Agencia AJN.- En más de 20 años de vida pública, apoyé firmemente a Israel y a su pueblo tanto en palabras como en hechos, por ejemplo construyendo instalaciones médicas allí, cofundando un centro de liderazgo, apoyando sus innovadores programas locales y financiando otras buenas causas. Nunca me involucré en su política interior ni critiqué sus iniciativas gubernamentales. Pero mi amor por Israel, mi respeto por su pueblo y mi preocupación por su futuro me llevan ahora a pronunciarme contra el intento del actual gobierno de abolir de hecho el poder judicial independiente del país.

Según la propuesta de la nueva coalición, una mayoría simple de la Knesset (Parlamento israelí) podría invalidar al Tribunal Supremo de la nación y atropellar los derechos individuales, incluso en asuntos como la libertad de expresión y de prensa, la igualdad de derechos para las minorías y el derecho de voto. La Knesset podría incluso llegar a declarar que las leyes que aprueba no pueden ser revisadas por el poder judicial, una medida que recuerda la tristemente célebre frase de Richard Nixon: «Cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal».

El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se está preparando para el desastre al intentar reclamar ese mismo poder, poniendo en peligro las alianzas de Israel en todo el mundo, su seguridad en la región, su economía local y la propia democracia sobre la que se construyó el país.

El daño económico ya se está sintiendo, como demostró la caída del shekel (moneda israelí). Un amplio abanico de empresarios e inversores se manifestaron pública y privadamente en contra de la propuesta del gobierno. Y en un signo preocupante, algunas personas ya empezaron a retirar dinero del país y a reevaluar sus planes de crecimiento futuro en él. Como propietario de una empresa global, no los culpo.

Las empresas y los inversores valoran enormemente la existencia de sistemas judiciales fuertes e independientes porque los tribunales ayudan a protegerlos, no sólo contra la delincuencia y la corrupción, sino también contra las extralimitaciones del gobierno. Igualmente importante es que protegen lo que más valoran sus empleados: los derechos y libertades individuales.

Las empresas compiten a escala mundial por el talento. Los países también. Los mejores y más brillantes quieren vivir en países donde puedan estar seguros de que no serán perseguidos ni discriminados por lo que creen o por lo que aman. El compromiso de Israel con estas protecciones jurídicas desempeñó un papel crucial en su desarrollo como nación start-up, capaz de competir con Silicon Valley y otros centros tecnológicos con trabajadores altamente cualificados.

Incluso el extraordinario aumento de la posición económica de Israel en la última generación puede ser el mayor logro de Netanyahu. Es justo decir que ningún primer ministro hizo más por transformar su economía en una potencia mundial. Sin embargo, a menos que cambie de rumbo, Netanyahu corre el riesgo de tirar por la borda todo ese progreso y el legado que tanto le costó conseguir. El daño económico podría hacer que el costo que está pagando el Reino Unido por el Brexit parezca una burbuja pequeña.

Pero no se trata sólo de la economía, por supuesto. La seguridad de Israel se basa en parte en una relación con Estados Unidos construida sobre valores compartidos -libertad, igualdad, democracia- que sólo pueden sostenerse mediante un compromiso con el Estado de Derecho, incluido un poder judicial independiente capaz de defenderlo.

Si Israel se aleja de ese compromiso a largo plazo y orienta su modelo de gobierno hacia uno que refleje el de los países autoritarios, corre el riesgo de debilitar sus lazos con Estados Unidos y otras naciones libres.

Sería una pérdida devastadora para la seguridad de Israel, perjudicaría las perspectivas de una resolución pacífica del conflicto palestino y podría incluso poner en peligro el futuro de la patria judía.

También socavaría el profundo apego que millones de personas de todo el mundo sienten hacia el país, en ocasiones debido al orgullo que nuestros padres nos inculcaron no sólo por su carácter judío sino también por su firme compromiso con la libertad.

