Un proyecto de ley impulsado en el Parlamento argentino que propone otorgar una indemnización a los deudos de los 85 muertos y a los más de 200 heridos causados por el atentado terrorista a la AMIA, fue rechazado hoy por Sergio Burstein, integrante de una agrupación que reúne a familiares de las personas fallecidas en el ataque, quien en lugar de una reparación económica exigió "justicia".
En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), Burstein, miembro de la organización Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA, reclamó la detención de alguno de los involucrados en la voladura de la mutual judía, cometida en 1994. “¿Por qué no metemos a alguien preso y después hablamos de plata? ¿Por que tanto apuro en hablar de plata?”, preguntó Burstein.
Y agregó: “Quisiera que las dos Cámaras (de Senadores y Diputados), que nunca jamás de pronunciaron para condenar el atentado, se preocupen porque haya alguien detenido y por que los responsables que están tranquilos en sus casas sean juzgados”.
El proyecto legislativo del senador peronista Miguel Ángel Pichetto tiene el aval del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hace lugar a una resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que tiempo atrás reclamó "medidas de reparación" para "proporcionar un recurso efectivo a la víctima y a los familiares" por el ataque contra la mutual judía.
Para la agrupación Memoria Activa, que reúne a otras familias de las personas fallecidas, la iniciativa “no tiene mayor importancia” porque “es un punto más” de los incluidos en un decreto firmado en 2005 por el ex presidente Néstor Kirchner.
Adriana Reisfeld, integrante de la organización, dijo a AJN que “corresponde” que aquella decisión presidencial “se cumpla”, por lo que insistió que la iniciativa presentada en el Parlamento por Pichetto “no tiene mayor importancia”.
Además, comentó que al momento de la resolución, fechada el 12 de julio de 2005, el Gobierno se había comprometido a evaluar con los familiares de las víctimas y lo heridos "si estaban de acuerdo" con la reparación económica, una situación que hasta la actualidad “no se hizo”.
La iniciativa beneficiaría a los 200 lesionados que causó la explosión y a los deudos de los 85 muertos el 18 de julio de 1994.
El texto menciona a una resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que reclamó "medidas de reparación" para "proporcionar un recurso efectivo a la víctima y a los familiares" por el ataque contra la mutual judía.
El proyecto establece que tendrán derecho a percibir el "beneficio extraordinario" las víctimas del golpe terrorista que hayan sufrido "lesiones graves o gravísimas" y los herederos de aquellos que hayan fallecido durante el ataque.
También percibirán la indemnización los derechohabientes de quienes hayan sido heridos durante el acto terrorista y que hayan fallecido posteriormente, por otras causas.
Además, para percibir el beneficio estipulado por la ley que se impulsa, quienes hayan iniciado acciones judiciales contra el Estado por la causa AMIA deberán desistir de continuarlas.
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