Agencia AJN.- La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este martes la nulidad de la causa en la que está acusada de presunta traición a la patria por la firma del Memorándum con Irán, en el marco de la investigación del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994.

«Venimos a promover el presente incidente de la nulidad, a efectos de solicitar que se declare la invalidez de los actos procesales», indicó en la presentación realizada por la ex mandataria.

Hoy solicitamos la nulidad de la causa de Memorándum con Irán. https://t.co/3utvOVAiQj

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 4, 2021

Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi pidieron que se realice una audiencia pública para que los acusados expongan sus argumentos para ser sobreseídos, y que esa audiencia sea transmitida por los medios de comunicación. Buscan que todas las intervenciones y fallos de estos dos jueces en la causa por el pacto con Irán sean anulados.

En ese expediente, que está en etapa de juicio oral, pero sin fecha de inicio para el proceso, ya había planteado la nulidad el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, apenas se conocieron las visitas de los jueces a Olivos durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Se sumaron a esos planteos y a la recusación de ambos magistrados los acusados Luis D’Elía y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abonna.

La vicepresidenta basó su planteo en los “permanentes encuentros y reuniones en Olivos y la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces Hornos y Borinsky”. Ellos firmaron, en diciembre de 2016, el fallo que dejó sin efecto la desestimación de la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman.

«La resolución dictada el 29 de diciembre de 2016 en el marco de la causa N° 777/2015 -luego acumulada a estas actuaciones- a través de la cual la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen al proceso, apartó a todos los jueces que habían convalidado tal decisión y ordenó la remisión de la causa a un nuevo magistrado para su continuación», sostuvo en su presentación.

Al respecto, la vicepresidenta indicó que «si un juez mantiene reuniones con el presidente de la Nación y al mismo tiempo interviene y decide en una causa sobre la que el mismo presidente de la nación está interesado, según surge de sus manifestaciones públicas, ¿puede realmente ese juez ser independiente e imparcial? Claramente no”.

En este contexto, Cristina Kirchner calificó a la causa como un proceso “de los más escandalosos de nuestra historia”.

«Como consecuencia lógica del temperamento impetrado, solicitamos que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afecta su buen nombre y honor», reclamó.

Asimismo, la vicepresidenta también requirió que tal mención alcance al ex canciller Héctor Timerman, quien fuera sobreseído en este proceso por extinción de la acción penal debido a su fallecimiento.

En la presentación, la ex presidenta expresó que en esta causa las garantías constitucionales fueron «vulneradas» y advirtió que ante «la enorme gravedad institucional del caso», se reserva el derecho de acudir ante la Corte Suprema de Justicia así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos.

Lo cierto es que el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky quedó en la mira del kirchnerismo tras trascender que visitó en reiteradas oportunidades la quinta de Olivos durante la presidencia de Macri. También quedó en la mira el juez Hornos, cuyas visitas a la Casa Rosada habían trascendido un mes antes que las de Borinsky.

“La actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, importó una severa afectación a la garantía del juez natural, la cual se extiende a todas las resoluciones dictadas por dichos magistrados, así como también a los demás actos procesales que guardan conexión con las mismas”, argumentó la defensa de la vicepresidenta.

En la presentación de 74 páginas, Cristina Kirchner remarcó que «es claro que la actuación de los jueces Hornos y Borinsky no se ajusta a los estándares que gobiernan la garantía del juez natural, tal como lo interpreta la jurisprudencia citada y, de manera particular, los establecen los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial».