escasos días de haber sido ordenadas, cuando las sospechas existentes imponían no sólo su continuación, sino su profundización, y el haber asentado información falsa que justificara el injustificado levantamiento de dichas intervenciones.
Estos hechos, al momento de efectuar la denuncia, el Fiscal Nisman los calificó como constitutivos de los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión o retardo de los deberes del oficio, destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, falsedad ideológica de instrumento público y falsedad por supresión o destrucción de documentos públicos, delitos por los que puede corresponder una pena de hasta 21 años de prisión
Las acusaciones en torno a estas siete personas hacen referencia a la investigación posterior al atentando, ocurrido el 18 de  julio de 1994 en Buenos Aires, y a un sin fin de irregularidades que se cometieron en la revisión de los actos de uno de los principales sospechosos de la llamada "conexión local", el empresario textil sirio-argentino, Alberto Jacinto Kanoore Edul.
Kanoore Edul llamó el 10 de julio de 1994 (8 días antes del atentado) a Telleldín, dueño de la tráfic cuyos restos se hallaron luego de la explosión, y jamás pudo explicar el porque de esa comunicación.
Si bien Edul era dueño de una empresa textil, se hallaron en su agenda 11 números de teléfonos de talleres mecánicos y además los datos y la dirección del ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani, con pedido de captura y circular roja ratificada por INTERPOL, y quien justamente, fue fotografiado buscando una Traffic meses antes del atentado.
"Sí había un sospechoso en los primeros días de la investigación, además de Telleldín, este era Alberto Kannore Edul, y a medida que las evidencias en su contra aumentaban, en vez de investigarlo, se le garantizó su impunidad", sostuvo Nisman en diálogo con esta agencia.
El fiscal de la causa sostiene que la investigación a Kanoore Edul fue bloqueada por el entonces presidente Menem a través de un llamado que hizo su hermano, Munir, al despacho del juez Galeano, quién, además está acusado
de ocultar las agendas secuestradas a Edul.
Incluso cuando el ex presidente Néstor Kirchner ordenó levantar el secreto en la SIDE sobre todo lo relacionado con la causa AMIA, Nisman accedió a una copia de las transcripciones.
En ellas hay una llamada de Mabel, hermana de Kanoore Edul, en la que le cuenta a la esposa de Kanoore que Alberto Edul (padre de Jacinto) estaba en la Casa Rosada "tratando de arreglar las cosas".
El resto de las imputaciones ligadas a los jefes de la SIDE, al juez Galeano y al ex comisario Palacios tienen que ver con el abandono de las intervenciones telefónicas por parte de la Secretaría de Inteligencia.
A eso se agregan las irregularidades en los allanamientos que solicitó Galeano a la casa de Kanoore Edul en su momento y las misteriosas llamadas del celular de Palacios a Edul el día de los allanamientos, las que se realizaron 8 horas más tarde de lo que estaba previsto.
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