Agencia AJN.- El primer ministro, Benjamin Netanyahu, llegó a la casa del ministro del Interior y de Salud, Arye Deri, en el barrio de Har Nof de Jerusalén, poco después del anuncio de la inhabilitación de Deri para el cargo de ministro por parte del Tribunal Superior.

KAN informó que varios legisladores de Shas también fueron a la casa de Deri luego de la decisión.

Se vio al primer ministro salir de la casa de Deri después de una reunión de aproximadamente una hora.

Por diez a uno, el Tribunal Superior dictaminó que Netanyahu debe destituir a Deri de sus cargos debido a la irracionalidad del nombramiento y al acuerdo de culpabilidad del presidente de Shas en el que prometió que no volvería a la vida pública. El tribunal se negó a pronunciarse sobre el procedimiento de enmienda de la Ley Básica, el tercer elemento solicitado por los críticos.

Shas conservará los ministerios del Interior y de Salud y Deri sigue seguirá como miembro de la Knesset.

La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, y otros seis jueces dijeron que si bien la intervención judicial en el nombramiento de un ministro debe limitarse y usarse solo en casos graves, el caso de Deri representa una situación extrema e inusual.

El Tribunal Superior determinó que el largo y persistente historial de delitos penales de Deri en el servicio público es extremo y permitió la aplicación de la cláusula de razonabilidad. El tribunal utiliza la cláusula para interceder en decisiones administrativas que están más allá del alcance de lo que considera una autoridad razonable y responsable.

El juez Yosef Elron disintió y dijo que Netanyahu debería consultar con el Comité Electoral para determinar si los delitos fiscales se consideran bajeza moral, un título que, afectaría el nombramiento ministerial.

La firma de Deri de un acuerdo de culpabilidad por delitos fiscales cometidos mientras estaba en el cargo se citó como factor de apoyo a la decisión del tribunal. Gran parte del tribunal aceptó que al firmar el acuerdo de culpabilidad, se había comprometido a retirarse de la vida pública. El equipo legal de Deri argumentó que el acuerdo no incluía su retiro del trabajo en el gobierno y que nunca tuvo la intención de comprometerse con tal acción.

El tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre las preocupaciones con respecto a la enmienda a la Ley Básica, que dijo que es el último recurso, y usar la revisión judicial en tal situación la invalidaría como tal.

El juez David Mintz argumentó que no es posible realizar una revisión de las Leyes Básicas, en las que ya se encontraba la enmienda.

Sin embargo, el tribunal señaló que la legislación está contaminada por una «mancha personal distinta».

Corte Suprema de Israel

En diciembre se aprobó la reforma, denominada “Ley Deri”. Modificó la Ley Básica: El Gobierno que impedía que aquellos con sentencias condicionales pudieran ejercer como ministros. El acuerdo de culpabilidad por delito fiscal de Deri le otorgó una sentencia de prisión suspendida y una multa.

«El tribunal envió un mensaje claro hoy de que un criminal no puede servir como ministro”, dijo Dafna Holtz-Lachner, abogada de uno de los grupos peticionarios, Ciudadela de la Democracia.

El Movimiento de Pureza Moral, otro peticionario, también se mostró complacido con la decisión, pero dijo que espera que «no lleguemos a lugares peligrosos de desobediencia a las sentencias del Tribunal Superior».

Espera «que las amenazas que se hacen actualmente contra el Tribunal Superior no conduzcan, D’s no lo quiera, a un estado de anarquía».

Otro peticionario, el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, fue más positivo y dijo: «El Movimiento está seguro de que el primer ministro Netanyahu respetará el veredicto y despedirá a Deri. El gobierno no es un centro correccional para criminales, y el Estado de Israel merece más».

Miembros de la coalición salieron con fuertes declaraciones en contra del fallo, calificándolo de golpe de Estado y revolución.

Otros atacaron la cláusula de razonabilidad y prometieron impulsar las reformas judiciales propuestas a principios de enero por el ministro de Justicia, Yariv Levin.