En Estados Unidos, la insistencia de nuestros padres fundadores en los frenos y contrapesos para controlar las tendencias tiránicas de las mayorías fue parte de su genialidad. Nuestra Constitución no es perfecta -ninguna ley lo es-, pero sus numerosos controles y equilibrios fueron esenciales para proteger y promover los derechos fundamentales y mantener la estabilidad nacional.

Sólo gracias a esas salvaguardias Estados Unidos fue capaz de soportar en los últimos años sacudidas extremas a nuestra democracia -incluido un vergonzoso intento de impedir el traspaso pacífico del poder- sin una fractura catastrófica.

Al soportar esas conmociones, Estados Unidos también tuvo un lujo del que Israel carece: vecinos amistosos en nuestras fronteras. Podíamos permitirnos algunas dolorosas divisiones nacionales sin temer que nuestros vecinos pudieran explotarlas militarmente.

Israel no puede. Se encuentra en uno de las regiones más peligrosos del mundo, enfrentado a amenazas de Irán y otras que Netanyahu califica acertadamente de existenciales. Cuanto más dividido esté en casa, más débil parecerá ante sus enemigos.

Los países limitados por enemigos externos tienen aún más necesidad de buscar un compromiso interno, y tengo la ferviente esperanza de que Netanyahu convenza a su coalición de la necesidad de hacer caso a la petición del presidente Isaac Herzog de dar marcha atrás y reducir la velocidad.

En 2014, cuando la Administración Federal de Aviación prohibió a las aerolíneas estadounidenses volar a Israel después de que un cohete de Hamás aterrizara cerca del aeropuerto Ben-Gurión (Tel Aviv), embarqué en un vuelo de El Al, sin temer ningún peligro. Israel toma medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los pasajeros aéreos, y argumentó correctamente que prohibir los vuelos equivalía a una capitulación ante Hamás que cerraría de hecho la economía del país, dado que el transporte aéreo es la única forma práctica de entrar y salir para casi todos los viajeros.

Yo quería apoyar a Israel frente a Hamás, remarcando la seguridad de los viajes a Israel e instando a la administración Obama a cambiar de rumbo, cosa que hizo pronto, para su satisfacción.

Aquel día me recibió en la pista el Primer Ministro Benjamín Netanyahu. Me agradeció mi apoyo, y yo le agradecí el apoyo de Israel a la ciudad de Nueva York y a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

Los aliados cercanos unidos por valores compartidos se unen en tiempos de necesidad, no sólo para apoyarse mutuamente, sino para reafirmar las obligaciones inviolables que tenemos de defender esos valores. Y por eso vuelvo a levantarme ahora.

 

 

Artículo publicado por Michael R. Bloomberg en The New York Times. El autor es el fundador de Bloomberg y Bloomberg Philanthropies y fue alcalde de Nueva York de 2002 a 2013.

Agencia AJN.- No soy solo un Rab de más de 40 años, también fui redactor jefe de artículos de la revista UCLA Law Review, pasante de derecho federal del Honorable Danny J. Boggs en el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de los Estados Unidos y profesor de derecho durante casi veinte años. El juez Boggs fue presidente del Sexto Circuito de los Estados Unidos y estaba en la lista de candidatos a juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aprendí mucho de él sobre derecho y la práctica de la apelación, y he seguido aprendiendo de él estos últimos treinta años. Aun así, estas reflexiones son mías, nacidas de mi propia experiencia jurídica y de profundas devociones judías y sionistas (lo mismo).

Mis lectores saben cuál es mi postura. Nunca transijo en ninguna cuestión de principios, sin importar el coste personal, pero sí transijo en cuestiones no relacionadas con los principios por una cuestión práctica. Ahora que el drama de la Reforma Judicial se ha desarrollado, que la legislación propuesta ha pasado su primera lectura y que los mediocres como Yair Lapid, Benny Gantz, Gideon Sa’ar, Avigdor Liberman y sus seguidores han demostrado no estar dispuestos en absoluto a sentarse a negociar, prefiriendo efectuar un push desde las calles tras perder cinco elecciones nacionales en menos de cuatro años, estoy dispuesto a pasar unilateralmente al siguiente paso de mi análisis. A menos que negocien.

