Agencia AJN.- El ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche rechazó hoy, miércoles, haber encubierto a los iraníes imputados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, negó conocer a la gran mayoría de sus consortes de causa y se negó a responder preguntas al ser indagado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadio, por ese cargo y por impedimento o estorbo del acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con el país persa, tras la denuncia que efectuara el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque terrorista, Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento, el 18 de enero de 2015.

Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, el acusado habría sido uno de los responsables de la “diplomacia paralela” que continuaba las negociaciones por dicho pacto cuando no había encuentros formales, en escuchas telefónicas se adjudicó la coautoría intelectual del mismo, o al menos un boceto muy similar que habrían presentado seis años antes y que ni siquiera fue considerado por el entonces presidente Néstor Kirchner, y se ocupó de tratar de reemplazar a los iraníes por “fachos locales” con la ayuda del ex juez Héctor Yrimia, quien conoce la causa porque colaboró en sus inicios, cuando era fiscal.

Por la mañana, el presunto representante del gobierno de Irán Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil se negó a declarar, pero defendido por el mediático abogado Fernando Burlando, habría deslizado que “eventualmente” lo haría más adelante, aunque ante la prensa rechazó los cargos, si bien admitió ser representante de la comunidad islámica local.

El fiscal le enrostra los mismos hechos que al anterior, pero un hallazgo presentado por el acusador son las conversaciones entre “militantes” posteriores a la denuncia de Nisman, en las cuales se muestra que quería participar en reuniones con los funcionarios imputados para consensuar la estrategia defensiva.

El segundo en declarar fue el supuesto espía Ramón Allan Bogado, de quien Pollicita enfatizó su “estrecha vinculación con la agrupación oficialista La Cámpora y el entorno presidencial” kirchnerista.

Trascendió que revelaría pormenores de un pacto para triangular tecnología y asesoramiento nuclear entre la Argentina e Irán a través de Venezuela, pese al bloqueo impuesto por las Naciones Unidas a los persas.

Con este objetivo se habrían creado sociedades comerciales fantasma en este país y Uruguay, que servirían para ocultar viajes, intercambio de experiencias y conocimiento, envío de piezas y planos, y posteriores pagos por estas prestaciones.

En esas maniobras estarían involucrados ex funcionarios de la empresa de investigación tecnológica aplicada INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La denuncia de Nisman fue unificada con otra por presunta traición a la patria y ambas quedaron en manos del fiscal Eduardo Taiano, pero previamente su colega se había referido a un “plan criminal” que tenía como objetivo “brindar ayuda para dotar de impunidad” a los iraníes, “de manera tal que pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina”.

A su juicio, “el accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Relaciones Exteriores (Héctor) Timerman”, con la “colaboración activa de distintos funcionarios públicos”.

En las 255 fojas del pedido de citación, que ratificaron que el atentado fue un crimen de lesa humanidad, Pollicita reiteró la iniciativa de Nisman de diferenciar la actuación argentina respecto de Irán en el gobierno de Kirchner y el de su esposa con la adoptada después de que ésta enviudó.

Una primera revelación fue que casi un mes antes de que Irán propusiese colaborar con el esclarecimiento del atentado, ya que alega ser totalmente inocente, se había llevado a cabo una reunión en Teherán (21-22/6/11) entre representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Plant Protection Organization local sobre exportación de maíz y soja argentinos y el compromiso iraní de avanzar hacia la apertura del mercado a cebada, arroz, trigo, ciruelas desecadas, peras, manzanas, etc.

El fiscal tuvo por probado que las tratativas comenzaron con una reunión en Aleppo, Siria, el 24 de enero de 2011, de Timerman con el presidente Bashar al-Assad y el entonces canciller iraní, Ali Akbar Salehi, porque los tres coincidieron en esa ciudad, por reportes de prensa como la denuncia de José Eliaschev y por las declaraciones testimoniales de los entonces embajador y cónsul en ese país, Roberto Ahuad y Carlos Pezzoni, y pública del propio Salehi.

Pollicita sostuvo que las negociaciones se mantuvieron en secreto hasta septiembre del año siguiente, cuando Fernández de Kirchner las “blanqueó” en la ONU, aunque ocultó que la iniciativa había sido argentina.

