AJN [Por Lic. Claudio Gustavo Goldman].- Se ha desatado una virtual guerra interna en la Cámara de Casación Penal y entre los sectores kirchneristas de la misma y la DAIA a raíz de la eventual apertura de la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente en camino a ser juzgado por antisemitismo Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche, por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos de ese ataque terrorista, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Alejandro Rúa, defensor del ex ministro, presentó un recurso ante la Sala IV para exigir la inhibición de dos de sus miembros, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, para entender en la causa paralela por traición a la patria que sustancia el juez Claudio Bonadío porque éstos se excusaron de actuar en otros expedientes tan conexos con la investigación del atentado como éste.

Estos mismos magistrados también integran la Sala I, que preside la kirchnerista Ana María Figueroa y está a cargo de resolver sobre la viabilidad de la denuncia de Nisman.

En los corrillos judiciales se aventuraba que el reclamo de la DAIA tendría acogida favorable en fallo dividido, gracias a los votos de los camaristas cuestionados, y se aventuraba que la agrupación Justicia Legítima haría lo imposible por apartarlos, ahora que no cuenta con el Consejo de la Magistratura, que procedió en ese sentido cuando canceló la subrogancia de Luis Cabral cuando éste se aprestaba a sellar la inconstitucionalidad del polémico pacto con Irán.

Para ello se tejería una maniobra de dudosa legalidad entre la propia Figueroa y su sucesor en la presidencia de la Cámara, Alejandro Slokar, quien llegó al máximo tribunal penal del país como recompensa por los servicios prestados al gobierno anterior como secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cuya órbita se encuentra la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA.

Discípulo del ex miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, tiene estrechos lazos con el titular de la Fiscalía General Nº 4 ante la Casación, Javier De Luca, quien también desempeña un rol clave en este entramado.

Sin embargo, Borinsky y Hornos rechazaron la inhibición reclamada por Rúa porque sus respectivas excusaciones anteriores fueron presentadas “en el marco acotado de la causa 13.767 del registro de la Sala II de esta Cámara Federal de Casación Penal y al solo efecto de pronunciarse con relación a la misma”, aclararon el viernes pasado en referencia al proceso por presunto encubrimiento que se juzga actualmente.

Va de suyo que la misma actitud adoptarán respecto de la denuncia de Nisman y pese a los inminentes intentos del defensor de Timerman, Figueroa y Slokar.

En este sentido, los rumores sobre una maniobra de digitación de los camaristas para evitar que se investigue a la ex Presidenta cobraron mayor fuerza a comienzos de esta semana, con varias denuncias periodísticas en ese sentido y la contundente respuesta de la DAIA, cuyo apoderado y secretario general, Santiago Kaplun, advirtió, en diálogo con AJN, que ello sería “una ofensa y una burla al sistema judicial” y “un delito gravísimo porque se estarían tergiversando situaciones para, directamente, sacar a los jueces naturales que tienen que entender en la causa”.

Pero el dirigente judío no se quedó allí y lanzó un tiro por elevación al actual Poder Ejecutivo: “Cuando registrábamos este tipo de maniobras en el Gobierno anterior, como cuando pasó lo de Cabral, no nos sorprendía porque la línea se iba corriendo a cada minuto, pero hace un año que asumió el nuevo y tenemos otro ministro de Justicia”, en referencia a Germán Garavano.

Quien pareció acusar recibo no fue el presidente Mauricio Macri, sino el propio De Luca, que no solo desistió del recurso de casación interpuesto por su colega ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, por inexistencia de delito, sino que deslizó la posibilidad de que el máximo tribunal penal ignore el presentado por la DAIA por razones formales.

Hacia el final de su dictamen, el fiscal recordó que los abogados de Timerman advirtieron que la entidad carecería de un poder especial para querellar que los artículos 82 y 83 del Código Procesal les exigen a las asociaciones y que por ello pidieron que se intime a su presidente, Ariel Cohen Sabban, a aportarlo en tres días o su pretensión sería inadmisible, pero luego fue más allá y sugirió que la Sala I decida si actúa de ese modo o directamente declara “desierto o por no presentado el recurso de casación”.

Ésta es la clave para dejar cerrada la causa, ya que sin impulso fiscal ni un querellante legitimado para actuar, la composición de la Sala I sería irrelevante.

Una táctica de pinzas, con ataques en dos frentes que confluyen en el mismo lugar y objetivo…

Tal extremismo rigorista podría llevar a diversas conjeturas, pero el conocido alineamiento de De Luca con la kirchnerista Justicia Legítima, su insistente oposición a que siquiera se investigue la denuncia de su extinto colega, su férrea defensa del pacto con Irán y un contexto de rumores que señalan una pretensión manipuladora de los jueces que deberían expedirse por parte de la misma agrupación lo invisten de una connotación cuanto menos sugestiva.

Otro fragmento curioso de su dictamen Nº 10806, en la causa CFP777/2015/CFC2, caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre encubrimiento”, es aquel que analiza la conversación telefónica entre los entonces canciller y presidente de la AMIA, en la cual el primero admite que Irán es acusada por el atentado, y el magistrado elucubra que “parecería que fue grabada desde el lado del interlocutor (Guillermo) Borger (muy posiblemente sin su conocimiento) porque a Timerman se lo oye de lejos”.

En ese diálogo, el líder comunitario “se limita a protestar por las tratativas con Irán, es decir, su posición radica en que cualquier cosa que hiciera el gobierno argentino al respecto, nunca conmovería la posición política (no jurídica) de la asociación que representaba, que ya estaba decidida, cerrada, de antemano, de acordar cualquier cosa con ese país”, agregó De Luca.

La DAIA recogió el guante y ayer, jueves, presentó copias certificadas del Estatuto de la entidad y de las actas del Consejo Directivo que prueban que en mayo se resolvió presentarse como querellantes en esta causa, y un escrito en el cual ratificó el recurso de casación y solicitó que se decida “sin más trámite” sobre la pertinencia de investigar la denuncia de Nisman con “los jueces actuales que integran la sala, pues no existen causales de inhibición o excusación de los mismos”.

Librada la batalla en los estrados y los medios, bien a la vista de la sociedad, resta ver cómo se resolverá el maloliente entuerto, que de todos modos no terminará aquí, ya que el derrotado recurrirá a la Corte Suprema, ya sea por un recurso extraordinario u otro de queja y el máximo tribunal del país tendrá la última palabra, ya el año que viene.

La decisión de los cortesanos de que la polémica muerte del fiscal tramite en la Justicia Federal ante la posibilidad de que haya estado vinculada con su tarea como investigador del atentado a la AMIA podría ser un indicio favorable para la DAIA y los grandes sectores del país que pretenden que cuanto menos se analice su denuncia contra la ex mandataria y los otros acusados, y en caso de desestimarse, que no queden dudas de que se trabajó a conciencia y a fondo.

Pero ésta ya es otra historia…