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Debate sobre la reforma judicial de Israel: ¿Es razonable el criterio de razonabilidad?

Este criterio permite al Tribunal Supremo de Justicia dictaminar que los asuntos administrativos sometidos a su consideración son extremadamente irrazonables y ordenar al poder público que ajuste su actuación administrativa a la razón.

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Los jueces del Tribunal Supremo de Israel se reúnen en Jerusalén. (Crédito de la foto: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Agencia AJN.- La reforma judicial de Israel puede ser un tema difícil de entender, ya que no se trata de una sola propuesta, sino de varias disposiciones. Algunas son más sencillas y directas, como el Comité de Selección Judicial o la cláusula de anulación. Pero otras, como el criterio de razonabilidad, son más complicadas.

El criterio de razonabilidad reapareció en el debate nacional del Estado judío en la última semana, cuando los medios de comunicación israelíes informaron de que la coalición de gobierno y la oposición habían llegado a un consenso al respecto. Según el informe, el criterio jurídico no se aplicaría al Gobierno en pleno, sino a las ramas administrativas y a los ministros. Esto incluiría los nombramientos para cargos ministeriales, que serían decisión administrativa del primer ministro y no de todo el gobierno.

El informe tuvo poca repercusión en el país, más allá de las ONG especializadas y los políticos israelíes, lo que demuestra que no se entiende bien. Sin una comprensión del tema, uno no puede saber si indignarse o tranquilizarse ante una noticia así. Por eso es importante explorar el contenido, la historia y la importancia del tema con expertos jurídicos israelíes que conversaron con The Jerusalem Post.

¿Qué es el criterio de razonabilidad?

La norma de la razonabilidad es la abreviatura de la «doctrina de lo irrazonable en extremo», explicó el director ejecutivo de Israel Law and Liberty Forum, Yonatan Green.

Por otro lado, según el Dr. Amir Fuchs, investigador principal del Instituto Israelí para la Democracia, se trata de un principio jurídico del derecho consuetudinario que se aplica a las decisiones administrativas del gobierno, del mismo modo que la revisión judicial se aplica a la legislación.

Fuchs describió al criterio de razonabilidad como una herramienta jurídica en la que «el tribunal debe preguntarse si un gobierno razonable, o un ministro razonable, o cualquier cosa razonable decidiría de la forma en que decidió el gobierno».

Con respecto a este criterio, el tribunal puede dictaminar que los asuntos administrativos sometidos a su consideración son extremadamente irrazonables y ordenar al poder público que ajuste su actuación administrativa a la razón.

Green señaló que la doctrina «significaba que el tribunal podía revisar o decidir en contra de cualquier acción gubernamental independientemente de su legalidad real, independientemente de si estaba autorizada».

Israel's High Court of Justice (credit: ISRAELTOURISM / WIKIMEDIA COMMONS)

Tribunal Superior de Justicia de Israel (crédito: ISRAELTOURISM / WIKIMEDIA COMMONS)

«Cualquier decisión gubernamental de cualquier tipo -desde las más altas decisiones gubernamentales como a quién nombrar en el gabinete o si ir a la guerra, hasta la decisión más minuciosa de un burócrata de la seguridad social o de algún funcionario de Hacienda- puede ser revisada por el tribunal. Es la norma más subjetiva que se pueda concebir», agregó Green.

Según Green, la razonabilidad está fuera de los motivos ordinarios de legalidad, en los que algo se hace de acuerdo con la ley o no.

Green concluyó que la doctrina es más bien una ponderación de diversos intereses y consideraciones. Si el gobierno aplica una política o acción, el tribunal puede decir que «el gobierno no sopesó correctamente las diversas consideraciones. El tribunal simplemente dice: ‘Creemos que la conclusión a la que llegaron es incorrecta y, por lo tanto, no es razonable'».

En relación a esto, Fuchs expresó que aunque en cierto modo el estándar puede percibirse como subjetivo -y entendía por qué algunos lo verían así-, «el veredicto no puede ser: ‘Creo que es una mala decisión’ o ‘No me gusta esta decisión'».

«Tiene que ser una sinrazón muy extrema, algo que nadie en su sano juicio decidiría. Pero, por supuesto, incluso si lo definimos así, siempre habrá desacuerdos sobre lo que es una irracionalidad extrema», añadió el investigador principal del Instituto Israelí para la Democracia.

