AJN [Por Lic. Claudio Gustavo Goldman].- Víctima de un cáncer que lo había obligado a tomar licencia hace varios meses como presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires falleció ayer, martes, a los 72 años Federico Domínguez [foto], quien estaba procesado y con requerimientos de elevación a juicio oral por “coacción agravada” en perjuicio del entonces subcomisario de esa jurisdicción Bautista Huici, detenido en el marco de la causa por el atentado a la AMIA, para que involucrase falsamente en el mismo al ex subcomisario Juan José Ribelli a fin de “desviar la investigación y, por tanto, impedir el descubrimiento de sus verdaderos autores”.

A más tardar el 14 de agosto de 1996 se presentó en su lugar de detención, el Departamento Central de la Policía Federal, y le ofreció ser su defensor y “darle una mano”, dado que lo conocía desde 1982, cuando asesoró a su hermana por un accidente, y Huici le tenía “suma confianza”.

En esa condición le habría manifestado que si involucraba a Ribelli -se presume que debía decir que vio la camioneta Trafic luego usada como coche-bomba en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde era su subordinado-, al entonces jefe de la fuerza, Pedro Klodzyck, y al gobierno provincial de ese momento, a cargo de Eduardo Duhalde, le darían su libertad, dinero y trabajo, todo con el aval del luego destituido juez Juan José Galeano.

Incluso le habría proporcionado datos sobre los negocios sucios y la posición económica del primero, su relación con algunos jueces y los porcentajes que se sacarían de ciertos “arreglos”.

Una semana después, Domínguez renunció a su defensa y en octubre asumió como asesor de la Secretaría de Seguridad bonaerense, en cuyo carácter le habría ofrecido una reunión con el entonces comisario Luis Vicat, quien estaba a cargo de un Área Especial dedicada a investigar a policías de esa provincia por el atentado, en la que le habrían hecho la misma propuesta, lo cual se habría reiterado en otras oportunidades.

Además, ambos le habrían advertido que si los mencionaba, lo trasladarían a la cárcel, donde su vida correría peligro.

Entre febrero y marzo de 1997, Domínguez habría ido a la Guardia de Infantería con Vicat y la abogada Marta Parascándalo, quien defendía al ya fallecido Alejandro Burguete, segundo jefe de Lanús y el único policía que recuperó su puesto tras haber involucrado a Ribelli, y le habrían insistido para que cambiara su declaración.

Tras su negativa, el 25 de noviembre habría recibido una carta con fotografías de su casa y sus hijos y la leyenda: “Te ofrecimos la calle y te cag… Ahora aguantátelas solo o pensá lo fácil que es esto”.

Por su parte, el entonces subcomisario Juan Maisú, quien era jefe de la Sección Automotores de Lomas de Zamora y subordinado de Ribelli, denunció que a fines de 1996 o principios de 1997 se encontró en los tribunales de esa ciudad con Parascándalo y Domínguez, quienes lo habrían increpado por no declarar de acuerdo a lo requerido por Vicat.

Asimismo, el ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Adolfo Vitelli reveló que a fines de marzo o principios de abril de 1997 el ahora fallecido le habría ordenado sobreseer a Burguete en su sumario administrativo porque ello sería “beneficioso para la investigación”, pero exonerar a otros efectivos que estaban en su misma situación.

Domínguez dejó la Secretaría de Seguridad al mes siguiente y, tras un breve paso por la intervenida Policía bonaerense, juró como juez en febrero.

Según él, fue para esta época que Huici lo llamó para ver cómo mejorar su situación procesal, tras lo cual le consultó a Vicat y lo acompañó para presentarlos, pero no se quedó a sus reuniones.

Respecto de los dichos de Vitelli, Domínguez aseguró que “carecía de facultades ejecutivas sobre la toma de decisiones”.

En diciembre de 2014, el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4, lo procesó sin prisión preventiva por ofrecerle dinero a Huici para mejorar su calidad de vida, beneficios dentro de la Policía bonaerense, tales como impedir que lo declarasen prescindible, y mejorar sus condiciones de detención.

Similar modus operandi se habría utilizado con otros policías imputados y sus familiares.

En marzo pasado, la Sala I ad hoc de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento y antes de fin de año, los fiscales y Memoria Activa pidieron que sea juzgado.

Lo propio iban a hacer los otros querellantes en los próximos días, tras la feria judicial, pero Domínguez murió en la impunidad, si es que efectivamente era culpable…