Una de las mayores incógnitas que había dejado esa sentencia era por qué la absolución alcanzaba también a Carlos Telleldín, investigado desde la semana posterior a la masacre, y por qué los ex policías bonaerenses -encabezados por Juan José Ribelli- no debían rendir cuentas por las extorsiones que el primero había denunciado mucho antes de esa fecha. Para ser más claro: ¿por qué se ignoraban hechos anteriores al 31 de octubre de 1995? Incluso se daba el absurdo de acreditar la materialidad del hecho y la existencia de la Trafic al tiempo que todo el resto de la causa elevada a juicio era absolutamente nulo.

En su fallo de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación retomó esas incógnitas y añadió varias y duras críticas al tribunal oral y a la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Al declarar “procedentes” los recursos extraordinarios interpuestos por la Fiscalía y la querella AMIA-DAIA-Grupo de Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado a la AMIA dejó “sin efecto la sentencia” del TOF 3 y ordenó que se “proceda a dictar un nuevo pronunciamiento”.

Justo es reconocer que la decisión fue dividida, con el voto positivo del presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt (impulsor del mismo), Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la disidencia de Carmen Argibay y Enrique Petracchi y el silencio de Raúl Zaffaroni, quien oportunamente se había excusado dada su participación en un dictamen sobre la causa, a pedido de la AMIA y la DAIA, en 1997.

También cabe destacar que ambas opiniones se apartaron parcialmente del dictamen del procurador fiscal Eduardo Casal, quien en febrero del año pasado había solicitado hacer lugar al recurso de la Fiscalía respecto de los ex policías y rechazar el de la querella.

Ahora bien, ¿qué tuvo en cuenta la opinión mayoritaria?

El argumento es tan simple como lógico: si el tribunal oral determinó que la pérdida de la debida imparcialidad del juez interviniente -en el caso, Galeano- se produjo a partir de la apertura del legajo “Brigadas”, el 31 de octubre de 1995, no hay razón para anular todo lo actuado antes de esa fecha.

Para ser aún más claro: la enorme mayoría -por no decir casi la totalidad- de las evidencias que vinculan a Telleldín con el atentado a la AMIA se obtuvieron en los más de quince meses anteriores a esa fecha.

Y respecto de los ex policías, Telleldín denunció la supuesta extorsión de la Brigada de Investigaciones de Vicente López en sus indagatorias del 6 y 7 de agosto de 1994, y la de los efectivos de Lanús, el 16 de julio de 1995. Incluso se había iniciado un sumario en la policía bonaerense en junio de este último año.

Los acusados fueron Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Mario Bareiro, Anastasio Leal, Bautista Huici, Marcelo Albarracín, Alejandro Burguete, José Arancibia, Oscar Bacigalupo, Jorge Rago y Diego Barreda, junto al abogado Juan Alberto Bottegal.

Si bien las voces disidentes entendieron que el tribunal tenía vedado expedirse, ya que “los agravios que sustentan ambos recursos extraordinarios remiten al examen de aspectos de hecho, prueba, derecho común y procesal, propios de los jueces de la causa (…), en la medida en que se cuestionan los alcances y efectos otorgados a la nulidad (…) y el valor conferido a las pruebas que conservaron su legitimidad”, en este último caso, la mayoría de la Corte siguió el dictamen de la Procuración.

Lo contrario ocurrió respecto de Telleldín, ya que el procurador Casal se había pronunciado en términos similares a los de Argibay y Petracchi: “la pretensión de la querella conduce al examen de cuestiones de hecho y prueba”, sobre lo cual no debe expedirse la Corte.

Pero la opinión preponderante fue otra: se omitió “considerar (…) la variada prueba no sólo relacionada con él (por Telleldín), sino con otros extremos de importancia que se derivaban a partir de su intervención”.

La Corte criticó “defectos graves de fundamentación y de razonamiento (…) en un proceso cuya trascendencia institucional resulta notoria”.

Puntualmente, el tribunal oral “no explicó el motivo de tan grave decisión” de extender la nulidad a lo actuado respecto de Telleldín, y “en la instancia casatoria se intentó suplir la inexplicable omisión” con “afirmaciones dogmáticas”. O sea, “no se explica cómo la parcialidad del juez respecto de los ex policías afectó la situación procesal de Carlos Alberto Telleldín”.

Uno de los argumentos de los tribunales anteriores fue: al estar probado que Galeano era parcial, todo lo que hizo debía ser anulado, antes y después de “Brigadas”.

La mayoría de la Corte les respondió que “son las distintas manifestaciones del juez las que dan lugar a la sospecha de parcialidad y no una personalidad ‘no imparcial’”. Así, “la regla que establece el Tribunal de Casación es arbitraria: detectada la parcialidad, se presume que todo el proceso está teñido por ella”.

Los otros agravios alegados por la querella fueron unánimemente rechazados, ya sea por defectos en la fundamentación o por tratarse de una revisión de hechos o pruebas.

En síntesis, deberá hacerse un nuevo juicio contra Telleldín, el cual podrá ceñirse a las constancias obrantes en la causa hasta el 31 de octubre de 1995 y algunas otras que no se vean contaminadas por el “árbol envenenado” plantado ese día, o bien incorporar nuevas pruebas. De esta decisión dependerá cuándo comience el nuevo proceso, que no será en días ni semanas, a la espera de que tampoco sea en años.

Por lo pronto, la Corte se ocupó de recordar que hasta el momento de la vigencia de la nulidad ya existían 37.556 fojas, en 187 cuerpos del expediente.

A este respecto cabe poner de resalto una gran paradoja que perjudicó a este imputado: el tribunal oral estaba convencido de que no había pruebas suficientes para condenarlo, pero estaba tan ensañado con Galeano que optó por ampliar la nulidad hasta el absurdo de favorecer a Telleldín, quien volverá a ser juzgado. Si, en cambio, lo hubiese absuelto por el beneficio de la duda, quizás hoy ese fallo estaría firme.

Y otra paradoja podría darse si se decide que el fiscal especial Nisman encabece la ampliación de la investigación contra Telleldín y su entorno (Boragni, su mujer; Eduardo, su hermano; Cotoras, su amigo; etc.), ya que oportunamente no apeló su absolución.

Respecto de los policías, la nulidad los protege de ser perseguidos por el atentado con los elementos existentes, y respecto de las extorsiones a Telleldín, podrán alegar la prescripción del delito o el cumplimiento de la pena mientras estuvieron presos por la “causa AMIA”.

Desde las instituciones y el grupo mayoritario de familiares no se resignan y anhelan que la investigación sobre Telleldín los conduzca a nuevas pruebas que vuelvan a señalar a Ribelli y compañía.