Agencia AJN.- (Dr. Ido Rosenzweig – The Jerusalem Post) A principios de esta semana se anunció la muerte de decenas de civiles en Gaza en una contramedida destinada a eliminar al alto cargo de Hamás Raad Saad. Lamentablemente, en los últimos meses, los informes sobre civiles muertos durante un ataque en la Franja se volvieron habituales.

Una de las preguntas que siempre surge es si las víctimas eran ciudadanos «implicados» o «no implicados». En el mismo contexto, los ministros israelíes, los miembros de la Knesset (Parlamento israelí) y las figuras públicas señalan repetidamente que «no hay personas no implicadas en Gaza».

Es difícil precisar si esta afirmación general es cierta o incierta, pero su significado práctico no es tan general como intentan presentarlo quienes la expresan.

Parecería que la base del discurso sobre ciudadanos «implicados» y «no implicados» tiene su origen en la larga experiencia de juristas y expertos militares en intentar aclarar que, incluso durante el combate, no existe legitimidad legal o moral para el uso arrollador de la fuerza contra civiles que no forman parte de las fuerzas combatientes.

Por esta razón, se hizo una distinción simplista entre civiles. El propósito de este discurso no era necesariamente asegurar que los ciudadanos «implicados» son un objetivo legítimo, sino hacer hincapié en que los ciudadanos «no implicados» no son un objetivo legítimo para un ataque directo.

El uso de estos términos en los últimos meses nos obliga a profundizar en su significado. Según las leyes de la guerra, está prohibido atacar directamente a civiles a menos que tomen parte directa en los combates.

Es importante aclarar que existe una diferencia significativa entre los ciudadanos implicados y los ciudadanos que participan directamente en los combates.

Si bien todo ciudadano que participe directamente en los combates es sin duda un ciudadano «implicado», no todo ciudadano «implicado» participa necesariamente de forma simultánea en los combates. Muchas veces, esto último es difícil de comprender.

Un ataque dirigido contra civiles que no participan directamente en los combates es una grave violación de las leyes de la guerra, que constituye un crimen de guerra en sí mismo, incluso si estos civiles están «implicados» en los combates en ciertos aspectos.

Por ejemplo, los ciudadanos palestinos que festejaron repartiendo caramelos en Gaza el 7 de octubre pueden estar «implicados» en su apoyo al grupo terrorista Hamás, pero es un hecho que eso no los hace participar de manera activa o directa en los combates.

Por otro lado, los ciudadanos palestinos que secuestraron y colaboraron activamente en la masacre del 7 de octubre participaron directamente en los combates en el momento del propio secuestro.

El abanico intermedio entre estas dos diferenciaciones es muy amplio y complejo y no puede tratarse de forma exhaustiva.

El caso de los ciudadanos «implicados» y «no implicados» en el enclave costero palestino

Dos ejemplos más complejos son el de un ciudadano en cuya casa se guardan armas de Hamás bajo las camas de los niños y el de un ciudadano que mantiene cautivos a rehenes en su casa o ayuda a Hamás a trasladarlos de un lugar a otro.

No caben dudas de que se trata de casos de ciudadanos «implicados» que apoyan y ayudan al grupo terrorista. Sin embargo, sin adoptar una posición respecto a estos casos, que participen o no de manera directa en los combates -lo que los convertiría en objetivo legítimo de ataque-, depende de la totalidad de los datos y de las circunstancias de cada caso concreto.

Es decir, la discusión es más compleja que la simplicidad con la que se trata de presentar en la mayoría de las ocasiones.

Quienes sostienen que «no hay personas no implicadas en Gaza», en general, pretenden justificar como legal cualquier uso de la fuerza y cualquier matanza en la Franja. Al mismo tiempo, puede considerarse que esta declaración incita al genocidio o incluso establece la intención de cometerlo, porque legitima de antemano la matanza generalizada de civiles en Gaza (sin diferenciar, por ejemplo, entre los que distribuyera caramelos o votan a Hamás de los que secuestraron personas y las mantuvieron en sus hogares).

En los argumentos que presentó Sudáfrica en su caso contra Israel en la Corte Penal Internacional, se citó a altos funcionarios israelíes diciendo que no hay civiles no implicados en Gaza, describiendo tales enunciaciones como incitación y aliento al genocidio.

Al entender la distinción entre objetivos «implicados» y objetivos legítimos, también queda claro que no todas las declaraciones de políticos y figuras públicas deben considerarse como incitación al genocidio (a menos que esa fuera realmente su intención, lo cual es obviamente ilícito y peligroso).

Los combates en el enclave costero palestino son complejos y los retos a los que se enfrentan las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) para llevar a cabo la misión no tienen precedentes.

Nuestra tendencia a simplificar las normas en un marco binario de ciudadanos «implicados» y «no implicados» es comprensible. Más allá de esto, es importante entender que sólo los civiles que participan directamente en los combates son objetivos legítimos de ataque.

Las relaciones de Israel en el ámbito internacional, especialmente en el ámbito jurídico mundial, exigen tener cuidado con las afirmaciones inexactas y generales que terminan siendo más perjudiciales que útiles.

Agencia AJN.- (Pilar Rahola – El Periódico) Paseo de verbena por Barcelona. Pasamos por una conocida heladería de Enric Granados. Una mujer con nicab, tapada de arriba abajo, hace todo tipo de maniobras para levantar el velo de la boca y lamer un helado. Bajamos hacia el Gòtic. En la calle del Portal Nou, una mujer con burka hace de cajera en una tienda que vende ropa musulmana. Continuamos por las Ramblas: una mujer con nicab, cargada con dos niños pequeños, anda detrás de un hombre que viste con ropa de verano. En menos de una hora de paseo, tres mujeres completamente tapadas, sin posibilidad de identificación, convertidas en espectros cerrados en una prisión textil, normalizan la presencia de la misoginia islámica en plena ciudad de Barcelona. Si la lupa se hace extensiva en un tiempo y espacio más amplios, el número de mujeres que ahora mismo viven en nuestro país, completamente anuladas por una ideología islámica que aprovecha la religión para practicar un dominio violento sobre las mujeres, es enorme, público y, a la vez, invisible.

¿Lo tenemos que normalizar? Es decir, ¿tenemos que considerar aceptable que se vulneren los derechos de las mujeres esforzadamente conquistados, en favor de un buenismo lastimoso que confunde el respeto a la sociedad plural con la importación de leyes medievales? ¿Tenemos que banalizar la ideología totalitaria que late bajo la imposición de este tipo de prisiones textiles que, con la excusa de la religión, intentan cambiar los valores nacidos con la Ilustración y culminados con la Carta de Derechos Humanos? ¿Es decir, tenemos que pervertir los derechos civiles de las democracias liberales, surgidos de la civilización moderna, en favor de un paternalismo etnicista que importa leyes de dominio? Y, más allá, ¿tenemos que callar ante este espectáculo público de misoginia, amparado en una idea enfermiza del multiculturalismo? Misoginia y seguridad, porque también forma parte del código de la democracia la identificación de los ciudadanos, y es evidente que los burkas, nicabs, etcétera, vulneran radicalmente esta lógica de reconocimiento.