(Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El ex policía bonaerense Manuel García y la hermana y la viuda de otro, Claudio Araya, Jaquelina y Alexandra de Leone, respectivamente, declararon durante más de cuatro horas ayer, en la primera audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA que se realiza un lunes, modalidad que se repetirá quincenalmente.

El primero tendría que haber comparecido el jueves, pero hizo llegar un certificado médico que confirmaba un problema de salud.

El entonces sargento García integró una comisión de la Brigada de Vicente López, junto con Argentino Lasala y Mario Bareiro y a cargo del principal Anastacio Leal -los dos últimos, luego imputados por el atentado-, que el 14 de julio de 1994 trató de arrestar a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, en su casa de Villa Ballester, por “doblado” de autos, pero éste casi lo atropelló y, luego de una persecución, logró huir.

Según la acusación original de la “causa AMIA”, la idea era quitarle bienes a cambio de su libertad, la misma práctica que se les imputó a sus colegas de Lanús.

Como no lo lograron, ese mismo anochecer arrestaron a su amigo y socio Hugo Pérez, por quien habría llevado a cabo la transacción de un barco.

García contó que se quedó en su camioneta, “haciendo inteligencia” frente a la casa de Telleldín, hasta el mediodía del día siguiente, que fue quien detuvo a Pérez y que vio que dentro del garaje del domicilio “doblaban” un Renault 9 y también el arribo de una Renault Fuego negra, de la cual bajó alguien que parecía abogado, entró con las manos vacías a lo del sospechoso y salió con una carpeta bajo el brazo.

Se trataba de Juan Bottegal, quien había ido a buscar los papeles para la cesión del barco, según él mismo contó después, por instrucción de Bareiro y/u otro policía y supuesto amigo de Telleldín, Diego Barreda, a quien el declarante conoció el día anterior, cuando estaba dentro del Ford Galaxy azul de Leal con la pierna enyesada y se le presentó como “el buche” (informante, en la jerga).

Dado que García permaneció todo el día en Villa Ballester, no participó de la presunta extorsión y por ello no fue imputado por la misma, como sus compañeros.

Además, admitió que nada se hizo respecto del Renault 9 y de Bottegal, lo cual robustece la primigenia hipótesis acusatoria.

Esto también lo contó al año siguiente, en un sumario administrativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y cuando lo fue a visitar el entonces comisario mayor Ramón Verón,quien le reclamó la entrega del barco, pero pudo justificar sus dichos gracias a que tenía la costumbre de anotar todo en una libreta negra, que éste fotocopió.

El testigo también había sido clave al confirmar que a Leal lo apodaban “Pino”, tal como había identificado Telleldín a uno de sus presuntos extorsionadores, y lo ratificó hoy, ante el Tribunal Oral Federal Nº 2.

Pese a toda su colaboración con la causa, el 12 de julio de 1996 el destituido juez Juan José Galeano ordenó su comparendo compulsivo con arresto, pese a que declaró como testigo, tras haber pasado la noche en la Alcaldía del Palacio de Tribunales.

La jornada del juicio oral comenzó y terminó con la presencia de la viuda y la hermana del entonces inspector Claudio Araya, quien integró el grupo operativo de la Brigada de Lanús con el principal Marcelo Albarracín y el cabo Walter Castro, todos a cargo del fallecido subcomisario Raúl Ibarra, que el 4 de abril de 1994 sí lograron detener a Telleldín, en Tortuguitas.

A su arribo a la dependencia, el sospechoso entregó un documento que erróneamente lo identificaba como “Teccedín”, lo cual -según la acusación original- habría sido aprovechado por los policías para que no quedaran registros de su presencia y así poder canjear su libertad por una moto y un auto, según luego denunció la supuesta víctima.

Araya fue arrestado el mismo 12 de julio de 1996 y luego procesado, juzgado y absuelto en el juicio oral realizado entre 2001 y 2004.

Durante su detención sufrió problemas de salud, razón por la cual fue trasladado de la desaparecida cárcel de Caseros a la sede de la Policía Montada, y finalmente falleció seis años atrás, tras estar en terapia intensiva a raíz de un balazo.

Ese cambio fue a pedido de Jaquelina Araya y Alexandra de Leone, quienes concurrieron al juzgado por recomendación de la defensora del coimputado Alejandro Burguete, Marta Parascandalo, hoy procesada por coacción en el marco de una maniobra que habría sido urdida por Galeano para acusar -se supone que falsamente- del atentado a la AMIA a ex policías bonaerenses.

A ella llegaron por consejo de un amigo de la familia y ex compañero de Araya, Javier Smurro, quien les contó que había logrado la liberación de su patrocinado, y luego de haberse peleado con el letrado anterior, Gustavo Frasquet, porque éste no se ocupaba debidamente de la situación de Claudio, sino que les hablaba de los policías, en general, o del ex comisario Juan José Ribelli, en particular.

Cuando se lo cuestionaron, el abogado les dijo -y también al padre de Claudio- que debían ser más respetuosas y agradecidas porque el supuesto cabecilla de la “conexión local” pagaba sus honorarios, pese a que ellos tenían entendido que el dinero era recaudado por los efectivos de Lanús, destino al cual su esposo y hermano había llegado solo un mes y medio antes de los hechos, que seguían en libertad.

Según ambas testigos, a fin de tener éxito con el traslado Parascandalo las atendió muy bien, llamó al juzgado y les avisó que tenían “la puerta abierta” del mismo, les explicó que Araya debía declarar todo lo que sabía sobre Ribelli y les sugirió pedir que no le permitieran recibir visitas de “emisarios que transmitieran sus órdenes” y que nada le contaran al respecto.

El entonces secretario y hoy juez federal de Tierra del Fuego Javier de Gamas les indicó lo mismo y ese mismo día se aprobó su traslado a la Policía Montada.

Las declarantes recordaron que cuando le explicaron a Araya cómo se produjo el cambio y qué le pidieron que hiciera, éste se enojó, les dijo que habían “negociado con el diablo”, por el juzgado de Galeano, y que no cambiaría su versión porque nunca mentiría.

Las testigos iban todas las semanas -y a veces a diario- para clamar por su inocencia y reclamar su liberación, al punto que De Gamas se cansó de ellas y las derivó con el propio Galeano, quien tras escucharlas les dijo que el problema era que Araya se había juntado con quien no debía, lo cual las enojó aún más porque él no había elegido su destino, sino la jefatura de la Policía bonaerense.

Un par de veces también las recibió el prosecretario Claudio Lifschitz, quien se mostró “compasivo y comprensivo” -según Jaquelina- y les dijo que era una cuestión de tiempo.

El presidente del tribunal -Jorge Gorini nuevamente, tras la rotación de las semanas anteriores- no autorizó que la defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, con quienes dijeron nunca haberse reunido, le preguntara a la hermana de Araya si el citado ex funcionario no había aprovechado para revelarles el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que acusara a los policías.

Ambas se mostraron muy agradecidas con el letrado de Albarracín, Luis Galtieri, quien asistió gratuitamente a su fallecido esposo y hermano, ya que no podían pagarle porque habían perdido todo lo que tenían.

“Más que abogado fue un amigo”, resumió Araya por videoconferencia desde Córdoba.

De no haber cambios, este jueves habría un único testigo, Bottegal.