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La comunidad judía argentina busca la paz tras días de tensión

AJN.- A poco del comienzo de la festividad de Simjat Torá, los principales líderes de la comunidad judía argentina salieron en conjunto a bajarle el tono a la discusión interna y a negar un posible enfrentamiento entre las instituciones centrales. Angel Schindel, vicepresidente de la DAIA en ejercicio de la presidencia, dijo "no hay ningún enfrentamiento entra la DAIA y la AMIA, es sólo un invento periodístico". Previamente, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, desde Jerusalem, hizo un llamado a la dirigencia comunitaria para que actúe con responsabilidad. También el secretario general AMIA, Julio Schlosser, que además ocupa el cargo de vicepresidente 3º de la DAIA, desmintió a través de AJN que existan roces entre ambas instituciones.

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Los líderes de la comunidad judía argentina dieron señales de paz cuando desde distintos sectores y a través de distintos micrófonos se esforzaron por remarcar que “no hay ningún enfrentamiento entre la DAIA y la AMIA” y definieron el presunto cortocircuito entre sus autoridades como “un invento periodístico”.
Antes de las declaraciones de paz, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, tuvo que hacer un llamado a la responsabilidad de los dirigentes, desde Jerusalem, ante la crisis desatada por las declaraciones del rabino ortodoxo, Samuel Levin reclamando la renuncia del titular de la DAIA, Aldo Donzis.
“Con todo el respeto que me merece el rabino (Samuel) Levin y el presidente de la DAIA (Aldo Donzis), sólo el diálogo permitirá avanzar en una gestión positiva, lo que es nuestra responsabilidad para el bien de la comunidad”, dijo Borger en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), antes de partir con destino a Paris y Frankfurt para participar de la feria del libro.
El vicepresidente de la DAIA, Angel Schindel, afirmó horas más tarde que “no hay ningún enfrentamiento entre la AMIA y la DAIA” y adjudicó todo a “un error y un invento periodístico”.
Sin embargo, la DAIA fue la que emitió un comunicado oficial en el que resaltó que “representa políticamente a más de 140 instituciones, entre ellas la AMIA, cuyas misiones específicas reflejan todas las formas de la judeidad argentina y reivindica para todas ellas la capacidad de actuar libremente, sin censura, y sin evaluación de superioridad por parte de ninguna de ellas para el cumplimiento de dichos fines”.
La declaración de la DAIA era una respuesta a lo afirmado por el rabino Levin, quien días antes había cuestionado su representación comunitaria.
“Una persona quiso desconocer el rol de la DAIA y simplemente aclaramos particularmente para la comunidad”, argumentó Schindel, en declaraciones a Radio Jai. para justificar el comunicado que llevaba su firma y la del secretario general Fabián Galante.
Luego el secretario general de la AMIA y también vicepresidente 3º de la DAIA, Julio Schlosser, negó que existan roces entre ambas instituciones, y aseguró que “las relaciones continúan por el cauce normal”.
El dirigente señaló que se trata de “dos instituciones importantes de la comunidad judía, una dentro de todo lo que es la acción social y la educación, y la otra, en lo político”.
Asimismo, Schlosser sostuvo que quienes hablan de “crisis entre la AMIA y la DAIA, no comprenden la situación o tienen muy mala intención”.
La agrupación AMIA es de todos, que encabeza José Scaliter, vicepresidente de la institución comunitaria, repudió “la división, confrontación y descalificación entre posiciones diversas de la vida comunitaria en medios periodísticos y ante toda una comunidad y una sociedad que no sale de su asombro ante tales desproporciones”.
Más allá de declaraciones, los dirigentes evitaron referirse al pedido de Levin, uno de los referentes de la ortodoxia argentina, quien reclamó “la inmediata renuncia” del presidente de la DAIA, Aldo Donzis, y amenazó con “armar una nueva” institución que represente políticamente a la comunidad judía argentina.
“Le vamos a sacar la DAIA de las manos porque toda la tesorería de la DAIA renunció y queremos que el público se entere por qué y sepa todo lo que está pasando en la DAIA”, afirmó Levin, en declaraciones a AJN.
El líder religioso fundamentó su reclamó en las renuncias del tesorero de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, y de los protesoreros, Bernardo Zabuski y Jorge Leicach.
Para Levin, la DAIA solo “representa a la comunidad en lo político, ante un problema, pero no ejerce la dirección de la comunidad”.
“La conducción es únicamente de la AMIA y hay que aclararlo. El único lugar donde vota la comunidad es la AMIA porque en la DAIA no votan las personas sino las instituciones”, aseveró.
Levin respondió así al comunicado de la DAIA en el que rechazaba  declaraciones que el rabino ya había realizado cuestionando la autoridad de la institución que encabeza Donzis.
Las diferencias entre las principales instituciones comunitarias no son de estos días y quizás el primer foco de conflicto se dio el año pasado cuando las autoridades de la AMIA decidieron acompañar a la presidenta Cristina Kirchner en su presentación ante la ONU para reclamar la colaboración de Irán en el esclarecimiento de la voladura a la institución comunitaria y la DAIA decidió no ser parte de la comitiva.
En aquella oportunidad, la representación política comunitaria no subió al avión por las diferencias con el gobierno nacional en la relación con Irán (se conocían datos de un importante intercambio comercial entre ambos países) y el fuerte vínculo con el presidente venezolano, Hugo Chávez, uno de los principales aliados de Mahmoud Ahmadinejad en la región.
Un año después las diferencias volvieron a quedar al descubierto entre la AMIA y la DAIA, y otra vez volvió a quedar en el medio el Gobierno nacional. La Presidencia invitó a las autoridades de la comunidad judía a un brindis por el Año Nuevo Judío y en la foto se notó la ausencia del Gran Rabino de la Argentina, Shlomó Ben Hamú.
La rabina Chemen fue quien puso al descubierto la fuerte diferencia en la comunidad judía y acusó a la dirigencia ortodoxa de la AMIA de “ofender” a la presidenta Cristina Kirchner por haber faltado al brindis realizado en la Casa de Gobierno con motivo del Año Nuevo Judío.
La declaración de la rabina de la comunidad Bet-El fue el disparador para una fuerte ofensiva del rabino Levin, quien no solo desautorizó a Chemen al acusarla de “falsificación de título” sino que además remarcó que la principal autoridad comunitaria estaba representada por la AMIA.
La diferencias se agudizaron cuando la DAIA confirmó su participación en la comitiva que acompañó este año a Cristina Kirchner a la reunión de la ONU y desde la AMIA se tomó la decisión de no viajar aduciendo “restricciones religiosas” por la festividad de Sucot.
AJN

