Agencia AJN.- «El Comité Olímpico de Israel expresa conmoción y pesar por la ejecución del campeón de lucha de Irán Navid Afkari, de 27 años, quien fue arrestado hace unos dos años y condenado por actividades contra el régimen iraní y asesinar a puñaladas al guardia de seguridad Hassan Turkman», declaró en un comunicado de prensa.

«Se trata de un deportista que luchó por la democracia en su país; el régimen que gobierna el terrorismo en su país y no les permite a los deportistas realizar su sueño deportivo profesional está en contra de los valores de paz y la hermandad entre los pueblos del movimiento olímpico y el deporte» porque «no hay lugar para la participación política en el deporte», aseguró su titular, Yigal Carmi.

La comunicación fue enviada anoche al Comité Olímpico Internacional.

En tanto, el Comité Olímpico Internacional, así como la Unión Mundial de Lucha emitieron cartas de condolencia y protesta por la ejecución del luchador iraní Navid Afkari después de que fracasaran todas las presiones internacionales para obtener su indulto, pero la Asociación Mundial de Jugadores no se conforma con ello.

En una carta enviada al Comité Olímpico Internacional y a la Unión Mundial de Lucha, la asociación que representa a los atletas del mundo exige que Irán sea apartado del deporte mundial en protesta por la ejecución de Navid Afkari por su participación en protestas en su tierra natal hace dos años y luego arrestado y condenado por asesinar a puñaladas a un guardia de seguridad, tras una confesión que aparentemente le fue arrebatada mediante severas torturas.

«La Asociación de Jugadores comparte el dolor de la familia y amigos de Navid Afkari. El gobierno iraní le ha quitado la vida a un hombre inocente, un atleta y un luchador. Nuestros pensamientos también están con los dos hermanos de Afkari que todavía están en prisión en condiciones inhumanas. Llamamos desde aquí a la solidaridad de los atletas del mundo e instamos al Comité Olímpico Internacional y a la Unión Mundial de Lucha a castigar inmediatamente a Irán y a apartarlo de la actividad deportiva mundial», proclamó en un comunicado.

«Navid fue marcado como blanco debido a que era un atleta destacado y había logrado gran popularidad. Sirvió como ejemplo para quienes lo vierno y lo verán. Debemos unirnos y asegurarnos de que otros no sufran un destino similar en el futuro», agregó.

El sindicato que representa a 85.000 atletas ya había pedido el martes la expulsión de Irán del deporte mundial si ejecutaba al campeón de lucha.

«Sobre la base de pruebas claras, Afkari mató a puñaladas a un hombre inocente. Ha confesado en el tribunal. El tribunal dictó la sentencia de muerte sobre la base de pruebas sólidas y la Corte Suprema ha confirmado la sentencia de muerte», dijo el poder judicial en un comunicado emitido por medios iraníes.

Grupos de derechos humanos habían instado a un indulto, mientras que las redes sociales habían visto una campaña para él bajo el hashtag #SaveNavidAfkari.

La WPA, con miembros de las ligas de baloncesto, béisbol, hockey sobre hielo y fútbol americano de América del Norte, así como del fútbol europeo y el fútbol australiano, dijo que Afkari había sido señalado por su éxito deportivo.

Schwab dijo que los organismos deportivos globales como el Comité Olímpico Internacional y la FIFA deberían usar su influencia para presionar a Irán en nombre de Afkari.

La semana anterior, la organización Amnesty International había criticado duramente el comportamiento de las autoridades iraníes con las manifestaciones ocurridas diez meses atrás.

Un informe publicado por la organización de derechos humanos aseguró que los servicios de seguridad e inteligencia y funcionarios de las prisiones violaron los derechos humanos «de manera brutal», en connivencia con jueces y fiscales.

Entre los delitos nombrados en el documento figuran: detención arbitraria, desaparición de civiles, tortura y lesiones graves a detenidos.

Amnistía Internacional asegura tener datos de más de 500 manifestantes, periodistas y activistas de derechos humanos que fueron sometidos a procesos penales injustos en el contexto de la protesta.

Las penas de prisión impuestas a los condenados oscilaron entre un mes y diez años. En algunos casos, incluso se ejecutó a los presos.

La organización cree que el número real de acusados ​​en las protestas de noviembre de 2019 es mucho mayor de lo que se conoce.

El documento afirma que en Irán existe un uso generalizado de la tortura y otras lesiones por parte de la Policía y los servicios de inteligencia, así como de funcionarios en las cárceles contra hombres, mujeres y niños, tanto durante la operación de detención como después, mientras se encuentran en las instalaciones.

Según el informe, a las víctimas se les cubrió la cabeza y ojos y recibieron golpes de puño, patadas y azotes con palos, mangueras de goma, cuchillos, porras y cables.

«Fueron colgados u obligados a permanecer en posiciones incómodas dolorosas durante períodos prolongados, privados de agua y comida», rezó el documento.

El trabajo de Amnesty resalta que «muchos detenidos fueron recluidos en régimen de aislamiento», a veces «durante semanas e incluso meses», y que se les «negó tratamiento médico por las lesiones sufridas durante las manifestaciones o como resultado de las torturas sufridas».

Otros métodos de tortura documentados incluyen el desnudar a los detenidos y mojarles el cuerpo con agua fría, exponerlos a temperaturas extremas, someterlos a fuertes luces y sonidos, arrancarles las uñas de los dedos, rociarles gas pimienta, envenenamiento, usar descargas eléctricas e y simulacros de ejecuciones.

El informe asegura que interrogadores y funcionarios penitenciarios cometieron actos de violencia sexual contra los detenidos de sexo masculino, que incluyeron desnudez forzada y agresión sexual y verbal contra ellos.

«Muchos detenidos permanecieron detenidos durante semanas e incluso meses en lugares desconocidos administrados por agencias de seguridad e inteligencia, incluido el Ministerio de Inteligencia o la Guardia Revolucionaria», rezó el documento.

«Otros detenidos fueron recluidos en cárceles superpobladas o comisarías de policía, bases militares, instalaciones deportivas y escuelas», concluyó el informe.