(Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- La audiencia de ayer, jueves, del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA estuvo rodeada de polémicas, que continuarán en el futuro.

Ni bien comenzada la misma, las querellas de Memoria Activa, el Ministerio de Justicia de la Nación y la Asociación 18J sorprendieron al desistir del testigo más importante del día: Hugo Pérez, “mano derecha” del último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín, sobreseído en su momento por prescripción, pese a que el ataque terrorista es un delito de lesa humanidad, y también víctima de un presunto secuestro extorsivo por parte de efectivos de la Brigada de Vicente López.

Si bien los letrados explicaron que habían perdido interés en su declaración, fue sumamente curioso que ello haya ocurrido hoy, habida cuenta que el mismo no había podido comparecer el 14 de abril por padecer paperas y su presencia fue reprogramada para esta jornada.

Las defensas se opusieron y dieron por sentado que el Tribunal Oral Federal Nº 2 haría lo propio porque el testigo ya había sido aceptado e incorporado al proceso, pero esta posición solo fue sostenida por la jueza Karina Perilli, mientras que Néstor Costabel y Jorge Gorini impusieron su criterio en el sentido que quien ofrece la declaración de una persona también puede descartarla.

La decisión mayoritaria generó un planteo de nulidad por parte de la defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -“el Código de Procedimientos exige la unanimidad para los desistimientos y no hay antecedentes doctrinarios de algo así, ni tampoco lo vi en mis 20 años de experiencia”, se quejó Santiago Marino Aguirre-, apoyada por sus pares del destituido magistrado Juan José Galeano y del secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, quien incluso propuso a Pérez como testigo propio.

Todas las querellas rechazaron la moción porque no estaría prevista en la normativa, mientras que el tribunal anunció que comunicará su resolución el próximo jueves.

La otra polémica se dio durante el testimonio de Alberto Barreda, el padre de Diego, un ex policía bonaerense supuestamente amigo de Telleldín, pero a quien habría entregado para que lo extorsionara la misma brigada.

Esta causa sigue abierta, pero el ex efectivo declaró en este juicio como testigo y su progenitor relativizó -si no desmintió- sus dichos, lo cual llevó a la defensa de los ex fiscales a indagar en otros aspectos, a fin de verificar si la discordancia continuaba, pero el tribunal se lo impidió pese a la explicación acerca de la importancia de comprobar la verosimilitud de la declaración de Diego Barreda.

Las diferencias, quizás atribuibles a la edad del padre y al paso del tiempo, fueron en parte zanjadas por su ex abogado Miguel Gargano Mendoza, sin abundar en demasiadas precisiones.

De cualquier modo, todos coincidieron en que existió una reunión en un hotel céntrico entre Alberto Barreda y los entonces comisarios Luis Vicat -a cargo de un Área Especial de la Policía bonaerense que debía ayudar a Galeano a dilucidar si efectivos de esa fuerza efectivamente habían conformado la “conexión local” del atentado y hoy procesado por coacción- y Miguel Márquez y el policía y abogado Aldo Spicacci Citarella -disintieron sobre la presencia deGargano-, en la cual el segundo propuso beneficios económicos -“5.000 dólares mensuales”, según el primero-, personales -cambio de identidad y mudanza a Miami- y procesales para Diego si éste aceptaba modificar su declaración indagatoria, lo cual fue rechazado por el mismo y, previamente, por su padre.

Ese mediodía, Márquez llamó a Barreda, que todavía era policía y con tenía cierta amistad, para invitarlo a su casa en Acassuso para comentarle acerca de una solución para la situación de Diego.

Cuando llegó, se encontró con Spicacci, que había compartido destino con su hijo, y tras ese “primer ablande” -así lo calificó el testigo- se dirigieron, en el auto del primero, al sitio convenido, donde esperaron la llegada de Vicat, quien originalmente se presentó como un abogado que “venía de parte del gobernador (Eduardo Duhalde), el juez y el jefe de la Policía” bonaerense, Adolfo Vitelli, si bien no le consta que fuera cierto ni le precisó quién de todos ellos o qué organismo se haría cargo de cumplir esa promesa.

Gargano contó que se sumó más tarde, y si bien no recordaba quién lo convocó, es obvio que habría sido Barreda, aunque éste negó su presencia en la reunión.

“Me dio a entender, pausadamente, que era conveniente que hablara con mi hijo para que imputara a (el ex comisario Juan José) Ribelli -sería el ‘perejil’ (inocente falsamente culpado) acusado de ser el autor del atentado o de actos preparatorios- y así mejorara su situación, de modo que tuvimos un desacuerdo porque me di cuenta de que no buscaba lo mejor para mi hijo, le dije que ya estaba grande para que me indicaran qué tenía que hacer y me contestó que también era comisario inspector, como para imponerme su mayor rango; que podía ordenar que lo cambiaran de lugar de detención, en la Alcaldía del Departamento Central de la Policía Federal; y que los ‘candados’ -por los guardias- podían hacer que la pasara mal”, relató el testigo.

“Siento un dolor moral porque me sentí vilipendiado, intimidado y fuertemente presionado; fue un apriete, una extorsión…”, sintetizó.

Después de las 22 hs., Barreda, Márquez y Spicacci llegaron al lugar de detención de Diego, quien se enojó con su padre por haber aceptado proponérselo y le prometió que tomaría acciones, como difundirlo en la prensa, no obstante lo cual pidió hablar con ellos y el testigo cree que lo hizo con el segundo.

Sin embargo, el primero admitió que nunca le “dijeron si querían que mintiera o dijera la verdad” sobre la vinculación de Ribelli con el atentado y Gargano aseguró que no les dieron nombres ni les dijeron qué debían decir.

Luego de ese episodio, no volvió a ver a Vicat, salvo por televisión, ni a tocar el tema con Márquez o Spicacci cuando se los cruzó, ni su hijo le contó que se hubieran vuelto a reunir; es más, “dijo que si iba, lo sacaría a patadas…”.

Su nuera, Gabriela Schirripa, denunció todo lo ocurrido, pero como él todavía estaba en actividad, se limitó a ratificar los hechos, seguramente por temor a represalias.

Algunas querellas les consultaron a ambos testigos acerca de su relación con la AMIA y la DAIA: Barreda dijo que Vicat no las mencionó y Gargano tuvo palabras de reconocimiento por el trato que les dispensaron a él y a las esposas de Diego y de Mario Bareiro los entonces secretario general de la DAIA, Rogelio Cichowolski, y abogado de la AMIA, Luis Dobniewski.

En general, las versiones de los testigos difirieron bastante de lo que habían declarado en el juicio anterior, hace unos 15 años.

Por otra parte, Telleldín ratificó que Juan Bottegal nunca fue su abogado, así que no puede ampararse en el secreto profesional y podría volver a ser citado, tal como pidió Memoria Activa.

Unas tres horas después del comienzo de una jornada que parecía que duraría bastante más, Costabel dispuso un cuarto intermedio de una semana para escuchar al ex jefe de la Policía bonaerense Vitelli y el ex titular de la Dirección de Sumarios José Bretschneider.