Agencia AJN (Por Nicolás Pizzi/Infobae).- El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní-venezolano, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En el misma resolución, el magistrado autorizó “una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto”.

Villena también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado. Para eso autorizó al Director Ejecutivo del Centro de análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (CEAC), Comisionado Mayor Maximiliano Lencina, “con expresa colaboración y participación del agregado legal del FBI en la Argentina”.

El requerimiento de un juez de Estados Unidos tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.

Más temprano, la fiscal Cecilia Incardona había avalado el pedido argumentando que es “formalmente procedente” y que el juez Villena es competente para resolver. No trascendieron más detalles del dictamen porque el tratado con Estados Unidos exige confidencialidad.

El juez Michael Harvey pidió la incautación del avión Boeing 747-300 por la transferencia no autorizada entre Mahan Air, una aerolínea vinculada a la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, y Emtrasur.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde el 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años una prohibición sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con commodities exportados desde Estados Unidos. Por eso, la aerolínea iraní habría violado esa prohibición cuando le entregó el avión a Emtrasur sin la autorización del gobierno que conduce Joe Biden. La situación se habría agravado cuando entre febrero y mayo de 2022 Emtrasur permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.

“El Departamento de Justicia no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación”, dijo el Secretario de Justicia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Matthew G. Olsen apenas trascendió el pedido de la justicia de ese país. Y agregó: “Trabajando con nuestros socios en todo el mundo no daremos cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas”.

Ahora es el turno del juez Villena, aunque la redacción de ley 24.34 no le otorga mucho margen para oponerse. “El avión podría quedar secuestrado para la Justicia argentina y para la justicia de Estados Unidos”, admitió una fuente judicial. Ocurre que el mismo juez debe definir si mantiene una medida cautelar ordenada al comienzo de la causa judicial que tramita en su juzgado.

lncardona recibió duros cuestionamientos en las últimas horas del presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, por haber apelado el fallo que permitía la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión. Ese funcionario venezolano la trató de “ladrona” y dijo que “el mismo día que firmó el adefesio ese (por la apelación) visitó la embajada de Estados Unidos” y la de Israel. Según pudo saber Infobae, esas visitas nunca ocurrieron.

Incardona apeló argumentando que todavía hay medidas de prueba pendientes que podrían cambiar la situación de los tripulantes. Ese dictamen, sin embargo, lleva la firma del fiscal Sergio Mola, el otro fiscal de Lomas de Zamora que está colaborando con Diego Luciani en el juicio de la obra pública, porque Incardona estaba de licencia.

“Cecilia Incardona recibe instrucciones directas de Estados Unidos. Eso es una podredumbre, es un sistema judicial arrodillado”, lanzó Rodríguez en el mismo acto.

Por esos dichos, la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo manifestó su preocupación ante el procurador general interino Eduardo Casal. Horas después, un funcionario de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, le mandó una carta a la Cancillería argentina para trasmitirle “la profunda preocupación institucional” por las declaraciones de Rodríguez.

La situación de los 19 tripulantes, en tanto, quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que ahora debe evaluar las apelaciones de la fiscal Incardona y del abogado defensor de los tripulantes Hernán Carluccio. La definición podría demorar varias semanas.

Agencia AJN.- ¿Ignoraremos otra vez las alertas? Los indicios que escriben preguntas a las que nadie responde, ¿no deben ser escuchados?

28 años atrás nos estremeció un estruendo que se escuchó por muchos barrios de Buenos Aires y nos heló el alma. Dos años antes una bomba asesina había destruido la Embajada de Israel y nosotros y nuestra justicia respondimos con un silencio que, ante este nuevo ataque, nos señalaba como culpables. De aquella impunidad son estas cenizas.

Los escombros escondieron las lágrimas de quienes morían sin saber por qué y todavía hoy las familias destrozadas por aquellas esquirlas nos miran pidiendo respuestas.

En la reconstrucción conceptual del proceso para saber qué había ocurrido, debimos retroceder y buscar en muchos adoquines las huellas de quienes lo idearon, lo financiaron y lo ejecutaron.

Vimos señales previas que por ignorancia o complicidad no fueron interpretadas y luego, quienes deberían haberlas convertido en alarmas, intentaron borrarlas para que no se les reproche su desidia.

