No debería haber un estatuto de limitaciones en casos de terrorismo. Es por eso que el asesinato de 85 argentinos que estaban en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cuando fue bombardeada hace 23 años hoy debe servir como recordatorio serio de que incluso con el paso del tiempo, los responsables deben ser tenidos en cuenta.

Pero una vez más, Irán está tratando de absolverse de la responsabilidad por su papel en el ataque más mortífero contra el suelo argentino.

Cinco avisos de la Interpol, que piden cooperación internacional para arrestar y extraditar a los sospechosos por homicidio agravado en relación con el bombardeo de la AMIA, están en vigor contra sospechosos iraníes en el bombardeo. Mohsen Rezai era comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohsen Rabbani era el Agregado Cultural de Irán en Buenos Aires, Ahmad Vahidi era el Ministro de Defensa de Irán, Amhad Asghari era el tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina y Ali Fallahian era ministro de Inteligencia de Irán.

La semana pasada, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que Irán está «dispuesto a trabajar con Interpol para resolver una disputa» por el bombardeo de 1994 de la AMIA, un centro comunitario judío en Buenos Aires. Eso es análogo al voluntario que trabaja con la policía para encontrar la fuente del incendio.

El liderazgo de hoy de AMIA entiende el movimiento de Irán por lo que es: otra maniobra iraní dirigida a levantar los anuncios rojos de aquellos que han sido buscados por Interpol desde 2007.

Una declaración de la AMIA rechaza cualquier negociación con Irán: «La única cooperación formal [con Irán] que Argentina puede aceptar es la aparición de los buscados por la Interpol y del resto de los acusados ​​ante el Poder Judicial». El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, dijo que el gobierno iraní ha protegido al acusado y negado la evidencia presentada que vincula a los titulares de avisos rojos al ataque terrorista.

Alberto Nisman, fiscal del caso de 2004 a enero de 2015 y quien fue encontrado muerto en su apartamento el día antes de presentar al Congreso de la Argentina sus conclusiones de un plan para encubrir el papel de Irán en el bombardeo, había proporcionado a Interpol la evidencia del papel de los iraníes en el ataque.

Además de los enlaces de los cinco titulares de avisos rojos al bombardeo de la AMIA, varios se han relacionado con otros ataques terroristas.

Alemania mantiene una orden de arresto internacional contra Ali Fallahian en relación con el asesinato en 1992 de cuatro líderes de la oposición kurda en el restaurante Mykonos de Berlín. Después de un juicio que implicó al ex ministro de inteligencia de Irán en el ataque, 15 países europeos (más Australia y Nueva Zelanda) cortaron temporalmente los lazos diplomáticos con Teherán.

Según documentos judiciales de Estados Unidos, Mohsen Rabbani fue un contacto clave para los hombres que planeaban bombardear líneas de combustible en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York en 2007. Si no hubiera sido frustrado, el ataque podría haber sido más mortal que el 11 de septiembre. Los culpables, condenados por la trama, están cumpliendo penas de cadena perpetua en las cárceles estadounidenses. Rabbani continúa sus actividades nefastas destinadas a exportar la revolución de Irán en todo el hemisferio occidental.

La declaración de Araghchi no fue el único esfuerzo realizado por la República Islámica para liberarse de la culpabilidad en el bombardeo de 1994.

En 2013, Irán y el entonces gobierno argentino de Cristina Kirchner firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para «investigar» conjuntamente el bombardeo. Se consideró extensamente como un esquema para blanquear el papel de los portadores rojos del aviso y acusar a sospechosos imaginarios, según informes a cambio de términos comerciales favorables y quizás de otros incentivos. Un tribunal argentino consideró inconstitucional el memorando de entendimiento. El gobierno de Kirchner presentó una apelación, pero el nuevo gobierno argentino, encabezado por el presidente Mauricio Macri desde 2015, retiró el recurso de Kirchner, anulando de hecho la implementación del MOU. Es digno de mención que Irán no haya ratificado el memorando de entendimiento.

En 2013, la Interpol añadió una advertencia mitigadora a los avisos rojos después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Kirchner, Héctor Timerman, y su homólogo iraní, Ali Akbar Salehi, enviaron una carta a Interpol indicando que los dos países investigarían conjuntamente los cargos para resolver el asunto diplomáticamente. Esto fue requerido por el MOU y fue enviado antes de que el MOU fuera juzgado inconstitucional. No se ha producido nunca una «investigación conjunta».

Mientras que Interpol no podía eliminarlo en ese momento, la advertencia enviada a los aeropuertos de todo el mundo, en efecto, relajó las notificaciones rojas, facilitando a los sospechosos viajar internacionalmente.

Cuando el sistema fue conocido por el gobierno de Macri a principios de este año, protestó ante la Interpol, pero la organización policial internacional se negó a eliminar la advertencia.

El gobierno de Macri ha pedido a Interpol que mantenga los avisos rojos. Ya en mayo, el juez Federal Canicoba Corral solicitó oficialmente que se renovaran cuando estuvieran pendientes de revisión.

Interpol revisa avisos rojos cada 10 años y los avisos rojos de AMIA están listos para revisión en septiembre de 2017 en la reunión anual de Interpol en Pekín. Aquellos preocupados no solo por la tan esperada justicia en Argentina, sino también por el comportamiento maligno de Irán en sus propios patios, deben insistir en que Interpol no cederá a la presión de Irán para eliminar los avisos rojos de AMIA. Deben asegurarse de que estos avisos se renuevan y se apliquen estrictamente -sin mitigar las advertencias- de que Irán no sea tenido en cuenta por su papel en el asesinato de las 85 víctimas del atentado de la AMIA y se sientan libres de emprender futuros ataques similares con impunidad.

FUENTE: Long War Journal