El juez Rodolfo Canicoba Corral confirmó esta tarde a la Agencia Judía de Noticias que acaba de aceptar el pedido del fiscal Alberto Nisman para que se embarguen las cuentas bancarias de los funcionarios iraníes y la organización libanesa Hezbollah en el marco de la causa que investiga el atentado a la sede de la AMIA.
El magistrado explicó que hizo lugar a la presentación de Nisman, quien integra la Unidad Investigadora de la AMIA, tras el rechazo de la Justicia iraní al pedido de captura solicitado contra ex funcionarios del régimen islámico.
En el fallo que acepta el embargo de los bienes de los sospechosos de haber participado en la voladura de la AMIA, Canicoba Corral hizo una referencia al nuevo escrito enviado por el gobierno iraní que rechaza el pedido de captura solicitado por la Justicia argentina.
“En realidad, (la negativa de Irán) confirma la presunción de las partes de que el Estado iraní no piensa colaborar con la Justicia argentina, lo que justifica el embargo preventivo, no sobre bienes del Estado porque no se pueden embargar”, explicó el juez a AJN.
Consultado sobre cómo se aplicará la medida, Canicoba Corral afirmó que primero hay que determinar “dónde se pueden encontrar bienes de estas personas o de Hezbollah y sí se pueden ejecutar”.
Si bien esta medida solicitada por el fiscal Nisman fue bien recibida por familiares de las víctimas del ataque ocurrido en Buenos Aires en 1994, el juez opinó que no representa un avance en la investigación.
“Es sólo una medida preventiva porque lo usual es que esto ocurra con el auto de procesamiento”, explicó el magistrado.
No obstante, Canicoba Corral consideró que el embargo de los bienes de los principales sospechosos de haber participado en la voladura de la AMIA “es procedente adelantarlo” porque los acusados “no se han puesto a derecho y no acataron las directivas de la justicia”.
En su dictamen de la semana pasada, Nisman consideró que los ex funcionarios son “solidaria y plenamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida, a la integridad física, a la salud y a los bienes” de los 85 fallecidos y de los más de 200 heridos que causó el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.
El embargo había sido solicitado por el abogado Pablo Jacoby en representación de un sobreviviente, cuya identidad se mantuvo en reserva por motivos de seguridad, y asciende a un millón de pesos (algo más de 300 mil dólares).
Las peticiones de embargos individuales están dirigidas contra Alí Akbar Hashemi Bahramaite Rafsanjani, clérigo iraní, ex presidente de esa república islámica, entre 1989 y 1997; Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán; y Alí Akbar Velayari, ex ministro de Asuntos Exteriores, entre otros.
GB