Agencia AJN.- Si bien los fundamentos del veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (foto) en el juicio por encubrimiento a presuntos autores o cómplices del atentado a la AMIA durante el menemismo recién se conocerán el viernes 3 de mayo, el mismo permite efectuar una suerte de “exégesis preliminar” de lo que habrían determinado, por unanimidad, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli.

• El pago de 400.000 dólares al último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín (condenado a 3 años y medio de prisión y a devolverlos, actualizados), para que involucrara a policías bonaerenses fue ilegal, y su máximo responsable fue Hugo Anzorreguy (4 años y medio) porque eran fondos reservados de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que él lideraba en 1996.

• Esa operación fue negociada por el entonces detenido con el luego destituido juez Juan José Galeano (6 años), con la colaboración de la entonces concubina del primero, Ana Boragni (2 años, condicional), pero no de su abogado, Víctor Stinfale (sobreseído), pese a que éste se quedó con 20.000 dólares.

• No participaron de la misma, o no hay pruebas suficientes de ello, los en esa época presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y coordinador de la Dirección de Reunión Exterior de la SIDE, Patricio Finnen.

• El ex juez detuvo ilegalmente a dos personas, que no serían los policías bonaerenses, quienes habrían estado bien arrestados y no podrían hacerle juicio al Estado (una gran noticia) ni a quienes acusaron por ello.

• Los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (2 años, en suspenso) no cometieron los delitos que se les imputaron, pero -o porque- no cumplieron debidamente con su rol de tales.

• Hubo encubrimiento al sospechoso de origen sirio, hijo de un presunto amigo del presidente Carlos Menem (absuelto), Alberto Jacinto Kanoore Edul, por parte de Galeano, Anzorreguy, su subsecretario de Inteligencia Interior, Juan Carlos Anchézar, y el en ese momento titular del disuelto Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal, comisario Carlos Castañeda, quien vuelve a ser condenado por destrucción de pruebas (3 años para los dos últimos), pero no se acreditó que lo hubiese ordenado el ex mandatario, ni que hubiese participado el ex jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista Jorge Palacios.

• Todos los delitos comprobados constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, pero otra vez no se declaró al atentado a la AMIA como crimen de lesa humanidad.

• El tribunal no fue tan valiente porque no ordenó que se extrajeran testimonios para que se inicien nuevas investigaciones, sino que delegó esa tarea en quienes estén interesados en denunciarlo.