El fiscal le adjudicó mucha importancia a que todas las gestiones fueron realizadas de un modo contrario al habitual y de espaldas a la Justicia -varias de ellas, sin dejar constancia alguna siquiera en la propia Cancillería-, e incluso hay testigos que lo confirmaron; quienes sí estaban al tanto eran Khalil, Esteche y el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elia.

Otra de las irregularidades subrayadas tiene que ver con el rol que les cupo a los ex procuradora general del Tesoro Angelina Abbona y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, quienes por su cargo no tendrían que haber participado en reuniones con iraníes y cuya presencia fue adjudicada a la confianza que en ellos tenía Fernández de Kirchner.

Este dictamen de Pollicita es bastante más sólido que el original de Nisman, ya que aporta pruebas de reuniones que no se conocían y confirma con documentación de visitas, cruces telefónicos y conversaciones que surgían de escuchas, como que D’Elia estaba en la Casa Rosada cuando decía que allí se encontraba y recibía instrucciones de funcionarios que podrían haber sido el diputado Andrés Larroque (nexo entre políticos y “militantes”), el ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y/o el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini.

El fiscal hizo reiterado hincapié en que la maniobra se dio a espaldas de la Justicia, la comunidad judía y, sobre todo, las víctimas y sus familiares, y que incluso hubo directamente mentiras a los mismos.

Respecto del pacto en sí mismo, el acusador recalcó que se pretendió el levantamiento de las “notificaciones rojas” de captura de Interpol y la instalación de una nueva hipótesis en el marco de una “Comisión de la Verdad” que no tenía plazo alguno.

Sobre el primer punto, reveló que más allá de las mentiras de Timerman, éste remitió una carta conjunta con su par iraní para informar a la Policía Internacional que el diferendo lo resolverían entre los Estados, una forma velada de consentir la caducidad de esas alertas, que Interpol no dictó, pero sí consignó la existencia de ese acuerdo y así figura hasta el día de hoy porque Irán se niega a su remoción porque alega que para ella está vigente, pese a su inconstitucionalidad en la Argentina, cuyo Congreso todavía no lo había ratificado.

El fiscal señaló que la intención habría sido la renovación del comercio interestatal e intercambiar petróleo por carne y granos, pero para eso necesitaban “solucionar” el tema “AMIA”, y resaltó que el prófugo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní, daba instrucciones sin mostrarse preocupado.

En tanto, a fines de noviembre de 2013, los cancilleres se reunieron nuevamente en Zúrich, Suiza, y allí Timerman le habría entregado una propuesta para avanzar en la implementación del memorándum, pero no existe en la Cancillería registro de ese documento ni de respuesta alguna.

Por lo pronto, éste, también imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público como el resto de sus compañeros en el anterior gobierno, abrió ayer, martes, la ronda de indagatorias.

Según trascendió, el ex ministro llegó acompañado por sus defensores, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, entregó un escrito de 160 páginas, con el cual defendió la legalidad del pacto con Irán, que habría tenido la intención de darle “una solución” a la causa y “fue respaldado” por el extinto funcionario, quien varias veces consideró “positiva” toda cooperación que tuviera como fin la declaración de los acusados, e hizo algunas manifestaciones, pero no respondió preguntas por cuestiones de salud y pidió una nueva citación con ese fin.

Luego se descompensó, debió ser internado y se espera que hoy sea dado de alta.

Sus abogados habían pedido en junio que el ex canciller pudiera “explayarse” espontáneamente sobre “encuentros secretos o públicos que se mantuvieron con funcionarios iraníes”, pero el juez prefirió citarlo a indagatoria.

La sucesión de indagatorias continuará mañana, jueves, a las 9 hs., con D’Elia, quien el lunes, en su programa radial, admitió su temor a quedar preso, y dos horas después, el ex vicecanciller Eduardo Zuain.

El viernes, en los mismos horarios, será el turno del ex consejero y ministro de Segunda de la Cancillería Luciano Tanto Clement y del ex secretario de Timerman José Mercado, en tanto que el lunes les tocará a otro ex vicecanciller, Alberto D’Alotto, y Zannini.

Un día después, con el mismo cronograma, se presentarán Parrilli y su segundo en la Agencia Federal de Inteligencia, Mena.

El miércoles 25 de octubre serán interrogados Abbona y Larroque, y en la jornada siguiente, desde las 10 hs., estará Fernández de Kirchner.