La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, disertará la semana próxima en el debate del 68º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de de las Naciones Unidas (ONU) inaugurado el pasado martes. Esto ocurrirá con la presencia de Familiares de la agrupación 18J y sin dirigentes judíos.

La mandataria regresará a Nueva York tras la firma de un polémico y paralizado “Memorándum de Entendimiento” con Irán, presuntamente para reimpulsar la causa por el atentado a la AMIA, que fue rechazado por toda la oposición en su país y la enorme mayoría del mundo judío.

Por su parte, la DAIA confirmó, en dialogo con la Agencia Judía de Noticias, que no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Al igual que el año pasado, la DAIA no fue invitada”, dijo Julio Schlosser, presidente de la institución política de la comunidad judía argentina.

La relación entre el gobierno nacional y la comunidad judeoargentina sufrió un enorme deterioro en los dos últimos años, desde que la Casa Rosada decidió adoptar posiciones contrarias a los intereses de esa colectividad en temas tan sensibles como los ataques terroristas sufridos el 17 de marzo de 1992, por la Embajada de Israel, y el ya mencionado del 18 de julio de 1994, que provocaron más de un centenar de muertos y muchos otros damnificados, y su incondicional apoyo al reconocimiento de un inexistente Estado palestino.

Meses antes se había conocido una denuncia acerca de que la Argentina e Irán estaban negociando en secreto algún tipo de acuerdo, la cual fue oportunamente desmentida por el gobierno y sus diversos voceros, pero se vio confirmada en los hechos un año y medio después, no solo por el mencionado memorando, sino por la admisión del propio canciller iraní, Alí Akbar Salehi.

Previamente, el 19 de septiembre de 2012, Teherán pidió formalmente una “reunión bilateral para dialogar”, que fue aceptada por Cristina Kirchner, quien seis días después anunció, otra vez en la ONU, que había instruido a Timerman para que la concretara en ese mismo organismo y pese al rechazo de la comunidad judía.

En esa ocasión, la mandataria se comprometió a que “esta Presidenta no va a tomar una resolución sin consultar con quienes han sido víctimas directas” del atentado, lo cual hizo a medias, ya que si bien escuchó su generalizada oposición, la ignoró.

A diferencia de años anteriores, Cristina Kirchner también ordenó que la delegación argentina no abandonara su lugar durante el habitualmente incendiario discurso de su entonces par iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en otra muestra de acercamiento que fue rechazada por el mundo judío.

Poco más de tres meses después y en coincidencia con el Día Internacional de Recordación de las Víctimas de la Shoá, Timerman y Salehi firmaron en Addis Abeba, Etiopía, el citado “Memorándum de Entendimiento”, que entre otros aspectos crea una “Comisión de la Verdad” y promete que los imputados iraníes serán interrogados, más allá de la ambigüedad y vaguedad de su articulado.

El anuncio presidencial por Twitter de tan trascendental medida adoptada un domingo despertó la molestia del mundo judío, por su contenido y por la oportunidad elegida.

Incluso Israel reaccionó, pero el calibre de la reacción argentina, el carácter judío del canciller argentino y la voluntad de no exponer aún más a la muy atacada dirigencia comunitaria lo obligaron a abstenerse de ahondar en el tema, si bien la relación bilateral se vio seriamente afectada, aunque ambas cancillerías lo nieguen.

Tras idas y vueltas iniciales, las instituciones judías se abroquelaron detrás de la DAIA y emitieron un comunicado el 7 de febrero, tras una sesión especial del Plenario de Presidentes de Entidades Adheridas a la DAIA y de Filiales del interior del país interrumpida por un mensaje presidencial por cadena nacional.

En la ocasión expresaron que no podían convalidar ese acuerdo “debido a que no contribuye a avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia” y a que “el régimen iraní no es un interlocutor confiable, ampara y promueve el terrorismo internacional y ha dado sobradas muestras de desprecio por las instituciones” argentinas.

Además, la AMIA y la DAIA pidieron la inconstitucionalidad de ese acuerdo y dos medidas cautelares, pero todo está frenado por una cuestión de competencia respecto de qué juez debe expedirse al respecto, que habrá de resolver la Corte Suprema.

Asimismo, organizaciones judías internacionales rechazaron con dureza el polémico acuerdo con Irán: por ejemplo, en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, Dina Siegel Vann, directora del Instituto de Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Estadounidense, calificó al memorándum de “un poco ridículo” porque Irán “ha dado muestras en los últimos años de que no quiere llegar a un acuerdo”; el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, consideró que es “una vergüenza, una agresión al judaísmo y a los argentinos y, sobre todo, una ofensa a los familiares de las víctimas”; y el director nacional de la estadounidense Liga Antidifamación, Abraham Foxman, cuestionó que “la Argentina pareciera haber sacrificado la justicia para las víctimas y sus familiares en favor de un proceso vago con un socio poco fiable” y estar “ayudando al régimen iraní a evitar que sus funcionarios sean llevados ante la Justicia”.