Por su parte, el jurista jefe del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, Tomer Naor, afirmó que lo razonable es aplicar cuestiones que pueden no estar explícitamente prohibidas por la ley, pero que obviamente «no se hacen», como un asesino que quiere cobrar el seguro de vida de un familiar.

La norma no está escrita en ninguna ley, explicó Avi Bell, profesor de Derecho de la Universidad Bar-Ilan y de la Universidad de San Diego. «Es una doctrina creada por los jueces».

Es lo que se conoce como derecho consuetudinario, que se crea a través de las opiniones escritas de jueces y magistrados. La entrada de la razonabilidad en el derecho consuetudinario israelí fue objeto de acalorados debates: si la iteración actual es una nueva invención de un tribunal activista o un precedente heredado de los británicos.

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Primer ministro Netanyahu, en Yad Vashem: «Hamás se guía por los mismos objetivos que los nazis, pero ahora podemos defendernos»

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Agencia AJN.- Ocho décadas después del final del Holocausto, Israel se enfrenta de nuevo a un enemigo «despiadado y brutal» que busca su destrucción, declara el primer ministro Benjamin Netanyahu en la ceremonia oficial estatal de conmemoración de Yom Hashoah en Yad Vashem.

El atentado de Hamás del 7 de octubre «no fue un Holocausto, no por ausencia de intención de aniquilarnos, sino por ausencia de capacidad», afirma, insistiendo en que el grupo terrorista palestino tenía la «misma intención» de aniquilar al pueblo judío que los nazis.

«Los asesinos de Hamás se guían exactamente por el mismo objetivo», insiste, señalando que, a diferencia de lo que ocurrió durante el Holocausto, hoy Israel «tiene una fuerza que puede defenderlo».

Israel «completará la eliminación de las capacidades [de Hamás]» y liberará a los rehenes, promete.

«Nuestros enemigos cometieron un grave error. Pensaron que éramos una sociedad débil. Se equivocaron. A la hora de la verdad, nos mantuvimos hombro con hombro, llenos de determinación, resistencia y poder. Nuestra prueba es continuar y permanecer unidos hasta alcanzar la victoria, porque estos son días aciagos y esta es la única forma de garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.»

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Israel. El gobierno votó para cerrar el medio de noticias qatarí, Al Jazeera

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Agencia AJN.- El Consejo de Ministros de Israel votó el domingo por unanimidad el cierre de las operaciones del canal de noticias qatarí Al Yazira en Israel, casi seis meses después de haber anunciado por primera vez su intención de hacerlo por motivos de seguridad relacionados con la guerra entre Israel y Hamás.

La decisión, que requiere una nueva certificación cada 45 días, incluye el cese de las emisiones de Al Jazeera en árabe e inglés, el cierre de las oficinas de Al Jazeera en Israel, la incautación de los equipos utilizados para sus emisiones y la limitación del acceso a sus sitios web.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, firmó una orden ejecutiva poco después de que se aprobara la votación, por lo que entró en vigor inmediatamente.

Los vídeos del domingo por la tarde mostraban a las fuerzas del orden llegando a las oficinas de Al Jazeera en Jerusalén, en el Hotel Ambassador. HOT, uno de los principales proveedores de servicios de televisión de Israel, anunció que había interrumpido las emisiones de Al Yazira. Otro proveedor, YES, publicó el siguiente mensaje en el canal apagado: «De acuerdo con la decisión del gobierno, se han interrumpido las emisiones de la cadena Al Jazeera en Israel».

En una declaración conjunta tras la votación, Netanyahu afirmó que «los corresponsales de Al Yazira han perjudicado la seguridad de Israel y han incitado contra los soldados de las FDI. Ha llegado el momento de expulsar de nuestro país al portavoz de Hamás».

Karhi añadió: «Tomaremos medidas inmediatas contra quienes utilicen la libertad de prensa para atentar contra la seguridad de Israel y de los soldados de las FDI, e inciten al terrorismo en tiempo de guerra. No habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel».

Al Jazeera condenó la decisión, calificándola de «acción criminal».