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Primer ministro Netanyahu, en Yad Vashem: «Hamás se guía por los mismos objetivos que los nazis, pero ahora podemos defendernos»

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Agencia AJN.- Ocho décadas después del final del Holocausto, Israel se enfrenta de nuevo a un enemigo «despiadado y brutal» que busca su destrucción, declara el primer ministro Benjamin Netanyahu en la ceremonia oficial estatal de conmemoración de Yom Hashoah en Yad Vashem.

El atentado de Hamás del 7 de octubre «no fue un Holocausto, no por ausencia de intención de aniquilarnos, sino por ausencia de capacidad», afirma, insistiendo en que el grupo terrorista palestino tenía la «misma intención» de aniquilar al pueblo judío que los nazis.

«Los asesinos de Hamás se guían exactamente por el mismo objetivo», insiste, señalando que, a diferencia de lo que ocurrió durante el Holocausto, hoy Israel «tiene una fuerza que puede defenderlo».

Israel «completará la eliminación de las capacidades [de Hamás]» y liberará a los rehenes, promete.

«Nuestros enemigos cometieron un grave error. Pensaron que éramos una sociedad débil. Se equivocaron. A la hora de la verdad, nos mantuvimos hombro con hombro, llenos de determinación, resistencia y poder. Nuestra prueba es continuar y permanecer unidos hasta alcanzar la victoria, porque estos son días aciagos y esta es la única forma de garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.»

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Israel. El gobierno votó para cerrar el medio de noticias qatarí, Al Jazeera

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Agencia AJN.- El Consejo de Ministros de Israel votó el domingo por unanimidad el cierre de las operaciones del canal de noticias qatarí Al Yazira en Israel, casi seis meses después de haber anunciado por primera vez su intención de hacerlo por motivos de seguridad relacionados con la guerra entre Israel y Hamás.

La decisión, que requiere una nueva certificación cada 45 días, incluye el cese de las emisiones de Al Jazeera en árabe e inglés, el cierre de las oficinas de Al Jazeera en Israel, la incautación de los equipos utilizados para sus emisiones y la limitación del acceso a sus sitios web.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, firmó una orden ejecutiva poco después de que se aprobara la votación, por lo que entró en vigor inmediatamente.

Los vídeos del domingo por la tarde mostraban a las fuerzas del orden llegando a las oficinas de Al Jazeera en Jerusalén, en el Hotel Ambassador. HOT, uno de los principales proveedores de servicios de televisión de Israel, anunció que había interrumpido las emisiones de Al Yazira. Otro proveedor, YES, publicó el siguiente mensaje en el canal apagado: «De acuerdo con la decisión del gobierno, se han interrumpido las emisiones de la cadena Al Jazeera en Israel».

