El fiscal federal Alberto Nisman afirmó hoy que posee "pruebas suficientes" para justificar el pedido de desafuero y detención del ex presidente Carlos Menem, quien a su criterio "dio la orden" de proteger a un supuesto implicado en la planificación del atentado terrorista contra la AMIA, perpetrado en julio de 1994 y que causó 85 muertos.
"Existen pruebas suficientes" de que Menem tuvo una "actuación determinante" en la cobertura brindada a Alberto Kannore Edul, quien mantuvo contactos telefónicos con el ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina, Moshe Rabbani, buscado en todo el mundo por ser, para la Justicia argentina, uno de los organizadores del mayor ataque terrorista cometido en el país.
"Hay una serie de sospechas que permiten determinar que desde el poder político, en este caso el ex presidente Menem, se diseñó un plan para beneficiar a una de las personas respecto de las cuales existían mayores sospechas de integrar la conexión local", dijo Nisman a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
El fiscal explicó que las pruebas demuestran que la camioneta que se utilizó para atentar contra la mutual judía pasó “por las manos de Kannore Edul antes de que llegara a Rabbani".
Entre otras pruebas, Nisman contó que luego del atentado a la AMIA se ordenaron "tres allanamientos y tres escuchas telefónicas", pero uno de los procedimientos no se realizó porque se argumentó que "no tenía interés a la investigación, cuando en realidad había una orden amplia sobre esta medida".
En tanto que en los otros dos allanamientos, la policía permitió que se fugara Kannore Edul.
"También se determinó que Kannore Edul sabía que lo estaban buscando, se probó que la casa (del sospechoso) no fue revisada y en los dos teléfonos se detectaron llamados del comisario (Jorge Fino) Palacios, 2 horas antes del allanamiento", precisó.
Nisman reveló, además, que "esos teléfonos no aparecen en la causa y Palacios no lo denunció".
"Hubo una orden del ex presidente Menem, según relataron los testigos, que hablan de un llamado de Munir Menem para que esta pista se parara y no se investigara", afirmó.
En diálogo con esta agencia, Nisman subrayó que esta medida del Gobierno de Menem "es consecuente con lo que ocurrió después".
Incluso, señaló que "los secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) prueban lo ocurrido el 1º de agosto, el día de los procedimientos, (y es) que se paró todo esto".
Para el fiscal, el actual senador peronista por La Rioja cumplió "una actuación determinante" en el encubrimiento dado a Kannore Edul, lo mismo que su hermano Munir y varios de sus ex funcionarios, entre ellos el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.
Según la información que presentó hoy al juez federal Ariel Lijo, Nisman tiene probado que Menem recibió en la Casa Rosada a un familiar de Kannore Edul ocho días antes de que el ex juez Juan José Galeano, también investigado en una causa por irregularidades, lo sobreseyera.
"Todos los estamentos dependían del presidente de la Nación de entonces. Dio la orden de proteger a Kannore Edul", sobre quien existen "fundadas sospechas de su participación en el atentado", insistió Nisman.
El fiscal indicó que el juez Lijo tendrá que determinar si otros funcionarios, como el ex ministro del Interior, Carlos Corach, y el ex secretario de Seguridad, Andrés Antonietti, tuvieron responsabilidad en las irregularidades detectadas en la investigación del ataque.
Por el momento, aseguró que carece de pruebas como para acusar a ambos ex funcionarios del menemismo.
Nisman también cargó contra el ex juez Juan José Galeano, quien estuvo al frente de la instrucción, a quien acusó de "no investigar absolutamente nada" hasta que Menem dejó el poder.
"Un jefe de inteligencia dijo que recibió la orden de Galeano de investigar a Kannore Edul una vez que Menem se va del poder", relató el funcionario judicial, siempre en diálogo con AJN.
"A Kannore Edul se lo empieza a investigar seis años después, cuando ya se borró todo y el juez tiene la seguridad de que no van a encontrar nada", agregó.
Por eso, Nisman justificó el pedido de detención del ex magistrado al responsabilizarlo de no realizar los allanamientos dispuestos en su momento y dejar sin efecto las escuchas telefónicas.
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