La medida, que causó sorpresa en ámbitos judiciales ya que se suponía que la república islámica y sus ex funcionarios hacía tiempo que no tenían en Buenos Aires ningún bien a su nombre, fue tomada inmediatamente después que el Registro de la Propiedad Inmueble informara a la Justicia la titularidad del inmueble que, según pudo saberse, abarca la amplia esquina de Gaona y Terrada y se encuentra subdividido en 6 locales comerciales independientes, donde funcionan un maxikiosko, una parrilla, una pizzería, un locutorio, una carnicería y un garage.

Esta medida, tomada ante el requerimiento de una de las víctimas del atentado terrorista, se suma al embargo ya dispuesto por la Fiscalía sobre cuatro cuentas bancarias existentes en Alemania y en Suiza, que según trascendió estarían a nombre del ex presidente iraní Alí Rafsanjani y del ex Jefe de los Guardias de la Revolución Moshen Rezahi, por un total de aproximadamente 48 millones de dólares.

A fines del mes de octubre, y ante un pedido del Fiscal Alberto Nisman, el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso embargar los bienes de la organización terrorista Hezblollah y del ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, su ex ministro de información Allí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati, el ex embajador Hadi Soleimanpour, el ex Jefe de la Guardia Revolucionaria Moshen Rezahi, el ex Jefe de la Fuerza “Al Quds”, Ahmad Vahidi, del ex Secretario de la embajada iraní en Buenos Aires Ahmad Ashgari y del ex consejero cultural, Moshen Rabbani.

Esta decisión se tomó en el marco de una acción civil entablada por un sobreviviente del atentado, quien con el patrocionio legal del Dr. Pablo Jacoby, reclamaba la suma de 1 millón de dólares por los daños sufridos. El fiscal había dictaminado que debía hacerse lugar, ya que “la República Islámica de Irán como la organización terrorista Hezbollah resultaban solidaria y plenamente responsables por los daños a la vida, a la integridad física, a la salud y a los bienes de los 85 fallecidos y los más de 200 heridos”.

En ese entonces se consideró que resultaría sumamente dificultoso lograr ubicar bienes, aquí o en el extranjero, que puedan ser embargados. Sin embargo, las medidas dispuestas por la fiscalía dieron sus frutos y este bien, una vez agotadas todas las instancias legales, será seguramente rematado y su producido será utilizado para satisfacer económicamente a la víctima que ha efectuado el reclamo, cuyo nombre, por cuestiones de seguridad, no trascendió.

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