Agencia AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Se cumplen hoy tres años del hallazgo sin vida del entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, cuyo dudoso deceso por un disparo en la sien derecha de una pistola Bersa calibre 22 fue calificado como homicidio por la Justicia.

Por tal motivo se llevará a cabo un homenaje a las 9.30 hs. en el Cementerio Israelita de La Tablada, cerca de cuya entrada descansan sus restos, en el cual estarán presentes familiares, allegados y colegas, se realizará un minuto de silencio, se colocarán flores y el rabino Marcelo Polakoff, cercano a los deudos, recitará plegarias alusivas, pero no habrá discursos.

El fiscal tenía 51 años y dos hijas, Iara y Kala, y al otro día debía argumentar en el Congreso su denuncia del 14 de enero de 2015 contra las máximas autoridades del Gobierno de esa época por encubrir a los imputados iraníes.

Pese a su rol de investigador del atentado, su muerte fue originalmente investigada por la Justicia ordinaria, por la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, quienes parecían inclinarse por el suicidio, al igual que la autopsia del Cuerpo Médico Forense, pero luego de varias idas y vueltas, el 20 de septiembre de 2016 la Corte Suprema resolvió que la competencia era federal.

Recién el 26 de diciembre pasado y tras una junta multidisciplinaria realizada por la Gendarmería, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Julián Ercolini, concluyó que Nisman fue víctima de un “plan homicida” con autores todavía desconocidos y procesó, sin prisión preventiva, como partícipe necesario a quien fuera su asesor informático y dueño del arma, Diego Lagomarsino, quien debe llevar una pulsera electrónica entre otras restricciones a su libertad, y por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los custodios del funcionario Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz.

Todos ellos apelaron y el mes que viene deberá resolver la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que en primer lugar tendrá que expedirse sobre si fue un asesinato, ya que el imputado lo niega, al amparo de la autopsia, que señaló que no había certezas en ese sentido, pero tampoco sobre un autoatentado.

Para el juez, todos ellos participaron en el montaje de una escena de suicidio, junto con los supuestos asesinos, la cual fue impulsada por el gobierno kirchnerista, que no dudó en descalificar al extinto funcionario y exhibir fotografías de su intimidad.

Paralelamente se analiza la respuesta de los Estados Unidos a un pedido de informes sobre la actividad de dos cuentas de correo electrónico del fiscal, que
había recibido amenazas por esa vía, una de las cuales fue referida al abrir una cuenta en el banco Merryl Lynch, de la cual Nisman era apoderado y los titulares son su hermana, Sandra; su madre, Sara Garfunkel; y el propio Lagomarsino.

También se esperan los resultados de pericias informáticas a sus computadoras y teléfonos y a los de la víctima, y se investigan centenares de llamadas telefónicas previas al hallazgo del cadáver, sobre todo entre funcionarios de inteligencia como Antonio Stiuso, Alberto Mazzino y Fernando Pocino y el entonces jefe del Ejército, César Milani.

Por otra parte, la denuncia de Nisman había sido archivada por inexistencia de delito por el juez Daniel Rafecas y recién el año pasado tuvo actividad: su actual responsable, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Claudio Bonadio, ya dispuso su clausura parcial e invitó a las partes a requerir su elevación a la instancia oral, para lo cual dispuso la habilitación de la feria judicial de enero.

Ello responde a una orden de la misma Sala II de la Cámara Federal, dado que hay cuatro personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz: el ex secretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elia, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el presunto nexo extraoficial con ese país Jorge “Yussuf” Khalil, todos ellos procesados por encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por el hecho precedente y por ser funcionario público (el primero), y estorbo de un acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán.

En la misma situación deberían estar los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, protegida por sus fueros de senadora, y canciller Héctor Timerman, excarcelado de su arresto domiciliario por razones extraordinarias y humanitarias a fin de ayudarlo a recuperar la visa que le retiraran los Estados Unidos y así posibilitarle continuar su tratamiento contra el cáncer.

La misma imputación, pero sin prisión preventiva, recae sobre los ex vicecanciller Eduardo Zuain, secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, procuradora general del Tesoro Angelina Abbona, y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, y el diputado Andrés Larroque.

Finalmente, siguen investigados con falta de mérito los ex vicecancilleres Alberto D’Alotto y Susana Ruiz Cerutti y secretarios privados de Timerman José Mercado y Luciano Tanto Clement.

La querella de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de Paola y Yanina, dos de las 85 víctimas del ataque terrorista, pidió una prórroga de seis días para requerir la elevación a juicio y trascendió que insistiría con la acusación de traición a la patria, reprochada por Bonadio y desestimada preliminarmente por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

No así la DAIA, primera responsable del desarchivo de la causa, y habrá que ver qué hace el fiscal Eduardo Taiano, quien tendrá ese mismo plazo.

Paralelamente, la defensa conjunta de Fernández de Kirchner y Timerman reclamó a la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal que habilite la feria judicial para tratar su apelación al procesamiento, sobre lo cual deberán expedirse en estos días Eduardo Riggi y Ángela Ledesma, quienes si no se ponen de acuerdo deberán convocar a otro juez.

El mismo camino podrían seguir los abogados de los acusados presos.