Agencia AJN.- En una importante y polémica decisión hecha pública el viernes, una sala de instrucción de la Corte Penal Internacional determinó que La Haya es competente para abrir una investigación penal contra Israel y los palestinos por los crímenes de guerra presuntamente cometidos en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalem Oriental.

La fiscal jefe de la CPI, Fatouh Bensouda, había indicado en 2019 que una investigación penal, si se aprobaba, se centraría en el conflicto entre Israel y Hamás de 2014 (Operación Borde Protector), en la política de asentamientos israelíes y en la respuesta israelí a las protestas en la frontera de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó el fallo del viernes. «Hoy la CPI ha demostrado una vez más que es un organismo político y no una institución judicial», manifestó el mandatario. «La CPI ignora los verdaderos crímenes de guerra y en su lugar persigue al Estado de Israel, un Estado con un fuerte gobierno democrático que santifica el Estado de derecho, y que no es miembro de la CPI», agregó.

«Con esta decisión, la Corte viola el derecho de las democracias a defenderse del terrorismo, y hace el juego a quienes socavan los esfuerzos por ampliar el círculo de la paz. Seguiremos protegiendo a nuestros ciudadanos y soldados de cualquier forma de persecución legal», concluyó Netanyahu.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Gabi Ashkenazi, dijo que la decisión de la cámara «premia el terrorismo palestino y la negativa de la AP a volver a las negociaciones directas con Israel, contribuyendo efectivamente a una mayor polarización entre las partes». «Hacemos un llamamiento a todos los Estados que ven la importancia en el sistema jurídico internacional y se oponen a su explotación política, para que respeten el derecho soberano de los Estados a decidir no aceptar la jurisdicción del tribunal», añadió.

Por el contrario, el ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, calificó la decisión de «victoria de la verdad, la justicia, la libertad y los valores morales en el mundo».

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo que su oficina aún estaba revisando la decisión. Sin embargo, aclaró que la administración Biden tiene «serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí».

«Siempre hemos adoptado la posición de que la jurisdicción del tribunal debe reservarse a los países que consienten o a los que el Consejo de Seguridad de la ONU remite», añadió Price, insinuando la oposición de EE.UU. a la decisión, dado que Israel no es miembro. Estados Unidos tampoco forma parte de la Corte, a la que los palestinos se unieron al tribunal en 2015.

La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la apertura del año judicial del tribunal en La Haya, el 23 de enero de 2020.

La CPI está pensada para servir de tribunal de última instancia cuando los propios sistemas judiciales de los países no pueden o no quieren investigar y enjuiciar los crímenes de guerra. El ejército israelí dispone de mecanismos para investigar las presuntas infracciones cometidas por sus tropas y, a pesar de las críticas por la insuficiencia del sistema, los expertos afirman que tiene muchas posibilidades de evitar que la CPI investigue sus prácticas bélicas. Sin embargo, en lo que respecta a los asentamientos, algunos expertos afirman que Israel podría tener dificultades para impugnar el derecho internacional que prohíbe el traslado de una población civil a un territorio ocupado.

Si Israel y/o Hamás son finalmente condenados por crímenes de guerra, y si los altos cargos son nombrados en dicho veredicto, podrían ser objeto de órdenes de detención internacionales. Esto podría llevar a una situación en la que algunos Estados miembros recomendaran a los funcionarios especificados en la sentencia que evitaran las visitas para no arriesgarse a ser detenidos.

El panel de tres jueces recibió la orden de llegar a una conclusión sobre el derecho de la CPI a ejercer su jurisdicción en diciembre de 2019, después de que Bensouda determinara, al final de su propia investigación de cinco años sobre la «situación en Palestina», que había «bases razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra» en las regiones de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalem Este tanto por las FDI como por el grupo terrorista Hamás, así como por otros «grupos armados palestinos».

En ese momento, Bensouda dijo que creía que el tribunal tenía efectivamente jurisdicción, según los términos del Estatuto de Roma que estableció la CPI, para investigar posibles crímenes de guerra en la zona. Sin embargo, debido a la naturaleza controvertida del caso, pidió una decisión definitiva a la sala de instrucción. También se invitó a los Estados miembros y a los expertos independientes a opinar sobre el asunto. Israel, rechazando la competencia del tribunal en el asunto, optó por no hacerlo.

En la decisión de 60 páginas, publicada el viernes, el tribunal dictaminó que «Palestina se califica como ‘el Estado en cuyo territorio se produjo la conducta en cuestión'», y que «la jurisdicción territorial de la Corte en la situación en Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalem Oriental».

En el fallo del viernes, Marc Perrin de Brichambaut, de Francia, y Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, de Benín, representaron la opinión mayoritaria de la sala de instrucción, mientras que Péter Kovács, de Hungría, escribió la opinión disidente.

Israel tenía la opción de presentar su posición sobre el asunto a la CPI, pero decidió no hacerlo, «por la opinión fundamental de que el tribunal no tiene autoridad para llevar a cabo la investigación», dijo un funcionario diplomático a los medios de comunicación hebreos el año pasado.

Israel lleva mucho tiempo argumentando que la CPI no tiene jurisdicción, ya que no existe un Estado palestino soberano que pueda delegar en la corte la jurisdicción penal sobre su territorio y sus nacionales.

En febrero, el «Estado de Palestina» y otros siete países, así como 33 organizaciones internacionales y estudiosos independientes del derecho internacional, presentaron los denominados documentos amicus curiae (amigos de la corte), en los que ofrecían su opinión sobre si Palestina es un Estado que puede transferir a La Haya la jurisdicción penal sobre su territorio.

Alemania, Australia, Austria, Brasil, la República Checa, Hungría y Uganda plantearon que Palestina no puede transferir la jurisdicción penal sobre su territorio a La Haya.

Incluso los países que han reconocido formalmente el «Estado de Palestina» según las líneas anteriores a 1967 sostuvieron que no se puede considerar necesariamente que Palestina haya concedido válidamente la jurisdicción de la CPI para investigar los crímenes de guerra supuestamente cometidos en su territorio.

Netanyahu ha denunciado repetidamente a la CPI y el pasado mes de mayo declaró que frustrar una posible investigación de crímenes de guerra era una de las principales prioridades del gobierno.

Avigdor Liberman, ex ministro de Asuntos Exteriores que preside el partido laico de derechas Yisrael Beytenu, tuiteó su decepción por la decisión del viernes: «Mientras el mundo entero se ocupa del coronavirus, la CPI ha optado por lanzar su propia campaña destinada a intentar dañar el derecho de Israel a defenderse del terrorismo. Es una decisión delirante y escandalosa», señaló.