Ricardo Udler, presidente del Círculo Israelita de Bolivia, afirmó hoy, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN), que “tanto la comunidad judía, como la población, claman y piden por un diálogo y por la pacificación” ante la violenta crisis política interna que vive el país.
“Los hechos de violencia, por supuesto que causan intranquilidad en la comunidad y en toda la población boliviana”, comentó el dirigente, y agregó que “existe temor y nerviosismo” ante la situación.
Luego Udler subrayó que él y la comunidad judía esperan que “se llegue a un diálogo” pero que “por el momento no existe esa posibilidad”.
Bolivia vive una fuerte crisis política interna que se agravó en los últimos días y llevó al presidente, Evo Morales, a acusar al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, de “buscar la división de Bolivia” y pedir que sea expulsado.
Durante la jornada de hoy se produjeron enfrentamientos entre campesinos y grupos paramilitares que dejó un saldo de diez muertos y decenas de heridos.
Udler subrayó que como comunidad busca “apoyar la reconciliación con la oposición para que se llegue a un acuerdo”, que implicaría el acercamiento entre Morales y el líder de la oposición, Rubén Costas, que es prefecto de la región de Santa Cruz.
Sin embargo, desde ayer los opositores a Morales saquearon violentamente el aeropuerto de Tarija, ciudad limítrofe con la provincia argentina de Salta, y saquearon dependencias oficiales fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra, el estado con mayor concentración de capitales y de empresas en Bolivia.
En respuesta a los saqueos, organizaciones de campesinos que apoyan al presidente bloquean de rutas y caminos especialmente en Santa Cruz.
Udler finalmente describió a AJN que “parte de la comunidad judía está viendo que hay una falta de acercamiento entre las partes y muchos lugares donde se está implementando la violencia”.
La disputa surgió a partir de que movimientos del estado de Santa Cruz reclaman permanentemente su autonomía al gobierno nacional.
Ante esta situación, Evo Morales había ratificado la legitimidad de su poder a través de un plebiscito y también había obtenido la aprobación de una nueva Constitución que rechazan mayoritariamente los distritos más ricos del país.
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