Por Patricia Blanco – Fuente: Infobae

La Cámara Federal de Casación Penal llamó a una audiencia para el 29 de septiembre con el fin de resolver si confirman el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados en la causa conocida como Memorándum con Irán. El otro camino es hacer lugar a los planteos acusadores y avanzar con la realización del juicio oral, indicaron fuentes judiciales.

“Desígnase audiencia para el día 29 de septiembre de 2022 a las 10:30, a los fines dispuestos por el artículo 465, quinto párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Hágase saber a las partes que podrán presentarse con breves notas, a través del Sistema Informático de Gestión Judicial LEX 100 y que, en caso de optar por informar oralmente, deberán hacerlo saber en el plazo de tres días a los efectos de proveer lo que corresponda”, dice la resolución firmada por el presidente de la Sala 1 de la Casación Diego Barroetaveña, que también integran los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El 7 de octubre pasado, el Tribunal Oral Federal 8 resolvió sobreseer a todos los acusados de la denuncia que había radicado en enero de 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. La decisión se tomó cuando ya se avanzaba hacia la fijación de una fecha de juicio. Las visitas al ex presidente Mauricio Macri de dos jueces de Casación que ordenaron reabrir la causa fue el ancla de las defensas para solicitar al tribunal oral la nulidad del debate. En ese contexto, los jueces del TOF 8 resolvieron que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013.

“El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, sostuvo aquella resolución. “El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional”. De este modo, “no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”, se sostuvo.

El sobreseimiento no fue solo para la Vicepresidenta. La decisión alcanza además al resto de los acusados, entre los cuales están el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

El fiscal Marcelo Colombo apeló la resolución por considerar que era “arbitraria porque clausuraba el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público” y porque la regla procesal para dictar sobreseimientos no fue la figura adecuada. Sin embargo, el fiscal ante Casación Javier De Luca desistió de sostener el planteo del Ministerio Público.

Las apelaciones, sin embargo, llegaron por la vía de las querellas de la DAIA y de los familiares de las víctimas. Buscan que Casación anule lo actuado por el Tribunal Oral y deje sin efecto o revoque los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados. Lo que quieren es que se avance “sin más dilaciones hacia el juicio oral y público”.

Cuatro días antes de su muerte, Alberto Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes.

La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier de Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, confirmó en mayo de 2016 el cierre de la denuncia.

Pero en Comodoro Py apareció una denuncia por traición a la patria para la entonces ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los legisladores que habían votado el Memorándum con Irán. Cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Se presentó además una prueba nueva: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.

El hecho escaló hasta Casación. Los jueces Hornos y Borinsky, como jueces subrogantes de la Sala I, fueron recusados por la defensa de Timerman, diciendo que ambos jueces estaban excusados de intervenir en el expediente sobre el ataque terrorista, su encubrimiento y los temas asociados. El planteo fue rechazado por los magistrados. El 29 de diciembre de 2016, Casación –con los votos de Hornos, Borinsky y Figueroa– resolvió ordenar la reapertura de la causa y apartar del expediente al juez Rafecas, al considerar que su decisión de rechazar la reapertura de la denuncia fue “prematura, arbitraria y parcial”. Momentáneamente el expediente estuvo en el juzgado de Ariel Lijo hasta que finalmente el caso quedó anexado a la denuncia que tramitaba Bonadio.

El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidenta en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Sergio Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF y con aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

El 30 de diciembre de 2018 falleció Héctor Timerman. La Corte Suprema confirmó en marzo de 2019 la prisión preventiva de la ex presidenta, al rechazar un recurso extraordinario porque no se trataba de una sentencia definitiva. La defensa de Cristina Kirchner nunca solicitó la excarcelación, como otros acusados, pero el propio tribunal la hizo caer cuando ya era vicepresidenta. Los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado hicieron lugar a los pedidos de las defensas para hacer oir sus reclamos de nulidad. Allí la propia Cristina Kirchner aseguró “Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político”.

La decisión sobre si el caso se reabre o se confirma el sobreseimiento queda ahora en manos de la Sala I de Casación. Los mismos jueces también deberán resolver sobre el cierre de la causa Hotesur y los Sauces resuelto por el TOF 5, que también tiene como protagonistas a la vicepresidenta y sus hijos por lavado de dinero.