«La supresión por Israel de la libertad de prensa para encubrir sus crímenes matando y deteniendo periodistas no nos ha disuadido de cumplir con nuestro deber», ha declarado.

El Gabinete de Seguridad Nacional de Israel tenía previsto celebrar la votación ya el jueves, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu la retrasó por temor a que no se aprobara. Según un portavoz del partido Unidad Nacional del ministro sin cartera Benny Gantz, esto se debió a que el jefe del Mossad, David Barnea, pidió al gobierno que lo retrasara unos días para evitar posibles ramificaciones diplomáticas negativas en relación con Qatar, mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un acuerdo de liberación de rehenes israelíes. La decisión requería la aprobación del Gabinete de Seguridad Nacional (CSN) del gobierno o del gabinete general, y Netanyahu optó por seguir adelante el domingo en el gabinete general.

Los tres ministros de Unidad Nacional no estuvieron presentes en la reunión y no participaron en la votación. El partido declaró en un comunicado que sus ministros «apoyan el cierre de las emisiones de Al Jazeera e incluso anunciaron que apoyarían su cierre en la reciente reunión del gabinete (de seguridad nacional)».

Sin embargo, «adelantar el tema esta mañana para someterlo a votación en la reunión del gobierno, es una decisión correcta pero en un momento terrible, que podría socavar los esfuerzos por agotar las negociaciones (del acuerdo sobre los rehenes), y obedece a consideraciones políticas», afirmó el partido.

Karhi contraatacó acusando a la centrista Unidad Nacional de actuar como una «quinta columna» dentro del gobierno. Según Karhi, la decisión recibió la «validación inequívoca» de todos los funcionarios de seguridad.

La decisión se basó en una ley que la Knesset (parlamento) de Israel aprobó el 2 de abril y que expira el 31 de julio. Por tanto, si el gobierno desea prolongar la prohibición de Al Jazeera más allá de esa fecha, deberá prorrogar la legislación. La ley en sí también se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia por parte de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) basado en su violación de la libertad de expresión, y el Estado tiene hasta el 15 de mayo para presentar su respuesta preliminar al tribunal.

Al comienzo de la guerra, el gobierno aprobó medidas ejecutivas de emergencia que le habrían permitido cerrar temporalmente Al Yazira. Estuvieron en vigor desde el 21 de octubre hasta el 20 de enero. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de aplicarlas durante ese periodo, al parecer debido a las posibles ramificaciones diplomáticas negativas relacionadas con Qatar.

La legislación aprobada en abril pretendía dar al gobierno una base jurídica más firme para actuar contra Al Jazeera. En su decisión del domingo, el Consejo de Ministros explicó que disponía de dictámenes clasificados del Shin Bet del 9 de abril, que consideraban a Al Jazeera una amenaza para la seguridad nacional. El IDF y el Mossad también proporcionaron dictámenes clasificados que apoyaban la limitación de las emisiones de Al Jazeera en Israel.

Según la ley, la decisión debe presentarse ante un presidente o vicepresidente del Tribunal Supremo regional en un plazo de 24 horas, que dispone entonces de tres días para decidir si modifica o no la decisión o limita la duración de la prohibición.

En su petición al Tribunal Superior de Justicia contra la ley, alegó que limitaba innecesariamente la libertad de expresión y era, por tanto, inconstitucional. La ACRI afirmó que, aunque no se podía discutir el hecho de que Al Yazira difundiera una narrativa «propalestina», esto no era motivo suficiente para cerrar la cadena. Además, la cadena ofrece contenidos de Estados árabes e incluye perspectivas árabes israelíes que han sido citadas en numerosas ocasiones en los principales medios de comunicación israelíes, lo que indica que su contenido se consideraba importante, añadió la ACRI. La ONG reconoció que Al Yazira había incluido contenidos que incitaban contra Israel. Sin embargo, la gravedad de esta incitación no era peor que la incitación contra los palestinos en los principales sitios web israelíes, argumentó la ACRI.

El jueves, la ACRI solicitó al tribunal que dictara una orden temporal que impidiera al gobierno decidir el cierre de Al Yazira hasta que se resolviera el caso. El tribunal denegó la petición y dijo que estudiaría la posibilidad de dictar una orden temporal tras recibir la posición preliminar del Estado.

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