Agencia AJN.- Israel allanó las oficinas de varios grupos de defensa de los derechos de los palestinos que había designado previamente como organizaciones terroristas, sellando las puertas de entrada y dejando avisos que las declaraban cerradas, aseguraron los grupos.

Israel ha afirmado que algunos de estos grupos tenían vínculos con el militante Frente Popular para la Liberación de Palestina, un movimiento secular de izquierdas con un partido político y un brazo armado que ha llevado a cabo ataques mortales contra israelíes. Los grupos niegan la afirmación de Israel.

Shawan Jabarin, director de al-Haq, uno de los grupos atacados, confirmó que las fuerzas allanaron la oficina. Dijo que su personal aún está examinando si se ha confiscado algún documento.

Las tropas israelíes «vinieron, volaron la puerta, entraron y revolvieron los archivos», dijo a The Associated Press.

Los defensores de los derechos han descrito las medidas de Israel contra los grupos como parte de una represión de décadas contra los activistas políticos en los territorios disputados. En julio, nueve Estados miembros de la UE afirmaron que Israel no ha respaldado sus acusaciones y que seguirán colaborando con los grupos en cuestión.

«Estas acusaciones no son nuevas e Israel no ha logrado convencer ni siquiera a sus amigos», dijo Jabarin.

El miércoles, la oficina del ministro de Defensa, Benny Gantz, reiteró su afirmación de que los grupos «operan bajo la apariencia de realizar actividades humanitarias para promover los objetivos de la organización terrorista FPLP, para fortalecer la organización y reclutar operativos».

La mayoría de las organizaciones señaladas documentan presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de Israel y de la Autoridad Palestina, que detienen habitualmente a activistas palestinos.

Entre los grupos allanados se encuentran Al Haq, un veterano grupo de derechos palestinos respetado internacionalmente; Addameer, que aboga por los presos palestinos; la Unión de Comités de Mujeres Palestinas; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo.

Jabarin dijo que «vecinos y extraños» que estaban cerca durante el asalto del jueves habían abierto la oficina en Ramallah tan pronto como las fuerzas israelíes se fueron, y que el personal de al-Haq estaba dentro y reanudando su trabajo.

«No pedimos permiso a ningún funcionario militar o político israelí. Seguimos adelante, animados por nuestra creencia en la responsabilidad y el derecho internacional», dijo.

Las redadas del jueves se producen siete meses después de que Israel ilegalizara a Al-Haq, Addameer, Bisan y otros.

El ejército israelí dijo que había cerrado siete instituciones y confiscado sus propiedades en la redada del jueves. El ejército no se pronunció inmediatamente sobre la discrepancia en las cifras, entre los grupos designados y los grupos allanados.

El gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania describió el cierre de las organizaciones como una «peligrosa escalada y un intento de silenciar la voz de la verdad y la justicia». Hussein al-Sheikh, un alto funcionario palestino, dijo que la AP apelará a la comunidad internacional para reabrir las instituciones.

Israel y los países occidentales consideran al FPLP una organización terrorista.

Una declaración del Ministerio de Defensa del año pasado decía que algunos de los grupos ilegalizados están «controlados por altos dirigentes del FPLP y emplean a sus miembros, incluidos algunos que han participado en actividades terroristas».

También dijo que los grupos sirven como «fuente central» de financiación del FPLP y que habían recibido «grandes sumas de dinero de países europeos y organizaciones internacionales», sin dar más detalles.

Israel lleva mucho tiempo acusando a los grupos de derechos humanos y a los organismos internacionales de ser parciales contra él y de señalarlo mientras ignoran violaciones más graves por parte de otros países.