Agencia AJN.- El debate final sobre el proyecto de ley de estándar de razonabilidad durará 26 horas en el pleno de la Knesset, hasta el lunes a las 12. Luego se comenzará a votar, lo que llevará varias horas más. Se espera que el proyecto de ley se convierta en ley por la tarde.

El presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia, Simcha Rothman (Partido Sionista Religioso), presentó el proyecto de ley.

«La situación actual no es democracia ni Estado de derecho», dijo Rothman. “El Tribunal Superior de Justicia no determinará lo que es razonable, los ministros determinarán» eso, agregó.

Según Rothman, el propósito del proyecto de ley es volver al estándar de razonabilidad de hace 40 años.

“Dejen de engañar al pueblo de Israel”, dijo Rothman. Argumentó que no hay base para la afirmación de que el propósito del proyecto de ley es permitir que el gobierno lleve a cabo ciertas medidas, como nombrar ministro al presidente del Shas, Arye Deri, después de que la Corte Suprema utilizara el estándar de razonabilidad para anular su nombramiento en enero, o despedir a la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

Los miembros de la oposición que apoyaron el proyecto en el pasado se oponen ahora simplemente porque perdieron las elecciones, acusó Rothman.

“No marchamos ayer para declarar la guerra, sino para prevenir una. Para decirle al gobierno: si todavía tiene algún sentido de la justicia, deténgase”, dijo el líder de la oposición y presidente de Yesh Atid, Yair Lapid.

“Si quiso decir una sola palabra de lo que ha dicho sobre la unidad nacional, deténgase. Si se detiene, estamos aquí. Hablamos en la Residencia del Presidente. Las puertas están abiertas, esperándonos a todos. Esperando que regresemos y hablemos para prevenir un desastre. Para prevenir la desintegración. Para evitar que una minoría extrema tome el control de la vida de la mayoría israelí”, dijo Lapid.

“Quiero decirle al gobierno de Israel desde este podio: no queremos derrotar a nadie porque entonces todos perdemos. La verdad es que todos quieren un compromiso, pero nadie sabe cómo llegar a uno o cómo será.»

“Solo hay una forma de averiguarlo: seguir intentándolo. Detener la legislación. Ir a la Residencia del Presidente. Nuestras piernas rezarán todo el camino hasta allí. Necesitamos ir allí y discutir, pelear y hablar una y otra vez y no dejar de intentarlo porque el destino de Israel depende de ello”, dijo Lapid.

Otro líder de la oposición, el presidente de Unidad Nacional, Benny Gantz, dijo: «lo que enfrentamos es un cisma en el documento de identidad israelí como nunca hemos conocido».

“Las FDI son un ejército del pueblo y cuando el pueblo está dividido y en conflicto, se filtra hacia las FDI”, dijo Gantz.

El presidente de Unidad Nacional repitió su propuesta de la semana pasada de entrar inmediatamente en conversaciones sobre el proyecto de ley de estándar de razonabilidad y aprobarlo, y luego sobre el resto de la reforma judicial, solo por consenso. Sin embargo, aceptar un compromiso sobre el proyecto de ley de estándar de razonabilidad sin un compromiso de consenso sobre el resto de la legislación no lograría nada, agregó.

De acuerdo con un protocolo especial para el proyecto de ley de estándar de razonabilidad que fue aprobado la semana pasada en el Comité Interior de la Knesset, el pleno tendrá hasta 140 votos sobre las más de 27.000 objeciones presentadas por la oposición. La oposición elegirá qué objeciones someterá a votación.

Representantes del primer ministro Benjamin Netanyahu continuaron el domingo manteniendo conversaciones con otros miembros de la coalición y representantes de la Residencia Presidencial sobre una versión suavizada del proyecto de ley.

Dado que el proyecto de ley ya fue aprobado en el Comité Legal, la única forma de que el proyecto de ley cambie es si la coalición vota para apoyar una o más de las objeciones.

El «proyecto de ley de estándar de razonabilidad» es una enmienda a la Ley Básica: El Poder Judicial, que impediría que los tribunales de Israel apliquen lo que se conoce como el «estándar de razonabilidad» a las decisiones tomadas por funcionarios electos. El estándar es una doctrina de derecho consuetudinario que permite la revisión judicial contra las decisiones administrativas del gobierno que se consideran más allá del alcance de lo que emprendería una autoridad responsable y razonable.

La redacción actual del proyecto de ley prohíbe el uso de la norma para las decisiones tomadas por el primer ministro, el gabinete o cualquier ministro. También prohíbe su uso contra la decisión de un ministro de no hacer uso de su autoridad y sobre los nombramientos de trabajadores del gobierno.

Los defensores de la ley argumentan que es una herramienta altamente subjetiva para el activismo judicial que permite a la Corte subvertir la política del gobierno con sus propios puntos de vista. Los críticos argumentan que la herramienta es esencial para contrarrestar la corrupción y garantizar la protección de las personas frente a decisiones gubernamentales arbitrarias y caprichosas.