Agencia AJN.- Funcionarios y dirigentes israelíes denunciaron el miércoles a la Corte Penal Internacional después de que su principal fiscal abriera una investigación sobre presuntos crímenes de guerra israelíes y palestinos. El anuncio de la fiscal Fatou Bensouda sobre la investigación, que se centrará en los supuestos crímenes en torno a la Operación Margen Protector, que comenzó el 13 de junio de 2014, se produjo menos de un mes después de que el tribunal con sede en La Haya se declarara competente para abrir una investigación.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel estaba «bajo ataque» y calificó a la decisión de «puro antisemitismo e hipocresía». «Lucharemos por la verdad hasta que se anule esta escandalosa decisión», aseguró el mandatario en una declaración en vídeo.

PM Benjamin Netanyahu:
"La decisión de hoy de la Corte Internacional de abrir una investigación contra Israel por crímenes de guerra es absurda. Es antisemitismo puro y el colmo de la hipocresía.. nunca dejaremos de luchar contra esta injusticia" pic.twitter.com/QNhnoflx98

— Israel en Español (@IsraelinSpanish) March 3, 2021

Haciéndose eco de Netanyahu, el presidente Reuven Rivlin tildó la decisión de «escandalosa» y dijo que Israel no toleraría ninguna reclamación que menoscabe «el derecho y la obligación» de defender a los ciudadanos israelíes. «El Estado de Israel es un Estado fuerte, judío y democrático que sabe defenderse e investigarse cuando es necesario», señaló en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Gabi Ashkenazi, dijo que la decisión era «un acto de bancarrota moral y legal» y desestimó el anuncio de Bensouda como «política», señalando que se acercaba al final de su mandato. «El hecho de que el grupo terrorista asesino Hamás esté alabando la decisión indica más que nada que carece de toda validez moral», manifestó Ashkenazi, ex jefe del Estado Mayor de las FDI, en un comunicado.

«Israel es un Estado democrático con un sistema jurídico independiente y eficaz, que ni siquiera es miembro del tribunal», agregó el canciller, quien además prometió que Israel seguirá tomando «todas las medidas necesarias» para defender a los ciudadanos y soldados israelíes de la «persecución legal».

También pidió a todos los países «que consideran importante proteger el sistema legal internacional de la politización» que no cooperen con la investigación.

Mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores @Gabi_Ashkenazi sobre el fallo de la Corte Penal Internacional:

"La decisión de la fiscal de abrir una investigación es moralmente fallida y legalmente defectuosa. pic.twitter.com/Ig7fvY6qws

— Israel en Español (@IsraelinSpanish) March 3, 2021

Numerosos políticos de derecha y de centro también denunciaron la decisión. El líder de la oposición, Yair Lapid, la calificó de «vergüenza antisemita», que «profundizará el conflicto y alentará la intransigencia palestina».

«El tribunal de La Haya es un organismo antisemita inmerso en el odio a Israel que fomenta el terrorismo en lugar de combatirlo», dijo el partido israelí de derecha Yamina. «Mientras nuestros enemigos disparan misiles, colocan explosivos, apuñalan y matan a israelíes como si fueran animales, el tribunal decide investigar a Israel en lugar de a los asesinos de niños y a los terroristas suicidas».

La legisladora Michal Cotler-Wunsh, enlace del Parlamento para asuntos relacionados con la Corte Penal Internacional, calificó de «absurda» la promesa de Bensouda de que la investigación se llevará a cabo «de forma independiente, imparcial y objetiva, sin miedo ni favor». «Todos los conocedores del derecho internacional y de los derechos humanos, así como los Estados miembros de la CPI y los donantes, deben reconocer y abordar el daño que esta decisión causa a los principios fundacionales del Estatuto de Roma y a su mandato previsto, socavando la capacidad y la responsabilidad de servir como tribunal de último recurso para las víctimas de los crímenes más atroces que necesitan su protección», expresó Cotler-Wunsh, refiriéndose al tratado por el que se crea el tribunal.

Por el contrario, tanto la Autoridad Palestina (AP), con sede en Ramallah, como la agrupación terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, aplaudieron la decisión.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la AP indicó que estaría dispuesta a proporcionar «cualquier ayuda necesaria para hacer justicia para el pueblo palestino». «Este paso tan esperado sirve al incansable esfuerzo de Palestina por lograr la justicia y la rendición de cuentas, que son fundamentos indispensables para la paz que el pueblo palestino exige y merece», decía el mensaje. «Los crímenes cometidos por los dirigentes de la ocupación israelí contra el pueblo palestino son continuos, sistemáticos y generalizados», concluyó el gobierno palestino.

En la misma línea, Hamás, que está directamente implicado en los crímenes de guerra que el tribunal pretende investigar, también emitió una declaración en la que celebraba la decisión. En el comunicado, un portavoz de Hamás defendió sus acciones contra Israel como «resistencia legítima».

En febrero, una sala de instrucción de la CPI determinó que La Haya es competente para abrir una investigación penal contra Israel y los palestinos por los crímenes de guerra que supuestamente se produjeron en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalem Oriental, lo que allana el camino para una investigación completa tras una investigación preliminar de cinco años abierta por Bensouda.

Bensouda indicó en 2019 que una investigación penal, si se aprueba, se centraría en el conflicto entre Israel y Hamás de 2014 (Operación Margen Protector), en la política de asentamientos israelíes y en la respuesta israelí a las protestas en la frontera de Gaza. La investigación también se centrará probablemente en las acusaciones de crímenes de guerra por parte de Hamás contra civiles israelíes.

La CPI no juzga a países, sino a individuos. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo el martes que cientos de israelíes, incluido él mismo, podrían ser objeto de investigaciones por crímenes de guerra.

Las principales potencias mundiales y regionales, como Estados Unidos, Rusia, China, India y Turquía, no son miembros del tribunal, como tampoco lo es Israel.