En una declaración conjunta tras la votación, Netanyahu afirmó que «los corresponsales de Al Yazira han perjudicado la seguridad de Israel y han incitado contra los soldados de las FDI. Ha llegado el momento de expulsar de nuestro país al portavoz de Hamás».

Karhi añadió: «Tomaremos medidas inmediatas contra quienes utilicen la libertad de prensa para atentar contra la seguridad de Israel y de los soldados de las FDI, e inciten al terrorismo en tiempo de guerra. No habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel».

Al Jazeera condenó la decisión, calificándola de «acción criminal».

«La supresión por Israel de la libertad de prensa para encubrir sus crímenes matando y deteniendo periodistas no nos ha disuadido de cumplir con nuestro deber», ha declarado.

El Gabinete de Seguridad Nacional de Israel tenía previsto celebrar la votación ya el jueves, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu la retrasó por temor a que no se aprobara. Según un portavoz del partido Unidad Nacional del ministro sin cartera Benny Gantz, esto se debió a que el jefe del Mossad, David Barnea, pidió al gobierno que lo retrasara unos días para evitar posibles ramificaciones diplomáticas negativas en relación con Qatar, mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un acuerdo de liberación de rehenes israelíes. La decisión requería la aprobación del Gabinete de Seguridad Nacional (CSN) del gobierno o del gabinete general, y Netanyahu optó por seguir adelante el domingo en el gabinete general.

Los tres ministros de Unidad Nacional no estuvieron presentes en la reunión y no participaron en la votación. El partido declaró en un comunicado que sus ministros «apoyan el cierre de las emisiones de Al Jazeera e incluso anunciaron que apoyarían su cierre en la reciente reunión del gabinete (de seguridad nacional)».

Sin embargo, «adelantar el tema esta mañana para someterlo a votación en la reunión del gobierno, es una decisión correcta pero en un momento terrible, que podría socavar los esfuerzos por agotar las negociaciones (del acuerdo sobre los rehenes), y obedece a consideraciones políticas», afirmó el partido.

Karhi contraatacó acusando a la centrista Unidad Nacional de actuar como una «quinta columna» dentro del gobierno. Según Karhi, la decisión recibió la «validación inequívoca» de todos los funcionarios de seguridad.

La decisión se basó en una ley que la Knesset (parlamento) de Israel aprobó el 2 de abril y que expira el 31 de julio. Por tanto, si el gobierno desea prolongar la prohibición de Al Jazeera más allá de esa fecha, deberá prorrogar la legislación. La ley en sí también se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia por parte de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) basado en su violación de la libertad de expresión, y el Estado tiene hasta el 15 de mayo para presentar su respuesta preliminar al tribunal.

Al comienzo de la guerra, el gobierno aprobó medidas ejecutivas de emergencia que le habrían permitido cerrar temporalmente Al Yazira. Estuvieron en vigor desde el 21 de octubre hasta el 20 de enero. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de aplicarlas durante ese periodo, al parecer debido a las posibles ramificaciones diplomáticas negativas relacionadas con Qatar.

La legislación aprobada en abril pretendía dar al gobierno una base jurídica más firme para actuar contra Al Jazeera. En su decisión del domingo, el Consejo de Ministros explicó que disponía de dictámenes clasificados del Shin Bet del 9 de abril, que consideraban a Al Jazeera una amenaza para la seguridad nacional. El IDF y el Mossad también proporcionaron dictámenes clasificados que apoyaban la limitación de las emisiones de Al Jazeera en Israel.

Según la ley, la decisión debe presentarse ante un presidente o vicepresidente del Tribunal Supremo regional en un plazo de 24 horas, que dispone entonces de tres días para decidir si modifica o no la decisión o limita la duración de la prohibición.

En su petición al Tribunal Superior de Justicia contra la ley, alegó que limitaba innecesariamente la libertad de expresión y era, por tanto, inconstitucional. La ACRI afirmó que, aunque no se podía discutir el hecho de que Al Yazira difundiera una narrativa «propalestina», esto no era motivo suficiente para cerrar la cadena. Además, la cadena ofrece contenidos de Estados árabes e incluye perspectivas árabes israelíes que han sido citadas en numerosas ocasiones en los principales medios de comunicación israelíes, lo que indica que su contenido se consideraba importante, añadió la ACRI. La ONG reconoció que Al Yazira había incluido contenidos que incitaban contra Israel. Sin embargo, la gravedad de esta incitación no era peor que la incitación contra los palestinos en los principales sitios web israelíes, argumentó la ACRI.

El jueves, la ACRI solicitó al tribunal que dictara una orden temporal que impidiera al gobierno decidir el cierre de Al Yazira hasta que se resolviera el caso. El tribunal denegó la petición y dijo que estudiaría la posibilidad de dictar una orden temporal tras recibir la posición preliminar del Estado.

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