El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas para investigar al ex presidente Carlos Menem y su hermano Munir “por la supuesta protección a un sospechoso en la denominada ‘pista siria’” en el atentado contra la AMIA, perpetrado en 1994 y que dejó 85 muertos.
Según el portal Infobae.com, el magistrado “quiere determinar quiénes trabajaban con Munir Menem en la Presidencia” y, por ese motivo, requirió una serie de medidas de prueba.
La decisión de Lijo se realizó en el marco de la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman, en la que señaló una “maniobra de encubrimiento” del entorno de Menem para, supuestamente, favorecer al comerciante descendiente de sirios Alberto Kanoore Edul, investigado en su momento por el ex juez Juan José Galeano.
En ese sentido, el juez ordenó hoy que se libre oficio a la Dirección General de Audiencias de la Presidencia de la Nación, a fin de que informe "la nómina de los funcionarios y personal que se desempeñaban en esa sección, entre los meses de julio a septiembre de 1994, y que se precise quién era el coordinador general".
Por otra parte, el magistrado pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3, que llevó a cabo el juicio por el atentado a la AMIA, que remita copias certificadas de las transcripciones de la declaración testimonial de la entonces senadora y actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, del 4 de diciembre de 2003, entre otras.
En la denuncia presentada por Nisman, figura un “episodio” donde el entonces juez Galeano respondió con un "no me acuerdo" a una pregunta de la ex senadora Kirchner relativa a si había recibido un llamado de Munir Menem por este tema.
La interpelación ocurrió en el marco de la entonces Comisión Bicameral de Seguimiento de la investigación de los atentados en el Congreso Nacional, y fue recordada por la ex legisladora al declarar como testigo en el juicio oral hecho a la fallida "conexión local", que resultó absuelta en 2003.
Los intentos de Lijo tienen el objetivo de confirmar “los datos aportados por Nisman tanto en el expediente principal de la causa AMIA como en el que analiza los posibles delitos que se habrían cometido en la investigación del atentado”.
En la causa que lleva adelante Lijo están procesados Galeano, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y los ex fiscales que participaron de la investigación.
Una de las acusaciones que pesa sobre los procesados es el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín para que inculpara a un grupo de policías bonaerenses.
El próximo paso de Lijo consiste en investigar si Menem y los otros funcionarios protegieron a Kanoore Edul al demorar un allanamiento y perder las grabaciones de unas escuchas telefónicas.
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