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Argentina

Avión venezolano iraní: la Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo para que salgan del país 12 de 19 tripulantes

El tribunal también confirmó la decisión del juez Federico Villena de mantener el embargo del avión pedido por los Estados Unidos.

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Por Daniel Santoro

La Cámara Federal de La Plata ordenó definir en diez días la situación procesal de los ciudadanos venezolanos e iraníes que integraron la tripulación del avión venezolano-iraní de Emtrasur y confirmó el levantamiento de la prohibición de salida del país que benefició a algunos de los tripulantes. Es decir, seguirán en el país 7 de los 19, incluyendo a todos los iraníes.

Así no podrán salir del país los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras.

Ghasemi fue miembro de la fuerza Al Quds del régimen iraní y al avión fue usado para transportar tropas y equipos del Hezbollah del Líbano y de los talibanes de Afganistán a la guerra civil siria. El resto recibirá sus pasaportes y se podrán ir. La fiscal Cecilia Incardona había pedido que todo siguieran retenidos a la espera de la respuesta de exhortos enviados a varios países.

La retención del avión creó un conflicto diplomático con Venezuela e Irán, países que protestaron e incluso el primero insultó al presidente Alberto Fernández. Mientras que EE.UU. logró el embargo del Boeing 747 con vistas a su decomiso por haberse violado las leyes norteamericanas sobre exportaciones de aviones.

En fuentes oficiales consultadas por Clarín se sostuvo que el juez Villena «no podría cumplir con ese plazo de diez días» porque antes decidir si procesa a los siete que se quedan debe espera la respuesta de pedidos de cooperación judicial a Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y otros países. Ese plazo podría «obligar al juez a cerrar la causa, con una hipotético sobreseimiento, de imputados por supuestas acciones de espionaje o colaboración con el terrorismo internacional», advirtieron las fuentes.

Por otra parte, ese tribunal de alzada ordenó al juez de Lomas de Zamora Federico Villena realizar todas las medidas necesarias sobre el avión de Emtrasur de acuerdo con el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales que vincula a la República Argentina y los Estados Unidos de América.

La Sala III del Tribunal -integrada por los jueces Carlos A. Vallefín y Roberto Lemos Arias- ordenó al magistrado del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora que en un plazo de diez días de recibido el expediente deberá concluir “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas”.

La decisión tuvo lugar en la causa que se inició tras el arribo de un vuelo de la compañía aérea Emtrasur, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el pasado 6 de junio, y que motivó el comienzo de una investigación penal dirigida a despejar si las conductas desarrolladas por los tripulantes de la aeronave se encontraban aprehendidas por las normas penales vigentes en el país.

El Tribunal, en su resolución, expresó que “ni la República Bolivariana de Venezuela ni la República Islámica de Irán son parte de la investigación” sino que “se trata, en la definición del juez de primera instancia, de determinar si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, están financiando operaciones de terrorismo o bien son parte de un plan vinculado a una organización terrorista”.

En ese orden, los magistrados advirtieron que la causa ofrece “una singular complejidad” y que la República Argentina se encuentra sujeta a las obligaciones supranacionales orientadas a la prevención y lucha contra el terrorismo, concretamente establecidas por el “Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo” y la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”.

El Tribunal, de esa manera, subrayó que el expediente revela una “extraordinaria actividad de instrucción de más de un centenar de pruebas que el juez ha detallado en su resolución” y reparó en “las diligencias pendientes que por razones ajenas a las personas investigadas, al Ministerio Público y a su propia actuación, no han sido aún concluidas”.

Sobre ese punto, las obligaciones del Estado argentino de prevenir y reprimir actividades vinculadas al terrorismo internacionales y la complejidad de los hechos y de la prueba producida o a producirse ha gravitado en el desarrollo del debido proceso penal y derivaron en una demora superior a la habitual,se explicó en fuentes judiciales.

Pero tal situación también se encuentra limitada por obligaciones internacionales que imponen que “en ningún caso puede ser prolongada o indefinida».

Frente a ese cuadro, los jueces indicaron que “la continuación del trámite de esta causa tal como se encuentra documentado no puede continuar sin un límite temporal claro y así también lo solicita el propio Ministerio Público”.

Consecuentemente, fijaron al juez de primera instancia que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.

Finalmente, el Tribunal confirmó lo relativo al levantamiento de la prohibición de salida del país del otro conjunto de los tripulantes de la aeronave que había dispuesto el juez de primera instancia.

Por otra parte, la Sala III del Tribunal resolvió, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, aprobado por la ley 24.034, el cumplimiento de una serie de medidas sobre el avión de la compañía Emtrasur retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y que fueron solicitadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

La decisión tuvo lugar en el marco del expediente que se inició con el pedido de este último país sobre la aeronave retenida y sobre la cual se encuentra en marcha una investigación judicial penal en la República Argentina.

Fuente: Clarín

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Con la participación del presidente Javier Milei, la DAIA y el Museo del Holocausto conmemoran hoy el Día del Holocausto

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Agencia AJN.- La DAIA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires realizarán a las 18 hs. en el CCK (Sarmiento 151, CABA), su tradicional acto en conmemoración del Día del Holocausto y del Heroísmo, Iom Hashoá Vehagburá, con la dirección musical de Ángel Mahler y la presentación de la Orquesta General San Martín y el Coro Polifónico Nacional.