Los enemigos de la Reforma Judicial propuesta sostienen universalmente que, si no pueden tener la tiranía de extrema izquierda de Aharon Barak, quieren al menos un sistema judicial al estilo estadounidense. La administración Biden, incluidos Blinken y Nides, seguramente no estarían en desacuerdo, aunque no les importe. Sin embargo, una persona justa y razonable no se esforzaría por enemistarse con ellos si el enfoque sensato les tranquilizara de todos modos, aunque no les importe. Desglosemos las diez partes:

1). La razón por la que el desordenado sistema judicial estadounidense siempre ha funcionado es que los tribunales se equilibran cíclicamente. Primero, los demócratas electos crean un poder judicial mayoritariamente de izquierdas, que está sesgado en extremo a la izquierda. Luego, con el tiempo, son elegidos un presidente y un senado republicanos, que inclinan el poder judicial mayoritariamente hacia la derecha, y ese sesgo equilibra las cosas hasta el siguiente ciclo, cuando los demócratas lo recuperan. A lo largo de las décadas, los tribunales estadounidenses han pasado de inclinarse a la izquierda a inclinarse a la derecha y viceversa, dependiendo del ciclo. Por un lado, los tribunales de Estados Unidos son injustos, pero, por otro lado, el desorden se arregla un poco cada vez que le toca el turno al otro bando. Toda democracia funciona por ciclos: FDR a Eisenhower a Kennedy-Johnson a Nixon-Ford a Carter a Reagan a Obama a Trump a Biden. Israel también, después de los dolores de parto de los primeros 30 años de tiranía marxista izquierdista: Begin-Shamir a Peres a Shamir a Rabin-Peres a Bibi a Barak a Sharon el Bueno a Sharon el Malo-Olmert a Bibi a Lapid-Bennett a Bibi. (Me he saltado a algunos que no importan en el análisis).

Se ha escrito mucha tinta en hebreo y en inglés sobre cómo el Congreso de Estados Unidos puede contrarrestar a su Tribunal Supremo, ya sea redactando de nuevo y aprobando una legislación modificada redactada con más cuidado para satisfacer las preocupaciones expresadas por el Tribunal sobre la constitucionalidad o lanzando una enmienda constitucional directa. Sin embargo, nadie —ni siquiera los principales juristas— observa un control más sutil y poderoso sobre los Tribunales Supremos de EE. UU. cuando se les va de las manos: Cuando un panel del Tribunal Supremo de EE. UU. se excede, entonces —aunque técnicamente no se supone que lo haga— el Tribunal Supremo de un ciclo posterior anula su precedente. Esto ocurrió recientemente, cuando el Tribunal Roberts revocó la escandalosamente errónea sentencia Roe contra Wade de un tribunal izquierdista predecesor. Pero la mayoría de los observadores no se dan cuenta de la frecuencia con que los Tribunales Supremos de Estados Unidos han revocado opiniones y precedentes anteriores del Tribunal Supremo. En el año 2018, Wikipedia había enumerado más de 300 —trescientas— decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que luego fueron anuladas por paneles posteriores de la Corte Suprema. Otra vez: Trescientas.

