Agencia AJN.- Se trata de una revolución jurídica dramática y controvertida que cambiaría drásticamente el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y modificaría el equilibrio de poder entre la Knesset, el Parlamento israelí, y otros órganos de gobierno.

Para quienes están preocupados por el reciente debate sobre las reformas judiciales anunciadas por el ministro de Justicia, Yariv Levin, el pasado miércoles, podría suponerse que el tema que se está describiendo es ese controvertido plan.

Sin embargo, la misma frase podría aplicarse a la revolución constitucional que tuvo lugar en Israel en la década de 1990 de la mano del entonces presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak.

Es fácil olvidar que Israel es un país joven y que experimentó una serie de cambios rápidos en sus sistemas a lo largo de las décadas. A pesar de esto, estas dos convulsiones jurídicas están conectadas por algo más que la forma en la que alteraron el curso del país.

Los defensores de la reforma judicial establecieron una comparación entre la revolución constitucional y el plan Levin, enmarcando este último como una contrarrevolución para hacer retroceder el reloj.

El Jerusalem Post habló con experimentados observadores del sistema jurídico para analizar si el plan Levin podría considerarse razonablemente una contrarrevolución constitucional, o una revolución anticonstitucional.

En 1992, la Knesset aprobó la Ley Fundamental: Dignidad Humana y Libertad y Ley Básica: Libertad de Ocupación. Las Leyes Fundamentales siempre tuvieron un carácter casi constitucional, pero lo que diferenciaba a estas dos leyes era que no permitían la promulgación de leyes que las contradijeran.

Esta distinción situó a las Leyes Fundamentales en un ámbito de supremacía constitucional por encima de otros tipos de legislación, y en 1995 el Tribunal Superior se basó en ello para consagrar sus poderes de revisión judicial para anular la legislación que se considerara contraria a las Leyes Fundamentales.

«Por eso se llama revolución», explicó el profesor Barak Medina, experto en derecho constitucional.

«Fue la idea de que el tribunal está facultado para emplear la revisión judicial sobre la legislación de la Knesset, no sólo sobre las decisiones del gobierno, sino también sobre la legislación», agregó Medina.

Por otro lado, el Dr. Amir Fuchs, investigador principal del Instituto Israelí para la Democracia, señaló que ambas revoluciones surgieron de la Knesset.

Pero, a partir de ahí, advirtió Medina, puede apreciarse una diferencia en la revolución constitucional y las reformas propuestas en la rapidez con que se produjeron los cambios.

«Desde el punto de vista del procedimiento, la reforma de los años 90 fue el resultado de debates muy extensos y prolongados entre todos los miembros de la Knesset. Se tardó más de dos años en llegar a un acuerdo», afirmó Medina.

Fuchs dijo que los primeros borradores no tardaron en cristalizar en las Leyes Fundamentales; hubo partidarios de la legislación en todas las bancadas.

Medina añadió que «hubo concesiones sustanciales por ambas partes que dieron lugar a que una abrumadora mayoría las apoyara», y aunque en la actualidad algunos sostienen que no muchos miembros de la Knesset votaron el proyecto final, fue sólo porque estaba claro que había apoyo suficiente para aprobar la legislación que todos los partidos ya habían acordado.

Por el contrario, Medina y Fuchs expresaron que la propuesta de Levin se llevó a cabo con mucha más precipitación y sin apenas compromiso.

«Hoy en día estamos hablando de un procedimiento muy apresurado y rápido y, lo que es más importante, sin tener en cuenta a la oposición, confiando únicamente en el apoyo de la coalición para promulgar estos cambios», aseguró Medina.

«Lo que estamos viendo estos días es una maniobra unilateral. No se hace con el consenso, sino sólo de un lado que captó la mayoría», coincidió Fuchs.