Agencia AJN.- Las fuerzas de seguridad iraníes se desplegaron en la ciudad natal de Mahsa Amini en previsión de un recrudecimiento de los disturbios con motivo del primer aniversario de su muerte bajo custodia policial, según informaron el viernes testigos, publicaciones en redes sociales y grupos de derechos humanos.

Amini, kurda de 22 años, falleció el 16 de septiembre de 2022. Se encontraba detenida por infringir presuntamente el código de vestimenta obligatorio de la República Islámica, lo que desencadenó meses de protestas antigubernamentales que se convirtieron en la mayor muestra de oposición a las autoridades iraníes en años.

Muchos, con las mujeres y los jóvenes en ocasiones a la cabeza, pidieron el fin de más de cuatro décadas de gobierno clerical chií. Más de 500 personas, entre ellas 71 menores, murieron, cientos resultaron heridas y miles fueron detenidas en los disturbios, que finalmente fueron aplastados por las fuerzas de seguridad, según denunciaron grupos defensores de los derechos humanos.

«Hay una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en Saqez», expresó a Reuters un activista de los derechos humanos en Irán, refiriéndose al lugar de nacimiento de Amini en la provincia occidental del Kurdistán. Otro activista señaló que un pequeño grupo de manifestantes coreó consignas antigubernamentales antes de dispersarse rápidamente.

Temor inminente de represalias gubernamentales

Los dos activistas hablaron bajo condición de anonimato, citando el temor a represalias del gobierno en medio de una creciente represión de la disidencia a medida que se acercaba el aniversario de la muerte de Amini.

En las redes sociales se habló de despliegues de fuerzas de seguridad en varias ciudades, principalmente del Kurdistán. Los informes no pudieron verificarse inmediatamente.

En un comunicado, el grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, afirmó que varias ciudades kurdas del oeste de Irán «experimentaron un ambiente de intimidación y la declaración del estado de guerra en los últimos días». Según la organización, numerosos ciudadanos fueron detenidos.

Hengaw añadió que había personal militar apostado en la cima de Tapeh Qawkh, una colina que domina Saqez, mientras que los residentes habían sido testigos de un aumento de la actividad de helicópteros sobre la ciudad.

En las redes sociales se citaba a residentes de Saqez que aseguraban que las autoridades habían instalado nuevas cámaras de vigilancia en la ciudad, aparentemente para vigilar e identificar a los manifestantes.

El viernes, el monitor de Internet Netblocks informó de «importantes interrupciones de la conectividad a Internet en la ciudad de Zahedan (sureste del país)… con motivo de las protestas antigubernamentales… en vísperas del aniversario de la muerte de Mahsa Amini».

Según publicaciones en las redes sociales, el viernes también se celebraron protestas semanales en Zahedan con lemas como: «Muerte o libertad».

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel y a sus agentes locales de estar detrás de los disturbios para desestabilizar el país.

En una declaración el viernes, el presidente estadounidense, Joe Biden, remarcó: «La historia de Mahsa no terminó con su brutal muerte. Ella inspiró un movimiento histórico -Mujer, Vida, Libertad- que impactó en Irán e influyó en personas de todo el mundo…»

Además, el viernes, Gran Bretaña impuso sanciones a cuatro funcionarios iraníes y Estados Unidos dijo que estaba sancionando a más de dos docenas de personas y entidades relacionadas con la «violenta represión» de las protestas en Irán.

En un informe del mes pasado, Amnistía Internacional advirtió que las autoridades iraníes «están sometiendo a familiares de las víctimas a detenciones y reclusiones arbitrarias, imponiendo crueles restricciones a las reuniones pacíficas en los lugares donde se encuentran las tumbas y destruyendo las lápidas de las víctimas».

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Safa Aeli, tío de Amini, el 5 de septiembre, según declararon sus familiares.

Muchos periodistas, abogados, activistas, estudiantes, académicos, artistas, personalidades públicas y miembros de minorías étnicas acusados de tener vínculos con la oleada de protestas, así como familiares de manifestantes muertos en los disturbios, fueron detenidos, citados, amenazados o despedidos de sus trabajos en las últimas semanas, según grupos de derechos humanos iraníes y occidentales.

El diario iraní Etemad informó en agosto de que el abogado de la familia de Amini también se enfrentaba a cargos de «propaganda contra el sistema». Si es declarado culpable, Saleh Nikbakht se enfrenta a una pena de entre uno y tres años de cárcel.