A 81 años del Levantamiento del Gueto de Varsovia y a 7 meses de la masacre perpetrada por Hamás en Israel, la ceremonia contará con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei, autoridades nacionales y provinciales, legisladores, intendentes, diplomáticos, jefes de las fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial, referentes de distintas confesiones, entre otros.

Anteriormente, el presidente Javier Milei visitó el Museo del Holocausto donde participó del acto en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a 79 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en el que ratificó que “la Argentina no silencia frente al terror de Hamas” y exigió “la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas”.

El 19 de abril de 1943 comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia después de que la policía y las tropas alemanas ingresaran para deportar a los habitantes sobrevivientes. Cientos de combatientes lucharon contra los alemanes a lo largo de un mes, dando inicio a este heroico levantamiento, que es considerado el gran acto de resistencia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

En este marco, y como realiza en todos sus actos, la DAIA refuerza ante la sociedad civil su misión de concientización, denuncia y rechazo al antisemitismo y a todo tipo de expresión de odio.

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Argentina. La Cámara Federal Casación llevó a cabo una capacitación para la “protección de la libertad de expresión y la no discriminación”

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Agencia AJN.- La Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante, junto a la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA), una capacitación sobre la “Protección del Ejercicio de la Libertad de Expresión y las Garantías de no Discriminación”

El encuentro se realizó en los tribunales de Comodoro Py y contó con la participación de distintos oradores especialistas en la materia.

La capacitación, apoyada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Centro Simón Wiesenthal, comenzó a las 14.30 en la Sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, con más de 200 asistentes presenciales y vía Zoom. Allí estuvieron los camaristas Carlos Mahiques y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah y Roberto Boico y el magistrado del TOFC 4 Néstor Costabel. También se sumaron diferentes líderes de organizaciones civiles, funcionarios judiciales, abogados, personal del ámbito de la Justicia y público en general.

El evento se inició con la presentación del juez Mariano Hernán Borinsky, titular del máximo tribunal penal del país, quien resaltó que este evento se trató del primer encuentro con la AAJRA organizado con la Cámara. Luego realizó un repaso por el escenario global, recordó que ayer se conmemoró un nuevo aniversario del holocausto e hizo mención a los atentados del grupo terrorista Hamas perpetrados el 7 de octubre de 2023.

A su vez, Borinsky enfatizó la “vital importancia” de la libertad de expresión para las democracias modernas, aunque también destacó la necesidad de seguir trabajando sobre la temática para evitar su libre uso para la proliferación de “discursos de odio” y “prácticas discriminatorias”.

A su término, tomó la palabra el presidente de la AAJRA, Hernán Najenson, quien brindó unas palabras de bienvenida e hizo entrega, junto al titular de la DAIA Jorge Knoblovits, de una placa de reconocimiento al camarista Borinsky -en representación de todos los jueces de la Casación- por haber adherido el pasado 12 de abril a la definición de “antisemitismo” aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). Dicha definición, a la que adhirió también el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, fue adoptada por el máximo tribunal penal federal a través de la Resolución N° 129/24 y en virtud de la invitación realizada por el Centro Simón Wiesenthal para América Latina.

Minutos después, la primera exposición estuvo a cargo de la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, quien disertó acerca de la colisión entre la libertad de expresión y la garantía de no discriminación. Para ello invocó jurisprudencia nacional e internacional y destacó puntos centrales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Luego expuso la Directora de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Valeria Thus, quien desarrolló el concepto del “negacionismo” desde la óptica de libertad de expresión y cómo puede transformarse ésta en una práctica discriminatoria para ciertos grupos vulnerables de la sociedad. Por último, Andrés Mexandeau, profesor de Garantías Constitucionales -entre otras materias- de la UBA, se explayó sobre la construcción de “la otredad” como base de la posterior negación de derechos individuales de personas pertenecientes a un grupo, como condición necesaria para la comisión de delitos y crímenes de odio.

Vale recordar que la AAJRA fue fundada en el año 2005, se encuentra integrada por abogados judíos de todo el país, cuenta con una mirada apartidaria y abierta a la diversidad de opiniones e ideologías, y está estructurada a partir del respeto y promoción de los valores del pueblo judío, del Estado de derecho, la igualdad de género y la preservación de la democracia y los derechos humanos.

La asociación, a su vez, integra la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos -IJL, por su siglas en inglés-, una entidad fundada en 1969 por el Premio Nobel de la Paz, René Cassin, autor de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y juez contencioso administrativo francés. De esa fundación participaron también los entonces presidentes de la Corte Suprema de Estados Unidos y de Israel, Arthur Goldberg y Haim Kohn, respectivamente.

En rigor, la IJL es una organización que cuenta con cientos de asociados en más de 30 países y tiene como propósito la lucha por los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la aplicación de la regla del debido proceso en todo el mundo. Se dedica, entre otros asuntos, a impulsar causas frente a casos de antisemitismo y antisionismo ante la Justicia. También ofrece colaboración profesional a instituciones de la comunidad judía argentina y asesora de manera gratuita a víctimas de violencia de género.

Fuente: Infobae

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