Agencia AJN.- Una red de al menos 20 cámaras de tortura en la recientemente liberada región de Kherson, en el sur de Ucrania, fue «planificada y financiada directamente por el Estado ruso», afirmaron el jueves investigadores de crímenes de guerra, citando nuevas pruebas.

El Equipo Móvil de Justicia, financiado por Gran Bretaña, la UE y Estados Unidos, ha estado trabajando con fiscales ucranianos encargados de investigar crímenes de guerra en toda Ucrania y en Jerson desde que la ciudad fue recuperada de manos de las fuerzas rusas en noviembre, tras más de ocho meses de ocupación.

En respuesta a una solicitud de Reuters, el Kremlin no hizo ningún comentario al respecto.

Reuters informó sobre la magnitud de las cámaras de tortura en Kherson en enero, cuando las autoridades ucranianas dijeron que unas 200 personas habían sido supuestamente torturadas en 10 lugares. Los supervivientes relataron a Reuters haber sido torturados, incluyendo descargas eléctricas y técnicas de asfixia.

En aquel momento, el Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso no respondieron a las preguntas de Reuters, ni siquiera sobre las presuntas torturas y detenciones ilegales. Moscú, que ha dicho que está llevando a cabo una «operación militar especial» en Ucrania, ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber atacado a civiles.

El equipo móvil, respaldado por expertos internacionales, está apoyando a la Fiscalía General de Ucrania en la revisión de más de 71.000 denuncias de crímenes de guerra en todo el país desde la invasión.

«Nuevas pruebas recogidas en la recientemente liberada Kherson revelan que las cámaras de tortura fueron planificadas y financiadas directamente por el Estado ruso», afirmó en un comunicado el equipo, creado por el abogado británico Wayne Jordash.

Los testigos describieron el uso de la tortura con descargas eléctricas y el ahogamiento simulado por parte de las fuerzas rusas. Al menos 1.000 supervivientes de las cámaras de tortura han aportado pruebas a los investigadores y se ha denunciado la desaparición de más de 400 personas en Kherson, según el comunicado.

La financiación de una red de centros de tortura formaba parte de un plan estatal ruso para «subyugar, reeducar o asesinar a dirigentes cívicos ucranianos y disidentes de a pie», afirmó el equipo.

Los centros de tortura estaban gestionados por distintos organismos de seguridad rusos, entre ellos el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el FSB local de Kherson y el Servicio de Prisiones de Rusia, según el equipo.

Reuters no pudo verificar las acusaciones.