Agencia AJN.- Las FARC, el grupo insurgente más antiguo de América Latina, son catalogadas por la Unión Europea y los Estados Unidos como un grupo terrorista con una amplia actividad narco en la región. Su penetración comienza en México y se extiende hasta el sur, en la Argentina. Los lazos que tejió a lo largo de las últimas décadas les proporcionaron los mejores contactos con los capos de los cárteles de la droga más sangrientos. Entre ellos, figura el de Sinaloa. Estos vínculos no cesan, pese a que desde hace dos años las FARC dicen estar impulsando el diálogo de paz con el gobierno constitucional de Colombia.

Dentro de las actividades ilegales de FARC, se halla el de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de los secuestros extorsivos. Y es el tráfico de drogas lo que más interesó a Hezbollah como fuente de ingreso y de financiamiento para sus actividades terroristas tanto en la región como en Medio Oriente y Europa. Pero, ¿cómo ingresar a ese negocio estando tan lejos? La respuesta llegó de la mano de un caudillo que irrumpió hacia finales de los 90 en el mapa territorial latinoamericano: Chávez. Fue el extinto coronel quien facilitó y unió los lazos que antes estaban desatados.

Con su capacidad logística y una permeabilidad fronteriza “ideal”, Chávez comenzó a intimar con las FARC para ampliar el tentador “mercado”. Aviones cargados de cocaína volaban por sobre el océano Atlántico con destino a África Occidental -donde los controles son tan permisivos como en Caracas– para tener como destino final Europa, donde lugartenientes de Hezbollah se encargaban de su comercialización. Los beneficios se repartían en proporciones iguales entre las partes. Un negocio redondo. Y blindado.

El enlace de Hezbollah con el chavismo y las FARC es bien conocido por el FBI

Para lograr que ese mecanismo permitiera el flujo continuo de narcóticos y dinero, el régimen bolivariano disponía de tres hombres clave, de extrema confianza de Chávez y luego de Maduro: Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacin. El primero de ellos se desempeñaba como cabeza de la Dirección de Inteligencia Militar Venezolana (DIM) y fue detenido el 24 de julio de 2014 en Aruba. Los cargos que se le imputaron estaban en sintonía con su actividad oculta: tráfico de drogas. Sin embargo, pese al pedido de extradición que pesaba sobre él, no fue enviado a los Estados Unidos para ser juzgado. Holanda impidió el proceso y Carvajal fue recibido como un héroe en su vuelta a Caracas. Maduro, entre otros tantos, respiró aliviado.

Rangel Silva fue también uno de quienes se relajaron por el regreso de Carvajal a tierras caribeñas. Gobernador del estado de Trujillo, este militar íntimo de Chávez también tuvo relación con la inteligencia de su país. Fue un nexo fluido con los terroristas de las FARC. Una investigación del diario norteamericano The New York Times lo señaló como quien facilitaba el armamento a insurgentes colombianos en territorio venezolano. Y les proveía documentación clave: cédulas de identidad falsas para eludir la Justicia de ambos países.

Rodríguez Chacín, en tanto, otro militar que compartió con Chávez el intento de golpe de Estado de 1992, es una pieza clave en el entramado que involucra narcotráfico y terrorismo. Capitán de navío de carrera, este “filósofo”, como se hace llamar, es actualmente el gobernador del estado de Guárico.

Pese a sus diferentes perfiles, los tres comparten cosas en común. Están señalados como los encubridores que permiten -aún hoy- el accionar libre de FARC en territorio venezolano con drogas y armas. Carvajal y Rangel Silva fueron acusados de facilitar a la banda narcoterrorista la logística necesaria para poder traficar la mercancía. Rodríguez Chacín, por su parte, era “el contacto” para conseguir el armamento para desestabilizar al gobierno democrático de Colombia.

También PDVSA fue parte del entramado que posibilitó negociados multimillonarios entre Venezuela, FARC y Hezbollah

El enlace de Hezbollah con el chavismo y las FARC es bien conocido por el FBI. Y es uno de los hombres más buscados en el planeta. Se trata de Ghazi Nasr al Din, libanés nacionalizado venezolano, que ingresó en ese listado de la oficina de investigación federal norteamericana en enero último. Cercano colaborador del gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, Al Din nació en Beirut el 13 de diciembre de 1962. Es el responsable de reunir el dinero en diferentes centros islámicos chiítas de América Latina y lograr que llegue al tesoro del grupo terrorista.

En Caracas Al Din fundó uno de estos “centros culturales”. Miembros de la comunidad se acercan y contribuyen económicamente, sin saber quizás que su ayuda monetaria viaja a Beirut para solventar las actividades ilegales de Hezbollah. Una gran parte de ese dinero se destina a reclutar jóvenes libaneses que mueren en Siria defendiendo al régimen del brutal Bashar al Assad. El otro nexo y responsable operativo en la región es Fawzi Kan’an, cuya sede también está en Venezuela. Este miembro del grupo chiíta se reúne regularmente con los más altos comandantes de Hezbollah para coordinar acciones y financiamiento.

Pero no sólo generales utilizó el régimen chavista para coordinar las acciones ilegales con Hezbollah (Irán) y las FARC. También PDVSA fue parte del entramado que posibilitó negociados multimillonarios durante años. La compañía estatal petrolera fue clave para comprar voluntades y silencios a lo largo de la región. Pero sobre todo para movilizar y lavar cientos de millones de dólares durante la administración de Chávez y Maduro.

Por: @MMalaverM