La Comisión Turkel determinó que el bloqueo marítimo a la Franja de Gaza no viola el derecho internacional  y dictaminó que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) actuaron en defensa propia durante el allanamiento realizado en mayo del año pasado contra una flotilla de ayuda turca frente a las costas de Gaza que dejó un saldo de nueve ciudadanos turcos muertos.
“A pesar del intento por parte de los distintos sectores de acusar a Israel de crímenes de guerra, los resultados demuestran que Israel declaró la verdad y actuó en conformidad con la ley”, resaltó la comisión en el documento al que tuvo acceso la Agencia Judía de Noticias (AJN).
En su conclusión, el comité estableció que Israel no sólo cumple con las condiciones formales para la aplicación de un bloqueo naval contra la Franja de Gaza, sino que además cumplió también con las condiciones humanitarias de tal medida.
La comisión dictaminó que “Israel no se opone a la entrada de suministros esenciales para la población civil, y proporciona tanto la asistencia humanitaria y médica que sea necesaria de acuerdo a las normas del derecho internacional. Israel coopera con la Autoridad Palestina y la comunidad internacional en estos ámbitos”.
“La comisión llegó a la conclusión de que Israel actuó en defensa de sus obligaciones internacionales en materia humanitaria durante la situación de un bloqueo naval. Esto es evidente, entre otras cosas, por el hecho de que a los buques se les permite pasar por el puerto de Ashdod para descargar la ayuda humanitaria”, indicó el documento.
En sus conclusiones, el comité justificó el bloqueo marítimo “teniendo en cuenta las preocupaciones de seguridad y fue impuesta de conformidad con las normas del derecho internacional”.
No obstante, el informe fue crítico del bloqueo impuesto por tierra  e instó a Israel a "examinar las necesidades médicas de la población de Gaza con el fin de encontrar formas de mejorar la situación actual”.
La comisión Turkel también dijo que el gobierno israelí debe buscar la manera de "concentrar sus sanciones a Hamas", evitando daños contra la población civil.
En la apertura del documento, el comité aseguró que “el gobierno estableció una comisión pública, independiente y autónoma, encabezada por un ex juez del Tribunal Supremo y incluidos los juristas y expertos de renombre mundial, así como observadores internacionales”.
“Esto demuestra que Israel es una nación respetuosa de la ley que sabe cómo la propia auditoría. Pocos países estarían dispuestos a investigar sí de tal manera integral y fundamental”, agregó.
Asimismo, el comité garantizó que “el gobierno y las Fuerzas de Defensa de Israel estudiarán el informe detenidamente y tomarán las medidas necesarias para el futuro”.
“Aunque Israel sigue con su política para aliviar las condiciones de vida de los residentes de Gaza, cohetes y morteros siguen siendo disparados contra las ciudades israelíes. Hamas sigue invirtiendo todos sus recursos en armarse con cohetes y armas”, subrayó.
El documento remarcó que “el gobierno y las fuerzas de seguridad continuarán empleando todas las acciones necesarias para proteger a los ciudadanos de Israel”.
Respecto del incidente con la flotilla Mármara, el comité sostuvo que “la operación se llevó a cabo de conformidad con el derecho internacional”.
“De acuerdo al derecho internacional, si se puede determinar que un buque intencionalmente trata de violar un bloqueo, se permite aplicar las medidas necesarias dondequiera que se encuentre, incluso en aguas internacionales. Teniendo en cuenta las circunstancias, el Comité llegó a la conclusión de que la toma de posesión en aguas internacionales es legal”, resaltó.
La comisión explicó que “la posibilidad de detener buques, especialmente los grandes, en alta mar es muy limitada. Por lo tanto, la utilización de soldados y helicópteros fue una táctica adecuada que se adapta a la legislación internacional, y es consistente con la experiencia de otras armadas”.
“Las instrucciones fueron de no disparar, salvo en el caso de una amenaza real e inmediata a la vida. El comité se convencido de que estas instrucciones fueron claramente indicadas a las tropas participantes en el evento”, agregó.
Asimismo indicó que “los soldados llevaron a cabo la acción sólo después de haber sido violentamente agredido por los pasajeros de la nave, y su acción se ajusta a las normas del derecho internacional”.
“El Ejército israelí no previó que los participantes de flotilla no serían de la población civil inocente, sino los participantes más directos en las hostilidades. Las instrucciones para abrir fuego reflejan este punto de vista y se adaptan sobre todo a una operación de aplicación de la ley”, agregó.
El informe determinó que “los soldados fueron atacados violentamente con golpes, cuchillos, martillos, golpes y más”. “Nueve soldados resultaron heridos durante el ataque (…) incluso tres soldados fueron capturados y arrastrados a la bodega del barco”, aseguró.
La comisión determinó que los soldados de las IDF “se comportaron profesionalmente en su conjunto al encontrarse con la violencia feroz que no habían previsto”. “La mayoría de los eventos en los que los soldados utilizan la fuerza, incluidos disparos contra sus atacantes, son consistentes con el derecho internacional”, resaltó.
El comité también dictaminó que los miembros de la embarcación son parte de un grupo violento.
“Después de la toma de posesión de la embarcación se completó la etapa de tratamiento de los heridos. Dieciocho médicos y seis paramédicos, y 70 médicos de combate y un médico de alto nivel participaron en este evento. Algunos de los heridos se resistido a la administración de tratamiento médico, pero ninguno falleció como consecuencia de las heridas después de iniciado el tratamiento médico”, indicó.
GB