Nadie había preguntado por qué, poco antes de ese negro 18 de julio, habían ingresado a nuestro país diferentes diplomáticos iraníes, exhibiendo pasaportes con números correlativos y con diferentes cargos que los que tenían en los países limítrofes.

Tampoco nos inquietó por qué todas las principales autoridades –incluyendo el Embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpur- poco antes de ese fatídico día, se habían retirado de sus destinos.
Porque ese Embajador había sido «despedido» de España tiempo antes de venir a Buenos Aires, no había sido un tema para indagar.

Tampoco por qué el Sheik de la Mezquita de Flores, Mohsen Rabbani -filmados muchas veces por la Inteligencia argentina cuando afirmaba que la revolución islámica debe expandirse por el mundo- regresó de Irán unos meses antes del ataque convertido en el agregado cultural de la Embajada, adquiriendo así inmunidad diplomática.

Nadie se preocupó por saber qué hacía El Reda (los dos hermanos que se ocupaban del financiamiento del atentado) en Santa Fe, cuando uno de ellos fue detenido intentando pasar dólares falsos. Los denominados «superdólares» que pertenecían a la misma remesa de los que se utilizaron en distintos atentados en Europa.

Tampoco inquietó que luego de que su hermano (casado con la secretaria de Rabbani) pagara la fianza fijada, ambos desaparecieran del radar de la justicia.

La Triple Frontera

Nadie -ni entonces ni ahora- se preocupó por los extraños movimientos en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) pese a estar absolutamente acreditado que desde allí se financia al terrorismo islamita.

Quién y qué ingresa o sale por ese límite del norte argentino que parece inexistente, no es un tema que parezca preocupar a nuestra Inteligencia.

Nadie investigó las empresas que aparentaban realizar actividad comercial sin rentabilidad, pero que permitían el ingreso y egreso de personas y de dólares. Ni nos explicó por qué fotografiaron a Rabbani tiempo antes del atentado en la búsqueda de un tráfico de las características de la que explotó en la AMIA.

Tampoco supimos –ni antes ni después– por qué se grababan las conversaciones telefónicas de la Embajada de Irán –agravio diplomático que generó su queja– si al igual que ahora, carecíamos de traductor del farsi por lo que nunca supimos qué se decía en ellas.

Alarmas hubo, pero las desoímos. Las casas seguras, la red de espionaje montada, las llamadas telefónicas a la Triple Frontera y a centros del Hezbolla fueron gritos que clausuró la sangre.

Se pudo reconstruir quienes ordenaron y financiaron el atentado, quien fue el suicida que manejó la camioneta, el rol de la triple frontera, el entrecruzamiento de llamados que indican desde cuándo ingresaron al país, a cuando se fueron los que planificaron el ataque (poco antes de la hora elegida para sembrar el terror).

Aquí y ahora: el avión

El 6 de junio pasado llegó a Argentina un avión Boeing 747 que aparenta ser de la empresa venezolana EMTRASUR. No a una pista clandestina ni a un aeropuerto pequeño.

Llegó a la más controlada de nuestras estaciones aéreas. Al día siguiente, las empresas Shell, YPF y Axxion se negaron a cargarle combustible porque recibieron un alerta.

El 8 parte con destino a Uruguay y, como si hubieran recibido algún mensaje, lo hace antes de la hora programada en el plan de vuelo, pero igualmente no llegan a entrar en cielo uruguayo antes de que sus autoridades den la orden para impedirlo.

Recién ahí, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aparentó preocuparse por saber quiénes eran los tripulantes y qué hacía de verdad el avión que había sido rechazado por el país vecino.

Antes, había ignorado que en un flete de carga viniera una tripulación mixta venezolana iraní de 19 personas, número difícil de justificar para la actividad que supuestamente realizaba. Se hicieron los distraídos al permitir que la mercancía transportada saliera sin ninguna revisión de su área.

Tampoco les llamó la atención el gasto operativo que significaba esa operación, ni siquiera se plantearon si el honorario por el flete lo cubría, ni se ocuparon de averiguar por qué se habían negado a cargarle combustible las empresas cuyo negocio es venderlo.

Nunca avisaron a la justicia, pero se molestaron en aparentar preocupación administrativa. Es el abogado de la tripulación (casualmente un letrado que fue condenado junto al ex vicepresidente Kirchnerista Amado Boudou) quien presentó un pedido de Habeas Corpus para exigir que carguen el combustible y dejen ir a la tripulación y al avión, quien abre el legajo judicial.

DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) denunció el hecho y se constituyó como querellante. ¿Cómo no hacerlo si la impericia vuelve a ser el invitado permanente en nuestros pesares?

¿Cómo ignorar que al igual que El Reda, el avión había estado en «Ciudad del Este» poco antes, extendiendo la estadía programada en ocho horas a tres días, habiendo, según afirma hoy Paraguay, realizado su tripulación movimientos lo suficientemente cuestionables como para abrir en ese país una investigación judicial y parlamentaria?

¿Cómo desoír los dichos públicos del Jefe de la inteligencia paraguaya, Esteban Aquino; del Presidente de ese país, Mario Abdo Benitez, del informe del FBI que advierten que había una alerta sobre el avión y al menos, sobre algunos de sus tripulantes, porque pertenecían a las fuerzas QUDS- Ejército revolucionario islamita cuya principal función es exportar aquella «revolución»- y que el avión perteneció (o pertenece aunque esté amparado con documentos venezolanos) a la aerolínea que trasportaba armas y personas para favorecer al Hezbolla?

Las torres gemelas

Desde el 2011 -cuando dos aviones fueron las armas utilizadas para volar las torres gemelas- los convenios internacionales, los tratados de colaboración mutua entre los estados para investigar delitos trasnacionales – especialmente narcotráfico y terrorismo- se multiplicaron. Pese a tanta firma, el magistrado, que intenta saber qué vino a hacer el avión sospechado a nuestro país, no recibe respuestas a sus múltiples exhortos.
¿Es nuestra Cancillería la que los demora? ¿Es un tema político, en un momento de tanto movimiento en los posicionamientos geo políticos de muchos de los actores que deberían colaborar, lo que frena las respuestas? ¿Nosotros? ¿Ellos? ¿Todos? Lo ignoro.

Las alarmas no sonaron, o al menos, como los casetes en farsi que tal vez hubieran impedido las muertes, nuestras autoridades de prevención no las escucharon o no las entendieron. Los tripulantes nos enrostran sus derechos humanos, el principio de inocencia y su compromiso de presentarse ante la justicia si son requeridos.

Irán, en la investigación de AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), no recibió siquiera los exhortos enviados por la justicia argentina con preguntas tan sencillas como la titularidad de algunas líneas telefónicas a las que se habían comunicado los terroristas.

La única vez que lo hizo, fue para decirnos que nuestra investigación era falsa y que debían defender la privacidad de sus ciudadanos. Obviamente, tampoco cumplió, sino que, por el contrario, burló las alertas rojas de Interpol para detener a los acusados. Muchos de ellos hoy se encuentran en altos cargos dentro de aquel gobierno.

Pero sus derechos humanos, pese a los indicios de cargo que intentamos convertir en prueba, porque la información de los servicios de inteligencia colaterales no alcanza esa categoría, nos son enrostrados para que se permita que vayan a un lugar, donde como ya lo experimentamos, nunca volverán a contestar nuestros requerimientos.

La verdad procesal no puede ser solo una máquina fotográfica que nos muestre la foto de un momento. Acostumbrarse a la frustración no puede adormecer nuestros reflejos. La frustración no puede ser nuevamente el corolario de la investigación. No aprendimos nada desde que mataron a nuestros hermanos.

El avión nos golpea el rostro demostrándonos que estamos igual o peor que en los noventa. No tenemos leyes, ni procedimientos, ni personal capacitado para prevenir e investigar delitos complejos.

La misma falta de cooperación entre las Fuerzas, los mismos intereses escondidos detrás la apariencia de colaboración, la misma indiferencia internacional. Nuevamente, resulta difícil saber si es corrupción o impericia.

Nuevamente, un juez y una fiscal sin medios ni apoyo, deben dirimir entre los derechos de los sospechados y el cuidado de la población inerme. Otra vez, quienes no respetan derechos humanos exigen que se respeten sus derechos.

Cuando intento ordenar los pensamientos garantistas que el Derecho Penal me enseñó, mientras repito sus bases constitucionales, escuchó las voces quebradas de una madre, una hermana y una hija que en este reciente aniversario del atentado a la AMIA nos preguntaban, entre lágrimas, por qué murieron.

Por Marta Nercellas, abogada de la DAIA, encabezó el juicio por el atentado al edificio de la AMIA.

Fuente: ElDebate