Ese es el fallo más flagrante del sistema israelí. Desde que el sistema israelí comenzó con una mayoría de jueces de izquierdas nombrados por marxistas y otros socialistas de izquierdas, y ese sistema permitió a los jueces de extrema izquierda del Tribunal Supremo nombrar o vetar a los nuevos candidatos, el Tribunal se convirtió en un monopolio de extrema izquierda que se autoperpetuó durante 74 años, impermeable a los ciclos de la democracia. En el fondo, ese fallo es el núcleo de todo el problema y está en la raíz de todos los demás fallos de su sistema: El Tribunal Supremo israelí fue creado para autoperpetuarse y evitar que sus jueces fueran seleccionados por los representantes elegidos por el pueblo, que reflejarían la naturaleza cíclica de la política. En Estados Unidos, el presidente elegido por el pueblo nombra a los jueces y el senado elegido por el pueblo los aprueba. Eso es lo que Israel siempre ha necesitado y necesita: que el primer ministro elegido por el pueblo nombre a los jueces, y que la Knesset (Parlamento israelí) elegida por el pueblo los apruebe. No solo los jueces del Tribunal Supremo deben mantenerse al margen del proceso de selección y aprobación, sino también los ministros de Justicia y todos los demás. Ciertamente, todos ellos pueden ser consultados, pero no deben tener ningún lugar en la selección y aprobación, al igual que no lo tienen en Estados Unidos. Así, los gobiernos laboristas marxistas nombrarán a algunos jueces. Entonces les tocará el turno a Begin y Shamir. Luego Rabin y Peres y Barak y Olmert. Y el Likud entre medias. Como en Estados Unidos, los tribunales laicos nunca serán imparciales. Pero en cierto modo funciona, con muchos fallos y defectos. Sigue dando lugar a algunas opiniones terriblemente malas, como la defensa de la esclavitud (Dredd Scott) y el encarcelamiento masivo de japoneses-americanos leales e inocentes (Korematsu), pero lo mismo ocurrirá con cualquier otro sistema. Y de este modo, las decisiones realmente malas se revocan a tiempo, lo que es imposible con un Tribunal que se autoperpetúa. Este es el primer y más importante cambio necesario. Los demás jueces no deben participar en absoluto en el proceso de selección y aprobación. Ahí no hay compromiso.

2). En Estados Unidos, el Tribunal no puede impedir que una persona ocupe un cargo a menos que infrinja una norma constitucional, como la edad mínima o la condena por traición. Así, cuando Richard Nixon pudo haber infringido la ley durante el Watergate (y puede que no), y cuando el vicepresidente Spiro Agnew se declaró culpable de todo tipo de corrupción financiera, el Tribunal Supremo no tenía poder para destituirlos. Sin embargo, el Congreso elegido por el pueblo tenía el poder de destituirlos, condenarlos y expulsarlos. Por eso, Nixon dimitió antes de ser expulsado por el Congreso; lo mismo hizo Agnew. Por el contrario, Andrew Johnson, Bill Clinton y Donald Trump se enfrentaron al Congreso durante sus juicios de destitución y todos salieron vencedores. Así es como debe funcionar en Israel. El Tribunal no debe tener nada que decir sobre quién es nombrado para qué. Más bien, la Knesset elegida por el pueblo debe ser el único órgano que tenga el poder de destituir a un Aryeh Deri, por ejemplo, o dejar que su designación se mantenga. Así es también el sistema estadounidense. Ahí no hay compromiso.

3). El fiscal general existe sobre todo para asesorar al jefe del gobierno en materia jurídica. En Estados Unidos, el fiscal general es nombrado por el presidente y tiende a ser increíblemente leal a él. Robert Kennedy a su hermano. Ed Meese a Reagan. Eric Holder a Obama. Bill Barr a Trump. Merrick Garland a Biden. Cuando el presidente es sucedido, su A-G se va con él. El fiscal general de Estados Unidos tiene una gran influencia persuasiva, pero nada que ver con el actual dictador de Israel, que fue nombrado por alguien que odia a Bibi hasta los intestinos, Gideon Sa’ar, después de perder unas primarias democráticas contra él.

La cuestión es que el papel del fiscal general debería redefinirse formalmente para reflejar el del fiscal general estadounidense y debería estar a las órdenes del primer ministro. No hay compromiso.

4). Ningún asesor jurídico de ninguna oficina debería tener autoridad para hacer más que proporcionar asesoramiento y opiniones que puedan ser aceptadas o rechazadas. Sin compromiso.