Este último también criticó que “en sus esfuerzos por defender el acuerdo la mandataria ha ido muy lejos, al punto de tratar de intimidar a la comunidad judía a través de las redes sociales, cuestionando a su dirigencia” y descalificó por “increíbles e incomprensibles” las declaraciones de Timerman acerca de que el memorándum no dañará la causa judicial.

Además, el titular del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, le envió una carta privada a Cristina Kirchner en la cual le pidió que “no continúe” con el acuerdo y confirmó “la sorpresa y el disgusto” que este generó porque “sacar este asunto de la jurisprudencia argentina es un gran error”.

En tanto, la Comunidad Judía de Chile hizo llegar su “profundo rechazo” en una carta enviada a la Presidenta argentina y entregada al embajador Ginés González García, y el Centro Simon Wiesenthal le solicitó a Timerman la anulación del acuerdo luego que Teherán reclamara la suspensión de las “circulares rojas” dispuestas por Interpol contra los ciudadanos iraníes sospechados de haber participado en el atentado.

“Irán pretende poner fin a la causa AMIA y Argentina no debe facilitarle el cumplimiento de ese propósito”, demandó su director para América Latina, Sergio Widder.

Incluso hubo un acto de repudio en Israel, frente a la embajada argentina.

Paralelamente, el Congreso argentino aprobó en un mes la ley 26.843, que ratificó el “Memorándum de Entendimiento”, solo con votos oficialistas y de aliados incondicionales.

Ambos debates fueron precedidos por plenarios de comisiones ante los cuales expusieron funcionarios nacionales, dirigentes comunitarios y familiares de víctimas -cuya opinión sobre el acuerdo está dividida- y se dieron en un marco que los visitantes calificaron como inhóspito y poco cordial, que incluyó agravios contra el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, que fueron precedidos y continuados a través de las redes sociales, incluso por parte de la Presidenta, y amenazas de denuncias penales que nunca se concretaron.

Incluso, en el marco del debate el presidente del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, se refirió a “un atentado muy grave que costó la vida a argentinos de religión judía y a argentinos argentinos que estaban en ese lugar”, lo cual provocó generalizados repudios y pedidos de renuncia que lo obligaron a pedir disculpas a la DAIA.

Tres meses después, el 29 de mayo, el titular de la Unidad Fiscalía Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, difundió un duro dictamen de 500 fojas que robusteció su acusación contra Irán: ratificó que el modus operandi empleado en ese ataque se reprodujo en numerosas operaciones terroristas, agregó nuevas pruebas contra el entonces agregado cultural iraní, Mohsen Rabbani, y denunció la infiltración del régimen fundamentalista en numerosos países de América Latina.

En ese contexto se llegó al 19º aniversario del atentado a la AMIA, con la particularidad de que había conducciones nuevas en esta entidad y también en la DAIA: en el primer caso habían asumido un mes antes y en el segundo, en noviembre pasado.

El nuevo presidente de la DAIA, Julio Schlosser, ya había declarado a AJN que el reciente dictamen fiscal había reforzado la posición de la entidad sobre Irán, en el sentido que “el interlocutor no es válido ni confiable”, sino que “financia y promueve el terrorismo”.

En el acto de homenaje, el flamante titular de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, reiteró la postura comunitaria de“absoluta desconfianza para con las verdaderas intenciones del gobierno iraní al firmar el memorándum con el gobierno argentino”, el cual “es contraproducente a los fines del esclarecimiento de la causa y adolece de vicios de inconstitucionalidad”.

El pasado 2 de agosto, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo y Cornelia Schmidt Liermann (PRO) y Gerardo Milman (GEN) presentaron un proyecto para derogar la ley que aprobó el memorándum, el cual difícilmente se trate antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre, dada la existente mayoría oficialista.

Y a un día de cumplirse seis meses de la aprobación de la ley 26.843, el 26 de agosto, la DAIA reafirmó su “permanente oposición” a dicho acuerdo, con “la comprobación de que nada positivo ha ocurrido como consecuencia del mismo” y de que “no contribuye a avanzar en la búsqueda de verdad y justicia”.

Por ello, la DAIA reclamó “que los derechos sean establecidos para que así la Justicia y la memoria tengan el lugar constitucional que el Memorándum pretende arrebatar”.

Es en este contexto que Cristina Kirchner volverá a la ONU, con una AMIA que quiere alejarse lo más posible de la política nacional y una DAIA que solo consideraría acompañarla si tuviese garantías de que la Presidenta tendrá algún gesto que revierta la situación actual, como dar por anulado su polémico acuerdo con Irán.

CGG