Agencia AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Dentro de quince días se cumplirán 31 años del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, el primero de los dos ataques terroristas más sangrientos que sufrió el país en la década del ’90.

Ocurrió el martes 17 de marzo de 1992 a las 14:50 (hora local) cuando una camioneta Ford F-100 conducida por un suicida y cargada con una mezcla de hexógeno y pentrita se estrelló contra una de las puertas de la casona donde funcionaba la legación, situada en Arroyo 910, casi Suipacha.

El vehículo fue comprado con dólares estadounidenses que tenían marcas características de las casas de cambio de Biblos, en El Líbano.

El atentado provocó la destrucción de la embajada y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. Como consecuencia del ataque murieron 29 personas, 22 de ellas identificadas, y otras 242 resultaron heridas.

Es considerado como el inicio de una serie de ataques del terrorismo internacional y la Argentina sufrió más tarde, el 18 de julio de 1994, el atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, la agresión terrorista más sangrienta que sufrió el país en su historia.

A pesar del blanco seleccionado, la mayoría de las víctimas no perteneció al personal de la embajada ni eran judíos, en una nueva muestra del indiscriminado accionar del terrorismo y el desinterés por la vida humana, independientemente de su origen, credo o nacionalidad.

Basta como muestra advertir que entre los muertos hubo argentinos, israelíes, bolivianos, un uruguayo y otro italiano, incluidos ancianas alojadas en un geriátrico ubicado enfrente de la legación, ocasionales peatones y hasta un cura.

Por tratarse de una representación extranjera, la competencia originaria le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que en los primeros años casi nada avanzó en la investigación, de la mano del octogenario Ricardo Levene (h) y su secretario, Alfredo Bisordi, y luego, de la composición con “mayoría automática” menemista, encabezada por Julio Nazareno.

Tras diversos intentos por cerrar la causa o adjudicar la explosión a un “autoatentado” o a la presencia de un nunca probado “arsenal” supuestamente escondido en el sótano de la Embajada, recién 5 años después se designó a un secretario especial, Esteban Canevari, quien empezó a impulsar la pesquisa con mayor responsabilidad.

En diciembre de 1999, la Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que los muertos habían sido 22 (y no 29 como se había informado oficialmente los años anteriores) y que la investigación debía orientarse a reunir las pruebas que establecieran la certeza de que el atentado había sido realizado por la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbollah.

Con el advenimiento del kirchnerismo, el cambio en la composición de la Corte y la designación, en 2005, del fiscal especial José Luis Mandalunis para revisar lo actuado hasta ese momento despertaron ciertas esperanzas que no fueron satisfechas.

En 2015, el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró públicamente que en la causa había «cosa juzgada» debido a la acordada de 1999. La declaración produjo confusión, ya que en 2006 el máximo tribunal había dictaminado en la causa una resolución estableciendo que la misma no había prescripto.

En la actualidad, y más allá de diversos señalamientos a personajes como el traficante de armas Monzer al-Kassar, solo existen órdenes de captura dictadas en 2006 para los libaneses José Salman el-Reda Reda, casado con una argentina y sospechoso de ser el coordinador local del ataque, aunque está identidad sería falsa, y Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman.

Hace unos años, la Embajada de Israel aportó una foto actualizada, los datos biométricos e información que ayudaría a localizar a este último en su país, y también relevantes referencias sobre su cómplice, hermano de Samuel el-Reda Reda, supuesto jefe de la red latinoamericana que Hezbollah montara en la década de 1990.

Según la inteligencia argentina, Suleiman fue arrestado en 2001 en Jordania y habría confesado que en 1991 viajó a San Pablo y a principios de 1992 a Foz de Iguazú, donde recibió los explosivos utilizados en el atentado.

Luego habría ingresado a la Argentina en micro, con los mismos disimulados en cajas de alimentos.

El Reda fue arrestado en Rosario en 1992, con gran cantidad de dólares falsos, pero quedó libre por falta de pruebas.

También tenía orden de captura el entonces responsable de operaciones especiales en el extranjero de Hezbollah, Imad Moughniye, quien fue asesinado con un coche-bomba en 2008, en Damasco, Siria.

Si bien por el hecho no hay condenados, se sospecha que los autores del ataque ingresaron al país a través de Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.

Quedan muchas preguntas sin responder, fundamentalmente la responsabilidad de una “conexión local” y un eventual encubrimiento posterior, además de la increíble anécdota del móvil policial desviado de su recorrido habitual para investigar… el robo de una lapicera en el Palacio San Martín, la sede la Cancillería, lo cual dio lugar a especulaciones sobre una probable “zona liberada”.

Tras años de lucha, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes lograron la sanción, por unanimidad, de una ley resarcitoria que habilitó una indemnización que ya cobraron.

En tanto, en 2017 se aprobó la ley 27417, que consagró el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del mismo.

Esta norma también prevé la realización de “actividades conmemorativas en todos los establecimientos escolares del país, públicos y privados” y la inclusión de esa tragedia “en la currícula escolar oficial como un hecho histórico”.

Como si la inacción de esta causa “dormida” y en “terapia intensiva” no fuera suficiente, el 1º de abril de 2018 renunció para jubilarse su instructor, Canevari.

Pero para mantener viva la esperanza de esclarecimiento y casi utópica justicia, el año pasado trascendió en diversos medios un supuesto «informe final» del Mossad que explicaría en detalle cómo fue planificado y perpetrado el atentado, el cual ratificaría en gran medida lo que ya se sabía y abonaría la polémica hipótesis de que no habría existido una «conexión local» de argentinos o naturalizados que hubieran colaborado intencionalmente con el mismo.