Agencia AJN.-  Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminara que el recientemente designado como ministro del Interior y Salud, Aryeh Deri, no podía seguir ocupando un cargo ministerial, la crisis política israelí se volvió más tóxica.

Tras la decisión del Tibunal, y luego de recibir al primer ministro Netanyahu, el líder del partido de los sefardíes ultraortodoxos (Shas), Aryeh Deri, salió de su casa en Jerusalem rodeado de sus partidarios, que se acercaron a apoyarlo.

 

En su primera respuesta tras conocerse la noticia, Deri señaló -irónicamente- que lo alegró »que el tribunal haya dictado sentencia. Es bueno que hayan dicho lo que tenían que decir y es bueno que haya acabado como acabó, con diez votos contra uno (a favor de la destitución)». Ahora »que el pueblo vea y juzgue».

«Cuando nos cierren la puerta, entraremos por la ventana. Cuando nos cierren la ventana, atravesaremos el techo, con la ayuda de Dios. Continuaremos la revolución que empezaron nuestros predecesores, con mayor devoción y energía si cabe», concluyó Deri.

Tras la medida, el oficialismo argumentó que la decisión era antidemocrática, mientras que la oposición afirmó que el caso se volvió confuso por las reformas judiciales propuestas por el ministro de Justicia, Yariv Levin.

La necesidad de aprobar las reformas judiciales en respuesta a la sentencia sobre el nombramiento de Deri ya fue pedida explícitamente por varios políticos oficialistas.

El viceministro de Transportes, Uri Maklev, declaró que la sentencia mostraba «la necesidad de cambiar el sistema existente a nivel judicial. Esta sentencia se convertirá en el detonante de cambios legislativos fundamentales para crear los equilibrios necesarios en el sistema jurídico.»

Por otro lado, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresó: «La izquierda afirma que la democracia está en peligro y la verdad es que esto es lo que parece hoy».

«Seguiremos promoviendo la reforma del sistema judicial para todos los ciudadanos de Israel, y la decisión del Tribunal Superior sólo demuestra una vez más lo esencial que es», agregó Smotrich.

Incluso ya empezó a formarse una narrativa que describe la decisión del tribunal como la anulación de los votos de los ciudadanos israelíes, basándose en los argumentos del partido Shas, que sostenía que había que tener en cuenta a sus casi 400.000 votantes.

En sintonía con esta narrativa, los políticos adoptaron el lenguaje de los manifestantes contrarios a la reforma, como el ministro del Néguev, Galilea y Resistencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf, que calificó la decisión de «golpe legal».

El ministro de Justicia, Yariv Levin, declaró que «la sentencia dictada hoy pisotea no sólo el voto de casi 400.000 votantes de Shas, sino también el de la mayoría de los ciudadanos israelíes, que conocían todos los hechos relevantes y votaron a favor de un gobierno dirigido por Netanyahu, en el que Aryeh Deri es socio principal».

Sin embargo, no sólo los miembros de la coalición oficialista vincularon la sentencia a la aprobación de la reforma judicial. La oposición indicó que consideran la decisión del tribunal y la lucha contra la reforma judicial parte de la misma batalla.

El presidente del Colegio de Abogados de Israel, Avi Himi, no nombró explícitamente las reformas, pero describió la sentencia como parte de unos problemas judiciales más amplios, y dijo que «hay jueces independientes y éticos en Jerusalem y hay que proteger y luchar por su independencia. No permitiremos la politización del sistema judicial y seguiremos manteniendo un Estado democrático».

El Movimiento por la Pureza Moral, destacó que «incluso en los días en que la coalición está promoviendo un golpe de Estado y una grave violación del Estado de Derecho, y ante las amenazas explícitas de varios cargos electos, el Alto Tribunal se mantiene fiel a la ley».

«Esperamos que la discusión de la peligrosa reforma promovida por el ministro de justicia no se vea afectada por el interés personal del ministro Deri, y que iniciativas peligrosas, como la eliminación de la Cláusula de Razonabilidad, sean consideradas seriamente y no sean promovidas casualmente sólo para calificar un renovado nombramiento de Deri como ministro», señaló el Movimiento por la Pureza Moral.

Los miembros de la coalición coincidieron en el problema de la Cláusula de Razonabilidad, que sirvió de base para inhabilitar a Deri para un cargo ministerial.

«Diez jueces no decidieron si Deri era un criminal o inocente, con derecho o culpable», afirmó la diputada del Likud Galit Distel Atbaryan.

«Decidieron si era razonable que sirviera o no. Diez contra más de dos millones de personas que respondieron a la prueba de lo razonable en las urnas», añadió.

Por otro lado, el diputado Pindrus advirtió que «el uso de la Cláusula de Razonabilidad muestra que el Alto Tribunal no es el guardián de la ley, sino el guardián de su agenda política.»

La Cláusula de Razonabilidad permite al poder judicial interferir en casos administrativos en los que una acción va más allá de lo razonable para una autoridad responsable. El Alto Tribunal dictaminó el miércoles que el caso de Deri era inusual en extremo y reunía las condiciones para la intervención, basándose en su largo historial de aceptación de sobornos, fraude y, más recientemente, delitos fiscales.

La respuesta al problema específico de la Cláusula de Razonabilidad parece ser de nuevo la propuesta de reforma de Levin.

«El Tribunal Superior de Justicia tomó una decisión escandalosa que no hace sino aumentar la necesidad de aprobar la reforma y anular la Cláusula de Razonabilidad», aseguró el diputado del Likud, Eliyahu Dalal.

La anulación de la Cláusula de Razonabilidad ya forma parte de la reforma judicial propuesta por Levin hace dos semanas. Levin rechazó la cláusula por completo, diciendo que «no existe la Cláusula de Razonabilidad».

Sin embargo, el miércoles, el diputado Rothman presentó una actualización de la propuesta en la que se mencionaba la Cláusula de Razonabilidad, y detallaba que se restringiría su uso a las decisiones del Primer Ministro y otros cargos electos, dejando espacio para que se usara contra decisiones de funcionarios no electos.

El impacto de la decisión Deri sobre las reformas judiciales podría verse en un aumento de la retórica sobre la Causa de Razonabilidad, e incluso en un endurecimiento y actualización de la propuesta de reforma sobre la cláusula.