5). El Tribunal de Estados Unidos no tiene autoridad para conocer de asuntos relativos a decisiones militares o políticas que no impliquen cuestiones de derecho. La misma regla debería adoptarse en Israel, también en lo que se refiere a cuestiones de religión, algo que en Estados Unidos se da por descontado. Es un desafío a la realidad que un Tribunal Supremo israelí pueda dictar quién se presenta a un examen rabínico. Ahí no hay compromiso.

6). Cualquier demandante que comparezca ante el Tribunal debe demostrar “legitimación”. Eso significa que debe demostrar cómo le perjudica específicamente el agravio alegado. En Estados Unidos, no basta con demandar a una fábrica contaminante porque usted o su grupo financiado por Soros estén a favor del medio ambiente. Tiene que demostrar que el hollín y la suciedad de la fábrica llegan a su propiedad personal. No puedo demandar a un antisemita como Kanye West o Louis Farrakhan por difamar a judíos como yo. Tengo que demostrar que me difamaron específicamente a mí. Ese requisito de legitimación debe adoptarse en Israel. Ahí no hay compromiso.

7). En Estados Unidos, cualquier caso ante los tribunales debe ser justiciable. No puede ser teórico. Si es teórico, los tribunales lo desestiman hasta que ocurre realmente. Israel necesita la misma norma. Ahí no hay compromiso.

8). En Estados Unidos, el Tribunal Supremo no puede anular algo de la propia Constitución. Solo puede dictaminar que otras cosas entran en conflicto con la Constitución. Las “Leyes Básicas” de Israel son similares a una Constitución. El Tribunal Supremo israelí no debería poder anular ninguna Ley Fundamental. Ahí no hay compromiso.

9). No existe un criterio jurídico llamado “irrazonable”. Las opiniones personales de un juez sobre lo que es razonable no forman parte del Derecho. Quienquiera que sus opiniones personales formen parte del proceso legislativo, que se presente a las elecciones. Hay que acabar de una vez por todas con el criterio de “irrazonable” en los tribunales. Ahí no hay compromiso.

10). Hay un único aspecto de las reformas judiciales propuestas que debería seguir debatiéndose. Sinceramente, no me parece bien que un voto de 61 escaños de la Knesset pueda anular una sentencia justa del Tribunal Supremo. Eso puede y debe perfeccionarse. Este es el único asunto que, si se resuelve, dejará un amplio consenso en Israel a favor de la Reforma Judicial, con la excepción de los anarquistas, marxistas y demagogos perdedores políticos como Lapid, Gantz, Sa’ar y Liberman, que se opondrán a todo lo que haga el nuevo gobierno en estos próximos cuatro años. Así que no importan.

Y eso me deja con una propuesta para salir del punto muerto que me parece tan obvia y sensata que estoy seguro de que a nadie se le ocurrirá, y nadie lo hará si se le sugiere:

El ministro de Justicia, Yariv Levin, y Simcha Rothman, presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, deberían nombrar un “Blue Ribbon Committee” para consultar y ofrecer asesoramiento con el fin de avanzar en la reforma judicial hasta su aprobación definitiva. Ese “Blue Ribbon Committee” debería estar compuesto por el ex fiscal general de los Estados Unidos Michael Mukasey, el renombrado experto en Derecho Constitucional, Nathan Lewin, y una tercera persona elegida por ellos dos, alguien verdaderamente justo y por encima de la contienda como William Barr. Cualquier proyecto de ley final que cuente con su “apoyo” no aliviará los esfuerzos de la izquierda israelí y sus demagógicos Lapids, Gantzes, Sa’ars y Libermans para llevar a cabo un golpe de Estado en las calles. Pero le quitará fuelle a la afirmación de que la Reforma Judicial no es razonable y es una amenaza para la democracia, y se ganará la aprobación de los mercados financieros, de las organizaciones judías más responsables e incluso de los Bidens, Blinkens y Nidens que realmente no importan. Pero nunca está de más que una propuesta sea tan justa que esté por encima de las críticas.

 

 

Artículo publicado por el rabino Fischer en Israel Noticias.