El director del Joint Distribution Committee para América Latina, Alejandro Kladniew, y el director de Programas Sociales, Fabián Triskier, presentaron hoy la investigación sobre la situación social de los hogares con niños y adolescentes beneficiarios de programas sociales comunitarios, estudio realizado ente junio y septiembre de 2007.
La investigación, conducida por Gabriel Kessler, se realizó sobre los beneficiarios asistidos por AMIA, Jabad Lubavitch y la Fundación Tzedaká en centros de atención social gestionados por el Joint en el Área Metropolitana de Buenos Aires, instituciones de la Comunidad Sefaradí y de las comunidades de Rosario, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba.
Para el estudio se relevaron 191 hogares en todo el país, lo que abarcó a 822 personas y el 30 por ciento de las viviendas incluidas para la muestra fueron monoparentales.
Los datos más preocupantes que surgieron de la investigación fueron respecto al clima educativo del hogar y en relación a la vivienda. En el primer punto, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el umbral básico para tener posibilidades de obtener ingresos razonables es de 12 años.
El estudio arrojó que tan solo el 52 por ciento de los entrevistados posee 12 años de estudios o más, mientras que el resto cursó hasta 11 años de estudio, lo cual implica menores chances de empleabilidad.
En tanto, en relación a la vivienda, sólo el 36 por ciento de los hogares puede considerarse en una situación de “tenencia segura”, es decir, que son propietarios de su vivienda y el terreno.
Alrededor del 30 por ciento de los encuestados son inquilinos, lo que los ubica en una situación de vulnerabilidad y que les da temor por posibles aumentos en los contratos.
El estudio del Joint destacó que no se detectaron problemas graves de habitabilidad y que no hay casos de hacinamiento.
No obstante, el 79 por ciento de los consultados aseguró que tiene algún problema en la vivienda, entre los que figura humedad en techos y paredes, filtraciones y viviendas con problemas con caños de agua e inundaciones.
Se analizaron hogares ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y en las comunidades de Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Córdoba.
El estudio arrojó que dos tercios de los hogares consultados (67 por ciento) está habitado por hasta cuatro miembros, lo cual confirma que las familias conservan la estructura demográfica propia de los sectores medios, más allá de su situación socioeconómica actual.
La muestra reveló que entre el 40 y 50 por ciento de los hogares, el hijo menor tiene entre 0 y 5 años, lo que indica, en palabras de Kladniev, que “quedan muchos años por ayudar”.
Respecto de la situación de los ingresos, casi dos tercios de los entrevistados afirmaron que se restringen en sus gastos aunque no se endeudan, mientras un tercio debe hacerlo.
En su conclusión, el informe sostuvo que los datos muestran que en tiempos normales los hogares se “arreglan” con lo que tienen pero cualquier eventualidad (enfermedad, una cuenta de servicios más alta de lo esperado) desequilibra la frágil situación financiera.
En ese sentido, el Joint recomendó la creación de un Fondo de Emergencia para asistir a esos hogares en momentos de necesidad.
El 26 por ciento de los encuestados es beneficiario de planes de Estado (nacional, provincial y/o municipal, además de aquellos comunitarios).
En el primer momento de la crisis socioeconómica de 2001-2002, en palabras de Triskier, era “irrisorio” el porcentaje de miembros de la comunidad judía que acudían a esos planes por “prejuicios”, “sensación de estigmatización” o porque “la asistencia comunitaria era más afín y amigable”.
“Sin embargo, parte del trabajo social de las instituciones comunitarias fue direccionar la demanda de los beneficiarios para hacer uso de sus derechos ciudadanos y, sin duda, esto en parte se logró”, subrayó el Joint en su informe.
La investigación destacó que esta cifra debe contextualizarse en la tendencia general hacia la disminución de beneficiarios del programa más extendido, Jefes y Jefas de Hogar Desocupadas, que pasó de 2.200.000 beneficiarios en 2003, a 820.000 en 2007.
Respecto de la situación educativa, el 98 por ciento de los chicos de 6 a 11 años y el 83 de los estudiantes secundarios de 12 a 17 están escolarizados. Un dato que se destaca es que una parte de la población en escolaridad media que no figura concurriendo a escuelas secundarias porque estudia en escuelas religiosas no oficiales (yeshivot).
El 13 por ciento de los chicos o adolescentes repitió algún grado, una cifra que se ubica por encima de los promedios nacionales.
En tanto, el grado de satisfacción de los padres cuyos hijos asisten a escuelas judías es algo mayor a los que asisten a escuelas no judías.
El 44 por ciento de los chicos tiene a sus dos padres judíos, mientras que un 50 por ciento tiene a sólo uno de los padres de dicho origen. El 2 por ciento de los menores y el 13 por ciento de los adultos no tiene ascendencia judía.
En tanto, el 88 por ciento de los padres con ascendencia judía se reconocieron como tales, mientras que esa cifra desciende en 7 de cada 10 en los hijos.
Respecto de la participación en instituciones comunitarias, el 49 por ciento son “asistentes”, el 36 por ciento “ex asistentes” y el 15 por ciento restante nunca asistió.
El estudio concluye que es necesario valorizar y reforzar las formas de la vinculación con la comunidad.
Por último, el perfil ocupacional arrojó que el 54 por ciento de los encuestados están ocupados, el 35 por ciento inactivos y el 11 desocupados.
De los ocupados, el 62 percibe que su empleo es estable mientras que el 38 lo ve como inestable.
Kladniew y Triskier coincidieron en que los puntos sobre los que debe hacerse hincapié a partir de este estudio son: seguir ubicando –o reubicando- a los chicos en la escolaridad judía, trabajar en salud sobre todo en el área de odontología y diseñar medidas en función de facilitar el acceso de los beneficiarios a la titularidad de la vivienda.
En este ultimo punto, destacaron que ya hubo conversaciones con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
BK-GB